La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo admitió para su trámite una acción constitucional de amparo que cuestiona la designación de Jorge Miguel Castillo Castro como primer titular de la Superintendencia de Competencia, una institución que desde su creación ha estado rodeada de polémicas y señalamientos sobre la transparencia de su proceso de integración.
La resolución de admisión, fue emitida a principios de febrero y ordena al Directorio de la Superintendencia a remitir los antecedentes del caso. Abriendo así la puerta para que el Tribunal de Amparo analice si se vulneraron derechos fundamentales durante el proceso de elección.
El interponente del amparo es el economista Carlos Rodolfo de León Herrera, quien participó como aspirante en la selección del superintendente. En su planteamiento sostiene que el Directorio vulneró sus derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y al derecho de defensa al rechazar su recurso de reposición contra el nombramiento.
El acto reclamado es la resolución 01-2026, emitida el 5 de enero de 2026, mediante la cual el Directorio con los votos favorables de Javier Bauer y Jorge Mario González, resolvió “rechazar in limine por extemporáneo” el recurso presentado por De León. En otras palabras, la autoridad de Competencia consideró que la impugnación fue presentada fuera del plazo legal y decidió no entrar a conocer los argumentos de fondo sobre las presuntas irregularidades en la elección.
La designación cuestionada recayó en Jorge Miguel Castillo Castro, quien fue nombrado mediante la resolución 06-2025 como el primer superintendente de Competencia. Su elección marcó el arranque formal de la nueva autoridad encargada de velar por la libre competencia en el país, pero también consolidó una serie de controversias que ya habían sido expuestas en distintas publicaciones de eP Investiga sobre el proceso de conformación de la institución.
Advertencias ignoradas
El expediente también revela que hubo advertencias internas dentro del propio Directorio, pues durante la fase de admisión de candidatos, José Ramiro Martínez Villatoro, uno de los aspirantes, presentó una declaración jurada que, según consta en actas, tenía inconsistencias. El director Edgar Rolando Guzmán Fuentes emitió un voto disidente en el que advirtió que “no debe admitirse dicha declaración jurada por no existir y no coincidir con la referida en el escrito presentado y ser un requisito indispensable para prevenir cualquier potencial conflicto de intereses”.
Pese a esa advertencia, el proceso continuó hasta culminar con la designación de Castillo Castro. Fue esa decisión la que De León intentó impugnar mediante un recurso de reposición que, finalmente, fue declarado extemporáneo.
El punto central del amparo radica en la forma en que se computó el plazo para presentar la impugnación. El Directorio tomó como referencia una publicación realizada el 14 de octubre de 2025 en el sitio web institucional. Sin embargo, el reglamento aprobado por la propia autoridad establece en su artículo 8 que las comunicaciones y notificaciones deben realizarse por medio del correo electrónico señalado por los aspirantes en el formulario de inscripción.
De León sostiene que nunca recibió una notificación electrónica y que la publicación en la página web no sustituye el mecanismo formal previsto en el reglamento. En su planteamiento afirma que aceptar como válida una notificación realizada por un medio distinto implica “variar el procedimiento administrativo regulado por la propia autoridad impugnada” e impedir el ejercicio efectivo de su derecho de defensa.
Además, argumenta que el plazo legal debía contarse desde la publicación oficial en el Diario de Centro América, realizada el 21 de octubre de 2025. Si se toma esa fecha como punto de partida, su recurso habría sido presentado dentro del tiempo establecido.
La controversia tampoco fue unánime dentro del órgano colegiado. El propio Edgar Rolando Guzmán Fuentes razonó su voto en contra del rechazo del recurso, al considerar que la decisión “viola el derecho de defensa y el principio al debido proceso” por la falta de conocimiento material, personal e individualizado de la resolución por parte de los aspirantes.
Como medida definitiva, el amparista solicita que se suspenda la resolución que rechazó su recurso y que se le permita discutir el fondo de las supuestas irregularidades en la elección. El caso ahora queda en manos de los magistrados de la Sala Quinta, quienes deberán determinar si la naciente autoridad de Competencia inició su gestión violentando o no las reglas que ella misma aprobó y los principios constitucionales que rigen a la administración pública.
En el ojo del huracán
El amparo llega en un momento particularmente sensible para el superintendente Castillo Castro, pues en las últimas semanas, su gestión ha estado en el centro de la discusión pública y extraoficialmente se duda sobre su continuidad en el cargo.
Algunos integrantes del Directorio lo responsabilizan de haber propuesto una escala salarial que incluía remuneraciones de hasta Q75 mil, una cifra que generó fuertes críticas ciudadanas por considerarse desproporcionada frente a la realidad económica del país. La polémica obligó al Directorio a dar marcha atrás.
A ello se suma que esta semana eP Investiga reveló que Castillo Castro realizó contrataciones de forma discrecional en el área administrativa, incorporando a exfuncionarios que laboraron durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Las incorporaciones, según la publicación, no pasaron por procesos competitivos abiertos, lo que generó nuevas críticas sobre la transparencia en el manejo de la naciente institución.
