Al menos diez plazas clave fueron adjudicadas de forma directa por el superintendente Jorge Miguel Castillo Castro, sin que mediara un proceso público de selección. Entre los perfiles nombrados figuran exfuncionarios que ocuparon cargos durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

Las designaciones se habrían realizado discrecionalmente bajo el argumento de que la institución, al ser de reciente creación, aún no contaba con manuales ni reglamentos específicos para la contratación de personal. 

Sin embargo, la ausencia de convocatorias abiertas y criterios públicos de evaluación ha provocado inconformidad entre algunos integrantes del Directorio, quienes advierten que esa opacidad podría afectar aún más la ya debilitada credibilidad de una entidad llamada a velar por la transparencia y la libre competencia en el mercado.

Exfuncionarios de Morales y Giammattei en puestos clave

Entre los nombramientos más relevantes se encuentra el de Sergio Rolando González Rodríguez como director financiero. Durante la administración de Giammattei se desempeñó como viceministro financiero en el Ministerio de Comunicaciones, cuando la dependencia estaba dirigida por el cuestionado Javier Maldonado. También laboró en el Ministerio de Economía durante el gobierno de Morales y prestó servicios profesionales en la Zona Libre de Industria y Comercio (Zolic).

En el área de Recursos Humanos fue designada Lorena Roxana Escobar Olivares, quien trabajó en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría Presidencial de la Mujer y anteriormente fue directora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social durante el gobierno de Giammattei.

Otra contratación que llama la atención es la de Evelyn Carolina Morales Ruiz como directora de Planificación. Participó como candidata a diputada por listado nacional en 2019 con el partido Prosperidad Ciudadana, que promovió la candidatura presidencial de Edwin Escobar Hill. Posteriormente prestó servicios profesionales en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) y laboró en la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

En septiembre de 2024, el Ministerio Público informó sobre su detención por el delito de peculado por sustracción, en un caso relacionado con la desaparición de 27 motores marinos bajo custodia estatal. El hallazgo fue documentado por la Contraloría General de Cuentas tras una inspección física realizada en julio de 2022, en la que se constató un faltante significativo en el inventario. Pese a ese antecedente, Morales fue incorporada por el superintendente Castillo a la estructura administrativa de la autoridad de Competencia.

El escándalo de los salarios de Q75 mil

Las contrataciones se producen semanas después de que la institución enfrentara su primera gran crisis pública. Una investigación de eP Investiga reveló que el Directorio y el superintendente aprobaron una escala salarial de Q75 mil mensuales para cada uno de los integrantes del Directorio y para el propio superintendente.

La decisión generó indignación inmediata por el monto se encuentra muy por encima del promedio regional para autoridades de competencia y porque contempla la posibilidad de pagos retroactivos.

El escándalo no solo provocó críticas ciudadanas y cuestionamientos políticos. También fracturó al propio Directorio, donde dos de sus integrantes manifestaron públicamente tras la publicación de este diario, su desacuerdo y advirtieron que la medida comprometía la sostenibilidad presupuestaria de la institución.

El tema llegó al Congreso de la República, donde diputados citaron al superintendente para justificar la decisión. La defensa no logró disipar las dudas y, ante la presión pública, el Directorio de Competencia terminó revocando la escala salarial de Q75 mil y fijando montos menores.

Una institución que nace bajo cuestionamientos

Diversos analistas y expertos han señalado que la Superintendencia de Competencia fue creada para garantizar condiciones equitativas en el mercado y combatir prácticas anticompetitivas. No obstante, su arranque institucional ha estado marcado por decisiones administrativas que generan dudas sobre transparencia, mérito y prudencia presupuestaria.

Contrataciones sin concurso, incorporación de exfuncionarios de gobiernos anteriores y un intento de fijar salarios de Q75 mil mensuales han colocado a la entidad bajo escrutinio antes incluso de iniciar plenamente su labor regulatoria.