^{Foto: Carlos Alonzo}

La acción legal fue promovida por una empresa privada vinculada al megaproyecto “Casa Icatú” y representa un intento de criminalizar su función constitucional de fiscalización. La legisladora explicó que, a petición de ciudadanos organizados en Sacatepéquez, investigó la emisión de licencias municipales que habrían sido aprobadas de manera irregular, presuntamente sin cumplir los requisitos legales.

Durante sus indagaciones, en las que también participaron la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Contraloría General de Cuentas, se detectaron posibles actos de corrupción, como la devolución de Q8 millones a una empresa y presuntas decisiones arbitrarias del alcalde municipal. 

“Al evidenciar entonces este conjunto de ilegalidades que pueden poner en riesgo la licencia completa del proyecto… La empresa hoy pone en riesgo una de las facultades más importantes que tenemos nosotros los diputados: la fiscalización”, señaló.

Gutiérrez denunció que en la querella presentada en su contra la acusan de “resoluciones violatorias a la Constitución”, pese a que, según dijo, no tiene la facultad para resolver y tampoco es autoridad administrativa que emita resoluciones. Consideró la acusación como “espuria, política” y afirmó que representa un precedente grave para la independencia del Congreso. 

“El ataque no es contra la diputada Sonia Gutiérrez, sino contra la facultad constitucional de fiscalización y del equilibrio de poderes que tiene el Congreso de la República de Guatemala”, advirtió.

La diputada también expresó su preocupación por la rapidez con la que el Ministerio Público desestimó una denuncia suya previa contra el alcalde. “Preocupa que despojarme de mi inmunidad sea un mecanismo de presión, chantaje o, en el peor de los casos, de corrupción o impunidad”.

Gutiérrez concluyó que su bancada no permitirá que se criminalice el derecho a la fiscalización, cuando esta se ejerce “de manera ética, transparente y en respuesta a la demanda de la ciudadanía”.