El juicio actual, iniciado el 28 de enero de 2025, es resultado de una orden de la Sala Primera de Mayor Riesgo, que en 2022 revocó un sobreseimiento anterior y ordenó llevar a juicio a otros tres expatrulleros señalados por las sobrevivientes. El proceso fue retomado por el Tribunal de Mayor Riesgo B en julio de 2023.

En enero de 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó a cinco expatrulleros de defensa civil a 30 años de prisión por delitos cometidos contra las mismas víctimas.

Los testimonios de las mujeres, respaldados por peritajes antropológicos, psicológicos y documentales, demostraron que los acusados, en complicidad con el Ejército guatemalteco, perpetraron violaciones sexuales sistemáticas, esclavitud sexual y trabajos forzados como parte de la estrategia contrainsurgente durante el conflicto armado interno. Estas agresiones, que incluyeron violaciones a mujeres embarazadas y a una niña de 12 años, provocaron daños psicológicos, sociales y culturales profundos, afectando a la ciudadanía maya achí.

El tribunal otorgó “pleno valor probatorio” a las declaraciones de las víctimas, reconociendo la violencia sexual como un arma de guerra destinada a someter a la población indígena y fracturar sus comunidades.

Tras la lectura del fallo, frente al Organismo Judicial, Melissa González, psicóloga del Bufete Jurídico Popular de Rabinal, destacó el valor simbólico y emocional de la sentencia para las sobrevivientes. “El día de hoy dejan esos sentimientos a un lado y se van a dedicar a vivir sus años con paz, con tranquilidad, sabiendo que un Tribunal de Mayor Riesgo determinó que ellas definitivamente no fueron las responsables, no fueron culpables como muchas personas lo señalan”, dijo.

González subrayó que la sentencia representa una liberación emocional luego de décadas de cargar con miedo, culpa y vergüenza. Además, enfatizó que la justicia debe ser acompañada por una reparación integral. “Es importante también tomar en cuenta el tema de reparación, una reparación que realmente sea digna, que realmente sea transformadora y que realmente pueda ser significativa para las víctimas”.

Desde la misma plaza, la abogada Haydeé Valley, del Bufete Popular de Rabinal, celebró la resolución. “Es una sentencia que celebramos porque reconoce los testimonios de las sobrevivientes, que lo dicho por ellas es importante y tiene un valor relevante que fue reconocido como prueba durante el debate”, expresó.

Valley recordó que el fallo también reconoce la responsabilidad del Estado por la violencia sexual ocurrida en Rabinal y afirmó que esta responsabilidad debe ser deducida en futuras acciones legales.

La abogada Lucía Xiloj también destacó que la decisión de las juezas reconoce la verdad de las mujeres achí y su lucha por la justicia. “Es un paso para que nunca más se use la violencia sexual como arma de guerra”, dijo. Sin embargo, las sobrevivientes lamentaron que siete de las 36 denunciantes fallecieran sin ver un proceso concluido y, además, que las 12 medidas de reparación ordenadas en el primer juicio de 2022 aún no se hayan cumplido.

Las mujeres achí, acompañadas por colectivas como las mujeres ixiles, realizaron una ceremonia maya frente a la Corte Suprema de Justicia para invocar fortaleza en su lucha contra la impunidad.

La sentencia incluye medidas de reparación como indemnizaciones, rehabilitación psicosocial y garantías de no repetición. Las víctimas y sus representantes exigen al Estado cumplir con estas obligaciones y procesar a los mandos militares responsables. Este fallo se une a los precedentes del caso Sepur Zarco (2016) y del primer juicio achí (2022), que evidencian los hechos de violencia sexual como crimen de lesa humanidad en Guatemala.