Con esta acción, se busca que se le levante la inmunidad al juez Bremer y sea investigado por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, retardo malicioso y denegación de justicia, en los cuales habría incurrido cuando conoció el caso en contra de González.
González señaló que esta acción se deriva de la declaración emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, en la que se señala que su detención y todo lo relacionado al proceso en su contra debe ser investigado.
“Esto es parte de una acción más para demostrar que el proceso penal en mi contra fue un tema de criminalización”, afirmó González.
La abogada señaló que esta acción legal la está presentando a título personal y que se están aportando medios de investigación relacionados a su caso y mencionó que otras personas que fueron afectadas por resoluciones del juez Bremer deberán aportar sus propios medios de investigación.
González señaló que se parte del hecho de que ella no fue funcionaria pública, por lo que no se le podría sindicar por abuso de autoridad. Además, dijo que otros medios de investigación son la reserva de las actuaciones, así como los atrasos que se dieron en el proceso.
González enfrenta un proceso penal por el delito de abuso de autoridad, derivado de su actuación en 2017 en el caso contra la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.
Este caso se originó luego de que González solicitó el retiro de la inmunidad contra Stalling por abuso de autoridad, debido a que presuntamente intentó influir en el juez Carlos Ruano para favorecer a su hijo, Otto Molina Stalling, procesado en el caso IGSS-Pisa.
El caso contra González sigue abierto y el inicio del juicio fue aplazado hasta el 12 de mayo de 2027. El debate debía comenzar el 5 de mayo de 2026, pero fue suspendido debido a la ausencia del Ministerio Público (MP) y a una apelación pendiente relacionada con la participación del hijo de la fallecida exmagistrada Stalling como querellante.
