El acto de graduación se realizó en el parque Erick Barrondo y fue encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, junto al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; el viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano, y el director general del SP, Jorge López Dellachiessa.

Según la institución, la incorporación de esta nueva promoción busca fortalecer el control y la disciplina dentro de las cárceles, así como romper con las malas prácticas del pasado.

La graduación se produce en un contexto de denuncias por presuntos cobros ilegales dentro de los centros carcelarios. El 2 de junio de 2026, durante una citación en el Congreso, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura informó que había recibido 178 denuncias relacionadas con estos cobros. 

De acuerdo con lo expuesto en esa reunión, las cantidades exigidas oscilaban entre Q5 mil y Q45 mil, según cada caso.

Por su parte, el director del SP, informó en ese entonces que la institución había recibido denuncias contra cuatro guardias y señaló que, según sus datos, el 90 por ciento de los cobros se producía entre los propios privados de libertad. Como parte de las medidas adoptadas, indicó que 30 reclusos habían sido aislados y otros siete trasladados.