La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo declaró sin lugar una recusación planteada contra la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, por lo que la juzgadora continuará al frente del proceso por el caso Creompaz. Este proceso se originó por el hallazgo de osamentas de víctimas del conflicto armado interno.
El Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos Cruz e integrado por las juezas Missulla Eunice Solís Rodas y Marling Mayela González Arrivillaga, condenó a Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Félix Tum Ramírez, exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), a 40 años de prisión inconmutables por delitos de violencia sexual y crímenes contra los deberes de la humanidad. Estos hechos fueron cometidos contra seis de 36 mujeres mayas achí en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, entre los años de 1981 y 1985.
La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo accedió a revisar las medidas de coerción en contra del coronel retirado Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, condenado en el Caso Molina Theissen, por lo que ahora podrá recuperar su libertad.
La vicepresidenta Karin Herrera emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que piden a las autoridades que están a cargo de su seguridad que se deduzcan responsabilidad por el ingreso de militares al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo declaró con lugar una solicitud de asistencia para la debida ejecutoria planteada por uno de los militares señalados en el caso Creompaz y certificó lo conducente para que el Ministerio Público (MP) inicie una investigación contra la jueza Claudette Domínguez.
Un grupo de abogados presentó este día una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la resolución emitida por la Sala de Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, que anuló todo lo actuado en el caso Creompaz y que ordenó la liberación de los señalados.
Los magistrados de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo otorgaron libertad a implicados en el caso y también anularon todo el proceso penal y ordenaron reiniciar la investigación, si el Ministerio Público (MP) así lo considera.
Tras una jornada de bloqueos a nivel nacional por los veteranos militares exigiendo los tres pagos que fueron aprobados por el Congreso de la República a través de la Ley Temporal de Desarrollo Integral, sin embargo, no lograron acuerdos con el gobierno de Bernardo Arévalo tras una reunión que sostuvieron a puerta cerrada.
