En un análisis, el Icefi advierte que los cambios en las asignaciones que se establecieron en el dictamen favorable que la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso dio sobre el Presupuesto 2026, se hicieron sin un debido análisis, ni tampoco con una discusión y debate técnicos.

Una de esas alteraciones identificadas se estableció en el artículo 163, donde se establece un aporte extraordinario a los Codede por Q6 mil 312.1 millones, asegurando que la distribución geográfica de estos fondos no sigue criterios técnicos y que, incluso, podría obedecer a intereses de fines políticos partidarios. 

“El Icefi señala que insistir en estos aportes extraordinarios carentes de planificación y formulación adecuada de proyectos, desvirtúa la naturaleza y propósito del sistema jerárquico de consulta ciudadana de los consejos de desarrollo, al no tomar en cuenta las solicitudes recibidas en los consejos comunitarios, y elevadas luego a los consejos municipales, departamentales, regionales y finalmente al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural”, indicó el Icefi. 

Como consecuencias de realizar estos aportes sin el debido sustento técnico en la planificación y en los proyectos formulados con antelación, el Icefi señala que estos derivan en la repetición de un nivel de ejecución que es “extremadamente bajo”. 

“Estas omisiones abren espacios amplios para la corrupción y el abuso, falencia que se ve severamente agravada por las disposiciones del Decreto 7-2025 y del artículo 54 del Decreto 27-2025, en cuanto a que debilitan de manera inaceptable a las entidades responsables de emitir avales y autorizaciones a los proyectos presentados por los Codede”, señalaron. 

Según el Icefi, los aportes para los Codede en 2026, tomando en cuenta el aporte ordinario y los saldos no ejecutados en 2024 y 2025, serían de Q16 mil 641.3 millones, una asignación que supera, incluso, el presupuesto total asignado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Además, advirtió que siguiendo el ritmo actual, los Codede podrían tener recursos disponibles por hasta Q20 mil millones en 2027, año en el que se realizarán las próximas elecciones generales.

Pero el Icefi señala que los aportes a los Codede no son la única preocupación sobre el Presupuesto 2026, debido a que no existe análisis ni justificación técnica en las obras y proyectos de inversión pública en infraestructura introducidas en el artículo 121. 

Advierten por corrupción

Además, se cuestionó que existan aportes a organizaciones no gubernamentales y otras entidades que han sido señaladas de ser focos de corrupción. En el artículo 15, se establece una asignación de Q2 mil 462.1 millones destinadas a 158 entidades, la mayoría son no gubernamentales. 

“Sin menoscabo de las entidades que legítimamente puedan merecer y necesitar el apoyo financiero gubernamental, volver a esta práctica con un monto tan voluminoso, al margen de las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto y de la Ley de Contrataciones del Estado, abre otro espacio mayúsculo para el abuso y la corrupción en el presupuesto aprobado para 2026”, indica el Icefi. 

Este tanque de pensamiento señala que estas asignaciones se realizaron prácticamente manteniendo el mismo techo presupuestario respecto a la propuesta original presentada por el Ejecutivo, que se redujo únicamente en Q314.2 millones, lo que implica que se quitaron recursos a Ministerios, Secretarías y otras entidades del Estado. 

A criterio del Icefi, esto es una “anomalía” que traerá dificultades para el gobierno de Bernardo Arévalo, específicamente en la ejecución de los proyectos y planes que se le reconocieron como positivos en su propuesta presupuestaria original. 

“El volumen y la gravedad de estas anomalías plantea desafíos muy serios al Gobierno del presidente Arévalo para cumplir el mandato recibido de la ciudadanía, en cuanto a aumentar la transparencia y reducir la corrupción”, afirmaron. 

El Icefi añade que estos desafíos se suman a los que ya plantean los procesos de elección de autoridades en la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos, entre otros.