Luego de ocho años desde que ocurrió el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, se emitió la sentencia para los acusados. Carlos Rodas, extitular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), y Santos Torres, exdirector del Hogar, fueron condenados a 25 años de prisión. 20 son inconmutables.
Brenda Chamán, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato del Hogar Seguro, fue sentenciada a 17 años; de estos, 12 son inconmutables. Gloria Castro, exfuncionaria de la oficina del Procurador de Derechos Humanos, fue sentenciada a 6 años de prisión inconmutables.
La exsubinspectora de la Policía Nacional Civil, Lucinda Marroquín, fue condenada a 13 años inconmutables y Luis Broja, exsubcomisario de esta misma institución, recibió 11 años, de estos seis con inconmutables.
Harold Flores, exprocurador de la niñez de la Procuraduría General de la Nación, fue absuelto de los cuatro delitos que le sindicaban. La jueza indicó que el Ministerio Público (MP) no comprobó que él omitiera acciones o tomara decisiones que llevaran a que las menores de edad terminaran dentro de una habitación en la cual se inició el incendio.
Además, enfatizó que el Estado de Guatemala es responsable por la tragedia del Hogar Seguro porque fueron varios funcionarios públicos los acusados, fueron hallados culpables y con sentencia condenatoria.
La juzgadora dijo que cada órgano de prueba fue examinado minuciosamente para concluir en las sentencias que dictó y, en la lectura de su fallo, relató hechos que fueron comprobados y representaron violaciones a los derechos de las niñas que se encontraban en el hogar.
Condena insuficiente
Carmen Urías, mamá de Mayra Chitán Urías, una de las víctimas mortales, dijo sentirse enojada después de escuchar la decisión de la jueza porque esperaba que dictaran más años de prisión para los acusados. Señaló que son más de ocho años en los que están exigiendo justicia y no fue lo que esperaban.
“Jimmy Morales tiene que venir a los tribunales. Él nos dijo que íbamos a tener justicia. ¿Dónde está esa justicia”, reclama.
Representantes de organizaciones que siguieron este proceso también lamentaron la sentencia que se dio en el caso y exigen al MP que agilice las investigaciones a otros funcionarios como Morales.
La policía iba armada y agredió a las menores de edad
La jueza Cifuentes detalló que los hechos que llevaron al incendio mortal se iniciaron el 7 de marzo de 2017. Un grupo de niñas salió del área “Mi Hogar” hacia San Gabriel, en donde se encontraban adolescentes hombres. Su finalidad era salir del hogar para manifestarse y denunciar las violaciones de las que eran víctimas en ese lugar por acercarse la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Las imágenes de cámaras en el lugar lograron evidenciar cronológicamente estos hechos. Mientras pasaba esto, Carlos Rodas, director del hogar, llamó a la PNC para controlar la situación.
“Nos preguntamos, ¿por qué llaman a la Policía Nacional Civil?”, pregunta la jueza, explicando que mantenían agentes, pero solo debían estar como seguridad perimetral. Momentos después, llegan los policías y trasladan a varios niños, niñas y adolescentes frente a uno de los portones del lugar.
Fueron más de 120 policías los que se reunieron en el lugar y, mientras pasaban las horas y mantenían a los menores de edad sentados frente al portón, dos niñas le quitaron una pistola a uno de los agentes. Con esto dijo la jueza, se comprobó que varios de los agentes iban armados.
Alrededor de las 7 de la noche, las autoridades no decidían qué hacer con los menores de edad y también se plantearon exhibiciones personales a favor de ellos, pero la encargada del Juzgado de Turno de la localidad no respondió llamadas ni llegó al lugar.
Más tarde esa noche también llegaron agentes del Núcleo de Reserva, quienes llevaban armamento para reducir manifestaciones; estas incluían cascos y escudos protectores, con los cuales también fueron agredidas las niñas.
El jefe de la comisaría 13 le pidió al subcomisario Borja que retirara a los agentes policiales del lugar, porque se estaba descuidando la seguridad ciudadana y el resguardo de los menores de edad le compete a la SBS.
Cuando la policía se iba a retirar, intervino Carlos Beltetón, asesor del presidente en ese entonces, Jimmy Morales. En ese momento, el mandatario dio órdenes para que los agentes permanecieran en el lugar, situación que violó la cadena de mando.
