Porras concluye este sábado su segundo mandato como jefa del MP, luego de que en 2022 fue reelecta en el cargo luego de un fallo de la Corte de Constitucionalidad que obligó a los integrantes de la Comisión de Postulación a votar por ella, al obtener la nota más alta de conformidad con la tabla de gradación.
En el acto estuvieron presentes de forma virtual representantes de entidades como el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Instituto de la Víctima y el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado.
En su discurso, Porras aseguró que sirvieron a la ciudadanía con “dignidad, con responsabilidad, compromiso y profesionalismo”, además de “forma honesta, apegada al cumplimiento de las leyes del país”.
“Este acto marca el cierre de un ciclo institucional de ocho años de servicio al pueblo de Guatemala, ocho años en los que con determinación y convicción avanzamos en el fortalecimiento de la institucionalidad y en el cumplimiento estricto de nuestro mandato constitucional y legal”, dijo.
Según Porras, los resultados contenidos en el informe son “reales, comprobables, medibles y verificables”, los cuales aseguraron que “tuvieron un impacto directo” en la ciudadanía.
Porras dijo que “algunos” han pretendido desacreditar su trabajo al frente del MP “con narrativas desinformadoras” y aseguró que se modernizó a la institución.
Sobre la mora fiscal, señala que los 1 millón 266 mil casos recibidos, lograron resolver el 99.98 por ciento y aseguró que de 3 millones 694 mil denuncias recibidas, cerca del 98 por ciento fueron resueltas.
Se trata del último informe del MP bajo la gestión de Consuelo Porras, previo a que asuma Gabriel García Luna como el nuevo jefe del ente investigador, tras ser nombrado por el presidente Bernardo Arévalo.
Resultados en duda
En 2025, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP) de Argentina, realizó un estudio sobre el desempeño del MP durante las dos gestiones de Porras. En este, evidencia retrocesos en la resolución de delitos de alto impacto, también revela un patrón sistemático de criminalización contra operadores de justicia, periodistas y líderes sociales.
Además, se señala que a pesar de un aumento significativo en el presupuesto del MP durante esos años, la tasa de eficacia se redujo de 14.03 por ciento a 6.44 por ciento, lo que significa que más del 93 por ciento de los casos penales no obtuvieron una respuesta de calidad.
Se resaltó que los delitos de alto impacto social, como homicidios, femicidios, violaciones, corrupción y crimen organizado, la eficacia promedio apenas alcanza el 6.31 por ciento, lo que a criterio del Inecip representa un alto índice de impunidad.
Por otro lado, la Convergencia de los Derechos Humanos también emitió un informe en 2025, en el cual se calificó a el trabajo de Porras en el MP como “caro, ineficiente y corrupto”, señalaron que al menos el 87 por ciento de las denuncias fueron desestimadas o archivadas.
Además, Porras deja el MP como la funcionaria del sistema de justicia de Guatemala más sancionada a nivel internacional. Recibió sanciones de al menos 44 países y tres organismos internacionales.
La Unión Europea, Suiza, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Colombia dirigieron sus sanciones en contra de Porras. En el caso de Estados Unidos, fue incluida en la lista de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado, conocida como Lista Engel.
Restricción a la prensa
Durante la presentación del informe, la seguridad del MP restringió el acceso de algunos periodistas. Además, el MP convocó tarde para que los medios pudieran presenciar el acto de forma virtual.
Fue hasta la intervención del diputado José Chic que se permitió el ingreso de algunos periodistas que estaban a la espera de que se les permitiera el ingreso para presenciar el acto.
