La aceptación de cargos se dio dentro del desarrollo de la etapa intermedia en el proceso que se desarrollaba contra Martínez, quien fue detenida en junio de este año y que dirige el Sindicato de Trabajadores, Acciones y Revolución del Tribunal Supremo Electoral (STAR-TSE).
Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público (MP) por medio de la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Leonor Morales, señaló que Martínez abusó de su cargo al obligar a trabajadores del TSE a afiliarse al sindicato bajo amenaza de sanciones y con prohibirles comunicarse con miembros de otro sindicato que había denunciado a la magistrada Blanca Alfaro.
Además, se le acusó por ordenar ilegalmente el retiro de un aire acondicionado de una oficina del TSE, a pesar de que no tenía autoridad para ello.
Morales también señaló a Martínez por supuestamente negociar con diputados para que personas fueran electas como magistrados del TSE, lo cual fue negado por la acusada.
Tras manifestar su deseo de someterse al procedimiento de aceptación de cargos, el querellante en el caso, Fernando Linares Beltranena, pidió que Martínez realizara una disculpa pública por su actuar como medida de reparación, petición que fue realizada.
“Pido perdón al pueblo de Guatemala por mi actuar y por mí manera de expresarme”, dijo Martínez, quien al momento de su detención dijo que era una represalia, ya que había sido testigo protegido en el caso, aunque después negó que así fuera.
Posteriormente, el juez Fredy Orellana dictó la sentencia en su contra al determinarse que fue autora responsable del delito de abuso de autoridad de forma continuada, por lo que se le impuso la pena mínima de tres años de prisión conmutables a razón de Q5 diarios.
Al haber aceptado cargos, se aplican los beneficios que establece la ley, por lo que la condena quedó en dos años de prisión conmutables a razón de Q5 diarios.
Debido a que las circunstancias lo hacen aconsejable, Orellana indicó que de conformidad con el Código Penal, se le aplicó una suspensión condicional de la pena por un plazo de dos años y que al finalizar ese periodo se considerará extinguida la responsabilidad penal.
La fiscal Morales indicó que esta es la octava condena emitida dentro del caso “Corrupción Semilla” y la primera que se emite contra una trabajadora actual del TSE.
