A cinco meses de haber iniciado operaciones, el ente encargado de vigilar los mercados y promover la libre competencia ha desembolsado Q4.6 millones en nómina, pese a que la institución todavía no cuenta con una sede propia, ni con un gerente administrativo y enfrenta cuestionamientos por salarios onerosos, contrataciones discrecionales y posibles conflictos de interés en el seno de su Directorio.