eP Investiga tuvo acceso a la sesión del Directorio de la Superintendencia de Competencia celebrada el pasado 14 de julio, en la que quedó al descubierto un nuevo episodio de la crisis que atraviesa la institución. Durante la reunión, el superintendente Jorge Miguel Castillo Castro informó que Gabriela González Cornejo dejó de presentarse a trabajar sin autorización. La ausencia de la funcionaria dio lugar al inicio de un expediente por posible abandono de cargo y dejó prácticamente paralizada la única dependencia encargada de emitir dictámenes y brindar respaldo legal a las decisiones del Directorio.
Durante la sesión, Castillo informó que González Cornejo no se presentó a laborar desde el viernes anterior. Aunque la directora de Asuntos Jurídicos le comunicó que se encontraba de vacaciones, el superintendente aseguró que ese descanso nunca fue autorizado y que ya notificó a la Dirección de Recursos Humanos para preparar el expediente administrativo correspondiente por posible abandono de cargo.
La situación encendió las alarmas entre los integrantes del Directorio debido a que la Dirección de Asuntos Jurídicos está integrada únicamente por González Cornejo. En consecuencia, la Superintendencia quedó sin la dependencia encargada de elaborar dictámenes, evacuar consultas jurídicas y respaldar legalmente las decisiones que adopta el órgano colegiado, precisamente cuando la institución atraviesa varios conflictos internos y se prepara para iniciar en diciembre la fase de investigación de prácticas anticompetitivas.
Lo ocurrido también deja dudas sobre el derecho al descanso anual de la funcionaria. El artículo 131 del Código de Trabajo establece que, para tener derecho al período de vacaciones, el trabajador debe haber prestado como mínimo 150 días de trabajo continuo. De acuerdo con los registros públicos de la Superintendencia de Competencia, Gabriela González Cornejo comenzó a laborar en la institución desde febrero pasado, por lo que el expediente administrativo deberá establecer si cumplía con los requisitos legales y administrativos para hacer uso de ese beneficio y si existía la autorización correspondiente para ausentarse de sus labores.
Directorio cuestiona la ausencia de la directora jurídica
El director titular Edgar Rolando Guzmán Fuentes calificó la situación de «gravedad» y afirmó que resulta inadmisible que, «en plena crisis y necesidad institucional», la «única persona a cargo» de la Dirección de Asuntos Jurídicos se ausente de forma «unilateral, sin justificación alguna, ni aprobación previa».
Asimismo, dejó planteada una «reserva expresa de cualquier acción y medida legal» contra el superintendente o cualquier otro involucrado si no se adoptan las acciones previstas por la normativa frente al posible abandono del cargo.
Por su parte, el director suplente Jorge Alberto Santiago Chen Sam manifestó inicialmente su desacuerdo con convocar a González Cornejo para rendir explicaciones ante el Directorio. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada cuando el superintendente confirmó que la funcionaria no se había presentado a trabajar.
Extraoficialmente, se conoció que la funcionaria al igual que integrantes del Directorio de Competencia habrían viajado por separado desde la semana pasada a Estados Unidos para presenciar partidos de la Copa Mundial de Fútbol que se celebra en ese país. Sin embargo, por el momento eP Investiga no ha podido corroborar esta información.
El dictamen que contradijo un criterio emitido por la misma directora
La ausencia de González Cornejo salió a relucir mientras el Directorio analizaba otra controversia relacionada con la Dirección de Asuntos Jurídicos. La discusión se originó porque González Cornejo emitió en junio un nuevo dictamen jurídico sobre la ejecución de compras dentro de la Superintendencia de Competencia que contradice el contenido del Dictamen DAJ-003-2026, suscrito por ella misma en febrero.
En el primer criterio jurídico, la directora concluyó que determinadas actuaciones relacionadas con la ejecución de compras no correspondían a las funciones asignadas al superintendente ni al personal contratado para esa área, de conformidad con el Reglamento Orgánico Interno de la Superintendencia. Sin embargo, el dictamen emitido en junio modificó esa interpretación y sostuvo un criterio distinto sobre las mismas atribuciones.
