Según la información publicada por la FECI, las diligencias se desarrollan en el edificio central del Mides, ubicado en la zona 9 de la capital. El objetivo del allanamiento es recabar indicios para una investigación en curso, por la presunta falsificación de folios con sellos de la Contraloría.  Según la fiscalía, dichas hojas habrían sido utilizadas para realizar 28 compras de baja cuantía. 

El fiscal, Rafel Curruchiche, aseguró que las diligencias se efectúan en la sección de inventarios, de compras y cotizaciones. Así mismo, aseguró que tiene la sospecha de que con dichas compras se habría beneficiado a entidades que, según él, son “de cartón”. De manera extraoficial, dijo que algunas empresas podrían estar vinculadas a familiares de diputados.

“Nosotros venimos a secuestrar los expedientes para establecer montos, ¿A qué empresas se les compró?, y nos hemos encontrado que hay empresas que fueron creadas en el año 2024”, aseguró Curruchiche. 

El caso se conoció públicamente en mayo de este año, luego que la CGC entregó el informe anual de auditorías al Congreso y se presentara una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) en contra de Glendy Aracely Mazariegos Escobar, quien fungía como encargada de compras y eventos; y Vilma Esperanza Castillo Valdez, que era la subdirectora administrativa. 

Un informe de auditoría interna con fecha 7 de marzo explica que se detectaron 50 hojas numeradas del 5001 al 5050. Las mismas tenían estampado el sello de la Contraloría; sin embargo, no estaban autorizadas por el ente contralor. A pesar de eso, las hojas habrían sido utilizadas para realizar compras durante el 2024, las cuales ascienden a Q 469 mil 641.59. 

Entre los bienes y servicios que fueron contratados se incluyen mantenimientos a vehículos, frascos de cremora para consumo del personal, servicios de herrería para comedores sociales, entre otros. 

Mides señala a trabajadores de administraciones anteriores

La oficina de prensa del Ministerio aseguró que las diligencias efectuadas este miércoles por el MP se derivan de una denuncia penal que la cartera presentó el pasado 9 de enero tras “detectarse discrepancias en el registro de actas del Departamento de Compras de la Unidad Ejecutora”. 

Indican que las irregularidades que fueron detectadas por la Contraloría habrían sido cometidas por personal que estaba contratado desde administraciones anteriores y que en la actualidad ya no desempeñan un cargo público en la dependencia. 

Finalizados los allanamientos, la viceministra Vilma Fernández brindó declaraciones a la prensa. «Rechazamos categóricamente la estrategia del Ministerio Público, que en lugar de perseguir a los denunciados, criminaliza a los denunciantes como lo quieren intentar en esta ocasión con el Ministerio de Desarrollo Social», refirió Fernández.