Durante la audiencia ante el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, el MP expuso que Campo, cuando fungía como jefe de la Fiscalía Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, junto a los exfiscales auxiliares Gonzalo Rafael Chilel y Faustino Flores no supervisaron adecuadamente las actuaciones de la auxiliar fiscal Eugenia del Rocío Velásquez Ramos. 

Velásquez Ramos ha sido una de las testigos en este caso y Campo la señala como la responsable de no seguir sus instrucciones e inducir a que se iniciara el proceso en su contra. 

Según el MP, esta falta de control permitió que se imputara erróneamente a María Bárbara Andrés Hernández de López, quien no era la persona investigada originalmente en el caso. 

La acusación señala que hubo un cruce de información entre nombres similares y que ninguno de los tres sindicados detectó el error ni tomaron acciones para corregirlo. 

Además, se indicó que tras el traslado de la auxiliar fiscal en marzo de 2022, la investigación quedó estancada y sin avances sustanciales debido a la falta de seguimiento.

Para el MP, la responsabilidad del error y la omisión recae en los exfiscales por no cumplir con sus funciones de coordinación y supervisión en el desarrollo del caso.

Campo refuta pedido del MP 

En sus conclusiones, Campo aseguró que el MP no logró acreditar que existiera un dolo, ya que cuando informaron del error en la consignación del nombre, acudió al juez contralor para solicitar la falta de mérito a favor de la persona que había sido capturada erróneamente. 

“En mi calidad de fiscal de sección contra el tráfico ilícito de migrantes, deseo acotar que jamás tuve la intención de causar un daño a la señora María Bárbara Andrés Hernández de López”, dijo Campo. 

El exfiscal señaló que tras acudir con el juez contralor para hacerle saber de la situación, la persona fue liberada de manera inmediata. 

Este caso está vinculado a una supuesta red de tráfico ilícito de personas y lavado de dinero, que era investigada cuando Campo era fiscal.