El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) advirtió que el proyecto de presupuesto del Estado para 2027 incrementa los gastos de funcionamiento en detrimento de la inversión pública y contempla un mayor endeudamiento, con un déficit fiscal que sería el segundo más alto desde 2004, únicamente superado por el registrado durante la pandemia de Covid-19.

Durante la presentación de su análisis “Alerta Presupuesto”, el investigador asociado del CIEN y experto en materia presupuestaria, Jorge Lavarreda, señaló que la propuesta de Q192 mil 045.1 millones contraviene las metas planteadas en el Plan de Gobierno 2024-2028 del Movimiento Semilla, particularmente en lo relacionado con la reducción de la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el análisis, el proyecto elevaría el saldo de la deuda pública al 29.4 por ciento del PIB, por encima del 26.8 por ciento que el Gobierno ofreció alcanzar al finalizar 2027. Además, el déficit fiscal previsto sería equivalente al 4.43 por ciento del PIB, frente al 4.91 por ciento registrado en 2020, durante la emergencia sanitaria.

Lavarreda también alertó que una parte de los recursos destinados a transferencias corrientes y de capital se financiaría mediante deuda pública. De los Q78 mil 992.9 millones contemplados para estos rubros, equivalentes al 41.1 por ciento del presupuesto propuesto, Q22 mil 799.7 millones provendrían de endeudamiento.

Inversión a la baja

El investigador indicó que el proyecto incrementa los gastos de funcionamiento del 10.7 por ciento del PIB, registrado en el presupuesto vigente de 2026, al 11.8 por ciento en 2027. En contraste, la inversión pública bajaría del 3.8 al 3.5 por ciento del PIB.

El CIEN señaló que el gasto en desarrollo humano representa el 45.5 por ciento del gasto de funcionamiento. Dentro de este último rubro, el pago de recurso humano abarcaría el 45.3 por ciento, mientras que la adquisición de bienes y servicios representaría el 23.3 por ciento.

Lavarreda destacó que el gasto en recurso humano explica alrededor del 29 por ciento del incremento neto de los gastos de funcionamiento al comparar el período 2004-2007 con el proyecto presupuestario de 2027.

El experto también cuestionó que se contemple financiar con deuda gastos de funcionamiento, incluidos salarios, y señaló que algunas asignaciones carecen de suficiente respaldo técnico o de información que permita evaluar su contribución a los resultados de las políticas públicas.

El análisis del CIEN identifica a las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro y los servicios de la deuda pública entre los principales componentes del presupuesto, que en conjunto representarían el 51.4 por ciento del proyecto para 2027.

Las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro incluyen transferencias de recursos a otros niveles de gobierno y entidades descentralizadas. Por su parte, el servicio de la deuda comprende los compromisos financieros derivados del endeudamiento estatal.

De acuerdo con Lavarreda, el presupuesto mantiene prioridades similares a las observadas entre 2012 y 2025, con asignaciones relevantes para educación y deuda pública, sin variaciones sustanciales en la distribución general de los recursos.

El investigador también señaló que el Ministerio de Comunicaciones tendría una de las menores participaciones presupuestarias desde 2004.

Asignación a los Codede

Otro de los puntos señalados por el CIEN es la asignación de Q4 mil 582.3 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codede), que tendrían a su cargo 2 mil 732 obras durante 2027.

Según el análisis, el 99.6 por ciento de esos proyectos correspondería a inversiones con un costo máximo de Q10 millones, con un promedio de Q1.68 millones por obra.

Lavarreda advirtió sobre la capacidad de ejecución de estos consejos y recordó que, hasta agosto de 2026, solo se había ejecutado el 3.2 por ciento de un aporte extraordinario previo de Q6 mil 312.1 millones.

Además, señaló que el artículo 105 del proyecto incorpora otros Q1,200 millones para los Codede sin una evaluación ni priorización de las obras que recibirían los recursos. A criterio del CIEN, esto aumenta el riesgo de financiar proyectos de baja calidad o sin suficiente rentabilidad social.

En ese sentido, se pidió revisar las asignaciones especiales y los aportes extraordinarios a los consejos departamentales, debido a que 2027 será un año electoral y existe el riesgo de que los recursos públicos se utilicen con fines políticos.

Llamado a revisar el presupuesto

El CIEN recomendó a la Comisión de Finanzas del Congreso emitir un dictamen basado en criterios técnicos y en cumplimiento de la Ley Orgánica del Presupuesto. También pidió evitar asignaciones sin justificación, transparentar el rubro de «otros impuestos» y no recurrir a más deuda para financiar deuda pública.

Se insistió en que las obras deben contar con opinión técnica de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), y que las asignaciones presupuestarias deben permitir evaluar resultados.

Para Lavarreda, el proyecto mantiene gastos de funcionamiento elevados, reduce la participación de la inversión y contempla recursos cuya justificación técnica resulta insuficiente para determinar su impacto en la calidad de vida de la población.

El análisis del CIEN plantea que la discusión presupuestaria debe priorizar la calidad del gasto, la sostenibilidad de la deuda y la transparencia en la asignación de fondos, especialmente ante el próximo año electoral.