_{Foto: Carlos Alonzo}

Los dos líderes indígenas fueron actores clave en el Paro Nacional que defendió el proceso electoral y permitió la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024. Frente a su detención, el gobierno ha respondido con diferentes acciones.

El lunes reciente, el mandatario, respaldado por autoridades indígenas de distintos territorios, anunció que en conjunto presentaron un amparo contra la fiscal Consuelo Porras. Esto como denuncia de la arbitrariedad en catalogar como terrorismo las protestas de los pueblos originarios. Según Arévalo, estos hechos constituyen una agresión directa contra los pueblos originarios y contra la democracia misma.

El 23 de abril, el presidente calificó al Ministerio Público (MP), encabezado por Porras, como una “gavilla de criminales” y afirmó que estas órdenes de captura son “un ataque contra la democracia” y con las cuales se busca criminalizar a los pueblos indígenas que se movilizaron pacíficamente para evitar el fraude electoral. 

Pero analistas advierten una carencia profunda en la respuesta estatal.

“El gobierno no termina de tomarse en serio la importancia de la articulación popular con la población”, afirma Gabriel Wer, sociólogo y defensor de derechos humanos. Para el analista, el Ejecutivo ha sido claro en señalar al MP como el centro del problema, algo que la mayoría de sectores también afirman, pero ha descuidado la movilización social que puede respaldarlo.

 “Así como se empeña en mantener las relaciones con Estados Unidos, debería empeñarse dos veces más en articular esas fuerzas populares con la población desde los distintos territorios”, sostiene Wer. Agrega que lo que va a mantener a este gobierno a flote y finalmente va a hacer que haya un cambio en el MP es la fuerza de las calles, de los territorios y de las organizaciones. “Y el gobierno parece que no se la cree todavía”.

Otra de las acciones tomadas por el gobierno en las últimas semanas es su cercanía con el gobierno de Estados Unidos.  El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, visitó a Luis Pacheco en la carceleta de la Torre de Tribunales y expresó públicamente su respaldo. “Nos ha afectado en el Ministerio su ausencia, pero esperamos que él salga adelante”, dijo y afirmó que asumirá temporalmente las funciones de Pacheco como viceministro. 

También, el canciller Carlos Ramiro Martínez se reunió con el subsecretario adjunto del Departamento de Estado, Christopher Landau, quien reiteró el apoyo estadounidense al presidente guatemalteco. 

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, sostuvo un encuentro con Scott Rembrandt, subsecretario del Tesoro para la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Crímenes Financieros de los Estados Unidos. Esto para “fortalecer la cooperación en transparencia fiscal, lucha contra la corrupción y combate al lavado de dinero”.

El internacionalista Roberto Wagner considera que las recientes reuniones del canciller y del ministro de Finanzas con altos funcionarios estadounidenses confirman que Guatemala es la principal apuesta de Estados Unidos en Centroamérica. Esto no solo por su tamaño y peso regional, sino porque, a diferencia de países vecinos, mantiene una agenda, aunque frágil, orientada a la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia. 

A ello se suma el reconocimiento diplomático a Taiwán, que le da a Guatemala un margen de maniobra especial en su relación con Washington, en contraste con países que han estrechado vínculos con China. 

Wagner recuerda que en febrero, durante su visita, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, no vino “a regañar”, sino más bien a dar un espaldarazo. Añade que incluso después de un mes difícil como marzo, marcado por bloqueos y desgaste político, ese apoyo se ha mantenido.

Sin embargo, Wagner advierte que esto no será incondicional. Aunque Estados Unidos reconoce la legitimidad de Arévalo y le brinda respaldo político, también espera que el gobierno asuma con claridad su responsabilidad. “No van a hacerle el trabajo al gobierno”, afirma, y señala que es el Ejecutivo quien debe ejecutar su mandato, tanto en lo administrativo como en lo político. 

Para el analista, el dilema es que el gobierno aún no ha logrado convocar a los sectores sociales para enfrentar con decisión a lo que llama una “gavilla criminal”. Sostiene que actores que buscan recuperar un sistema clientelar corrupto están jugando a entorpecer la labor del gobierno, y que si bien Washington apoya, ha dejado claro que no se involucraría directamente en resolver conflictos internos que competen a las autoridades guatemaltecas.

Luis Mack, politólogo y académico, coincide en que la respuesta del gobierno ha sido puramente discursiva. A su juicio, la administración Arévalo ha repetido una tendencia de “tibieza” desde el inicio del mandato, pese a que cuando tomó posesión se veía muy enérgico en su lucha contra la corrupción y la persecución política por parte del MP.

Mack también se refirió a la insistente búsqueda de respaldo internacional por parte del Ejecutivo, particularmente en Estados Unidos, como parte de una estrategia que considera insuficiente y repetitiva. “Es una continuidad del libreto que ya conocemos”, apuntó. “No sé por qué el presidente sigue buscando esa validación internacional, si a nivel internacional ya está bien visto”. 

Mack subraya que el diseño institucional de Guatemala otorga al presidente un rol central. “Este es un país eminentemente presidencialista. Más allá de lo que pueda o no pueda hacer legalmente, él puede hacer muchísimo más como persona, como líder, como presidente de la República”. 

Por eso, señala que, al diluir la responsabilidad y delegarla a la ciudadanía y al Congreso, el presidente evade su propio rol. “Le dice a la ciudadanía que ya no hay que tolerar esto, le dice al Congreso que hay iniciativas de ley… pero ¿qué va a hacer como presidente?”, se pregunta Mack.

Ambos analistas alertan que, de no corregirse el rumbo, el escenario puede empeorar. “Hay un principio en la ciencia política que dice que el poder que no se usa, se pierde”, afirma Mack. “Cuando el señor presidente tomó posesión, tenía todo el apoyo internacional, toda la legitimidad de la población. Cuando no hizo lo necesario con su principal detractor, empezó la deslegitimación”.

El mismo día de la captura de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, el MP ofreció una conferencia de prensa en la que el secretario general, Ángel Pineda, dijo que las declaraciones del presidente Arévalo eran “ataques infundados”. 

Pineda criticó al presidente por referirse a las acciones del MP como un “golpe”, y aseguró que lo que se está haciendo es el cumplimiento del mandato constitucional.

A menos de año y medio de gestión, Mack considera que Arévalo ha perdido fuerza política y corre el riesgo de seguir debilitándose. “Mientras del otro lado, el Ministerio Público se siente cada vez más fuerte, más abusivo, más insolente. Incluso están hablando de procesar al presidente. Todo el mundo sabía que ese era el objetivo, pero ahora ya está sobre la mesa”, dice.

Wer, por su parte, subraya que el tiempo para reaccionar es limitado. Con la renovación de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y eventualmente la jefatura del MP en el horizonte, el Ejecutivo debe asumir un liderazgo más decidido. 

“Me parece ingenuo creer que esta gente (jueces y fiscales que criminalizan) va a seguir las reglas de la noche a la mañana. No lo van a hacer. Lo están demostrando con estas capturas”, afirma.

A pesar del llamado que hizo Arévalo al Congreso para aprobar las reformas a la Ley Orgánica del MP, este organismo evita entrar a conocer el punto. Además, un grupo de diputados de oposición pretende tomar el control del Legislativo; el martes 29 de abril fue uno de sus primeros intentos.