La iniciativa fue respaldada por 137 diputados y responde a las solicitudes planteadas por los magistrados del TSE ante la Instancia de Jefes de Bloque y la Junta Directiva del Legislativo, quienes advirtieron sobre la necesidad de contar con fondos suficientes para organizar el próximo proceso electoral.

La normativa establece que los Q500 millones ya asignados al TSE dentro del presupuesto vigente deberán utilizarse exclusivamente para actividades relacionadas con las elecciones de 2027, incluyendo planificación, organización, capacitación, logística, tecnología, comunicación y operación del evento electoral.

A esos recursos se suman Q80 millones adicionales que el Ministerio de Finanzas Públicas deberá trasladar al órgano electoral mediante modificaciones presupuestarias. Asimismo, se autoriza al TSE incorporar Q40 millones provenientes de sus saldos de caja acumulados al cierre de 2025 para atender necesidades institucionales.

Con estas disposiciones, el organismo electoral tendría disponibles al menos Q620 millones para fortalecer su funcionamiento y avanzar en los preparativos de los comicios, aunque la cifra podría incrementarse debido a que la ley también permite trasladar al presupuesto de 2027 los saldos que permanezcan sin ejecutar al finalizar este año.

Adquisiciones

Además del financiamiento, el decreto faculta al TSE a realizar adquisiciones bajo la modalidad de excepción, una herramienta que busca reducir los tiempos de contratación para proyectos vinculados al proceso electoral. A cambio, la institución deberá presentar informes mensuales a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso sobre la programación y ejecución de los recursos.

Durante las reuniones sostenidas con diputados en semanas recientes, los magistrados argumentaron que la disponibilidad de fondos y la flexibilización de los procedimientos de compra son elementos necesarios para evitar retrasos en la organización de las elecciones.

El magistrado Mario Velásquez solicitó específicamente la autorización para utilizar saldos de caja y recurrir a compras por excepción, mientras que el magistrado Quelvin Jiménez pidió restituir Q122 millones que fueron recortados al presupuesto institucional mediante el Decreto 3-2026. Según explicó, esos recursos estaban destinados a la adquisición de un nuevo edificio para el TSE y al fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de la institución.

La aprobación ocurre a menos de un año del inicio formal de las actividades preelectorales y en un contexto en el que el TSE ha insistido en la necesidad de contar con recursos suficientes para atender los desafíos logísticos, tecnológicos y de seguridad que implicará la organización de los comicios de 2027.