La juzgadora pidió al MP que se investigara a Morales por las órdenes que dio, pero también a Beltetón por mentir ante el Tribunal.
Encerradas, sin baño e ignoradas por Lucinda Marroquín
En horas de la madrugada del 8 de marzo, las 56 niñas fueron encerradas en un aula que solo tenía una puerta y una ventana. Tenía dos baños, pero la jueza describió que estos estaban en condiciones paupérrimas; además, no se les permitió limpiarse o cambiarse la ropa cuando algunas de ellas ingresaron a un río de aguas negras mientras huían de la policía.
Las menores de edad tampoco querían comer. Temían que sus alimentos tuvieran drogas, situación que denunciaron que era una constante en ese hogar. Además, solo contaban con 22 colchonetas para dormir.
A eso de las 3 de la mañana llegó un nuevo grupo de policías, liderados por la exsubinspectora Marroquín, a quien le dieron las llaves del aula.
Entre las 7 y 8 de la mañana, las niñas despiertan y tampoco les permiten ir al baño, por eso deciden hacerlo dentro del aula en donde hicieron una “casita”, acumulando las colchonetas que tenían en el lugar. Una de las niñas prendió fuego a una de las colchonetas y a las 9:01 comienza el incendio.
“Jefa, jefa… Hay humo”, exclamaron varias de las agentes policiales a Marroquín. Cuando notaron que el humo salía del aula. Pero ella ignoró estos llamados y los gritos de las niñas.
“Se van a quemar”, le decían las policías a Marroquín y ella respondió: “Que se quemen esas hijas de la gran puta”, mientras seguía hablando por teléfono.
Dentro de las pruebas se constató que Marroquín utilizó su celular mientras ocurrían los hechos. Fue hasta nueve minutos después que abrieron las puertas del aula y auxiliaron a la primera víctima.
La jueza indicó que la llamada a los bomberos fue para ir a auxiliar a una persona herida. Ellos llegaron a las 9 con 11 minutos, pero los dejaron entrar hasta las 9:16. Cuando se percataron, era un incendio y ellos no llevaban el equipo para atender esa emergencia porque no se les dio la información exacta.
El fuego se logró controlar con agua que sacaron de recipientes de agua pura porque los extinguidores no funcionaban.
La juzgadora dijo que los señalados omitieron acciones y también tomaron decisiones que llevaron a la tragedia. Además, se evidenciaron las constantes violaciones a sus derechos humanos.
Se pudo establecer que 17 niñas murieron dentro del salón donde estaban encerradas y dos más en el área administrativa. 11 fallecieron en el hospital San Juan de Dios y 10 en el Roosevelt. Además, una murió en un hospital de Estados Unidos donde fue atendida.
Piden investigar drogas en los cadáveres de las niñas
Ingrid Cifuentes presentó varios hechos que, según ella, le causaron preocupación. Uno de estos es que en las necropsias realizadas a los cuerpos de las niñas se evidenciaron grandes cantidades de drogas terapéuticas como fentanilo, morfina, metanol, etanol, acetona y clonazepam.
La juzgadora pidió que el MP investigue las causas, porque las niñas denunciaron que en sus alimentos las autoridades del hogar les ponían este tipo de drogas para mantenerlas dormidas.
Otro hecho que remarcó la jueza es que ocho declaraciones en anticipo de prueba estaban en malas condiciones. Eran audios de sobrevivientes que testificaron, pero no se escuchaban bien y no se tomaron en cuenta para la sentencia.
“Tomamos horas, días, meses, tratando de escuchar estas declaraciones. Conseguimos bocinas, pero no se pudieron escuchar las grabaciones; no estaban claras, no se escuchaban las voces. Solo pudimos escuchar con claridad cinco declaraciones. Es muy delicado porque no se sabe si fueron bien grabadas, no se sabe qué pasó. Se perdió valiosa información de las testigos víctimas sobrevivientes”, dijo.
Durante la audiencia de conclusiones, el MP y los querellantes solicitaron que a los acusados señalados por maltrato contra personas menores de edad se dictara una condena de dos años por cada una de las víctimas, lo que daba resultado en sentencias de más de 100 años.
La jueza determinó que no podía dictar esta sentencia porque el MP planteó una sola acción que provocó varios resultados. “El MP establece una omisión y solo existe una consecuencia penal”, dijo Cifuentes.
