La desaparición de registros académicos de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) se convirtió este martes en un nuevo foco de cuestionamientos contra la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Esto luego de que el diputado José Chic señalara que la institución no ha declarado la vulneración de derechos humanos que, a su criterio, sufren los afectados al impedirles continuar sus estudios.
El congresista citó a autoridades de la Usac, de la PDH y de la Policía Nacional Civil (PNC) para conocer las acciones emprendidas ante las denuncias de estudiantes que reportan la desaparición de sus registros académicos, situación que les impide asignarse cursos y continuar su formación universitaria.
No obstante, las autoridades del Departamento de Registro y Estadística de la Usac se excusaron de asistir a la citación. Tampoco compareció el procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, por lo que la reunión se desarrolló únicamente con delegados de la PDH y el director general de la PNC, David Boteo.
Durante la citación, Chic cuestionó la respuesta de la PDH desde que se conocieron las denuncias. “Nunca está en nada”, afirmó el diputado al referirse a la ausencia de Córdova y a la falta de acciones públicas de la institución.
Yesenia Chen, subdirectora de la PDH, informó que la entidad ha recibido denuncias de estudiantes que aseguran que sus registros académicos fueron eliminados y que han solicitado acompañamiento institucional. Indicó que hasta el momento existen tres expedientes de acompañamiento para la presentación de memoriales en la sede central de la Usac y que diez estudiantes se han acercado a denunciar su situación.
Asimismo, explicó que la PDH ya abrió un expediente de investigación y que solicitará un informe al Departamento de Registro y Estadística de la universidad para establecer lo ocurrido.
Piden declarar vulneración de derechos humanos
Para Chic, la actuación de la PDH ha sido insuficiente, ya que considera que la institución debe reconocer de inmediato que existe una vulneración al derecho a la educación de los estudiantes afectados.
“El problema es que le están truncando la vida a la gente. Los hicieron perder un semestre y en algunos casos un año; la declaratoria de vulneración de derechos debe ser inmediata, porque si les resuelven hasta agosto o septiembre, ya habrán perdido la oportunidad de cerrar pensum este año”, afirmó.
El legislador sostuvo que, además de una posible responsabilidad penal por la eliminación de registros, corresponde a la PDH emitir una declaratoria sobre la violación de derechos humanos.
“Además de los delitos, es importante la declaratoria de la violación de derechos humanos”, expresó.
Como ejemplo, mencionó el caso de un estudiante de una unidad académica con aproximadamente 15 mil alumnos, quien habría sido el único al que se le eliminaron sus registros, situación que atribuyó a decisiones de las autoridades universitarias.
Señalan un patrón en los casos
Chic aseguró que existe un patrón entre los estudiantes afectados, pues, según dijo, la mayoría participó en procesos electorales universitarios como candidatos a electores, representantes estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario (CSU) o respaldó determinadas planillas.
“O fue candidato a elector, o fue representante estudiantil ante el CSU, aunque no le hayan dado posesión, o apoyó a determinada planilla”, indicó.
Añadió que la legislación universitaria no contempla la eliminación de registros académicos, incluso en casos de expulsión, por lo que calificó el hecho como una irregularidad.
También rechazó la explicación de la Usac, que atribuye el problema a la pérdida de expedientes durante la toma del campus central entre 2022 y 2023, al señalar que existen estudiantes afectados que ni siquiera estaban inscritos en ese período.
“Hay un patrón de criminalización y de persecución; el borrado de datos no se puede hacer por sí solo y no hay procesos de expulsión”, sostuvo.
Chic también leyó un documento remitido por Bryan Fuentes, director de Registro y Estadística de la Usac, en el que se informa que se realizan acciones administrativas para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes afectados. A criterio del diputado, ese oficio constituye un reconocimiento de que existe una problemática atribuible a la propia universidad.
Cuestionan inacción del procurador
Durante la citación, Chen afirmó que el procurador Alejandro Córdova tiene conocimiento del caso. Sin embargo, Chic criticó que el magistrado de conciencia no haya emitido un pronunciamiento público ni promovido acciones legales, como un amparo.
“El procurador no quiso meterse al tema del debilitamiento institucional con los fraudes, pero hoy tampoco quiere hacer nada”, expresó.
El diputado también preguntó cuántas veces Córdova había acudido personalmente a la Usac por este tema. Chen respondió que el procurador no ha asistido debido a que mantiene “una agenda bastante extensa”.
Además, Chic reprochó que el titular de la PDH tampoco haya publicado mensajes sobre la situación en sus redes sociales.
PNC justifica presencia en la Usac
En la misma citación, el director general de la PNC, David Boteo, justificó la presencia de agentes en los ingresos del campus central de la Usac con base en un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad el 30 de junio, un día antes de que Walter Mazariegos asumiera su cuestionado segundo mandato como rector.
Boteo agregó que posteriormente recibieron un requerimiento de la Corte Suprema de Justicia relacionado con otro amparo, mediante el cual se solicitó información sobre las actuaciones de la PNC respecto a la seguridad perimetral en el campus.
Por su parte, Chic cuestionó el despliegue policial alrededor de la universidad al considerar que la cantidad de agentes destinados a ese lugar afecta las labores de seguridad ciudadana en otros sectores.