Ante esa contradicción, el superintendente Jorge Miguel Castillo Castro explicó al Directorio que decidió solicitar una aclaración a la directora de Asuntos Jurídicos antes de trasladar el nuevo dictamen al órgano colegiado. Por esa razón, el documento permaneció retenido durante varias semanas después de haber sido recibido por su despacho.
Los integrantes del Directorio cuestionaron esa decisión y sostuvieron que «no correspondía al Superintendente valorar unilateralmente si estaba de acuerdo o no con el contenido del dictamen previo a su traslado». Añadieron que, si existían dudas sobre la contradicción entre ambos criterios, debió remitir el documento con las observaciones correspondientes para que fuera el propio Directorio quien conociera y resolviera la situación.
El director titular Jorge Mario González Paz afirmó que el caso evidencia «excesivas dilaciones» en los asuntos que dependen de la Dirección de Asuntos Jurídicos y en el traslado de sus criterios al Directorio.
A su vez, el director suplente Luis Guillermo Velásquez Pérez manifestó su preocupación por el «desorden institucional observado», criticó que el dictamen permaneciera retenido durante casi un mes y solicitó que el superintendente remitiera de inmediato el expediente completo, incluyendo ambos dictámenes y el oficio mediante el cual requirió explicaciones a Gabriela González Cornejo. También indicó que se reservaría sus valoraciones sobre el «encontronazo» entre ambos funcionarios hasta revisar toda la documentación.
¿Quién es la única abogada de la Superintendencia de Competencia?
Gabriela González Cornejo asumió la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Competencia en febrero de este año. Según la información que publica en su perfil de LinkedIn, antes de incorporarse a la institución fue directora de Asuntos Legales de la Empresa Municipal de Agua (Empagua), cargo que ocupó entre mayo de 2022 y febrero de 2026.
Con anterioridad desarrolló buena parte de su carrera en el Ministerio de Finanzas Públicas, donde fue subdirectora de Asesoría Específica entre abril de 2017 y marzo de 2018, directora de Asesoría Específica de marzo de 2018 a agosto de 2020 y asesora jurídica entre agosto de 2020 y abril de 2022.
Su hoja de vida también registra que laboró en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), primero como encargada de Comunicación Social entre noviembre de 2012 y febrero de 2016 y posteriormente como secretaria general y secretaria del Consejo Directivo entre marzo de 2016 y marzo de 2017.
Una institución inmersa en conflictos
Este nuevo episodio ocurre apenas unos días después de que Jorge Miguel Castillo Castro notificara al Directorio que retiraba la renuncia irrevocable que presentó en marzo y anunciara su decisión de continuar al frente de la Superintendencia. La decisión abrió un nuevo conflicto jurídico debido a que varios directores sostienen que una renuncia presentada expresamente como irrevocable no puede dejarse sin efecto de manera unilateral.
La disputa por la renuncia se suma a una serie de controversias que han acompañado la puesta en marcha de la institución. Entre ellas figuran la aprobación inicial de salarios de hasta Q75 mil para sus máximas autoridades, los cuestionamientos por la contratación discrecional de personal, las diferencias entre el Directorio y el Superintendente sobre el funcionamiento de la entidad, un amparo relacionado con la elección de Castillo y la demora en el nombramiento del gerente administrativo.
A estos conflictos se agregan dificultades operativas como que a varios meses de haber iniciado funciones, la Superintendencia de Competencia todavía no cuenta con instalaciones propias y continúa operando en oficinas facilitadas por el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), mientras avanza el proceso para establecer su sede permanente.
Las medidas ordenadas
Como medida inmediata, el Directorio instruyó al superintendente Jorge Miguel Castillo Castro a remitir a la brevedad el expediente completo relacionado con los dictámenes jurídicos, incluidos el Dictamen DAJ-003-2026, el dictamen emitido en junio y el oficio mediante el cual solicitó aclaraciones a Gabriela González Cornejo.
Asimismo, le ordenó adoptar las medidas que correspondan dentro del marco legal ante el posible abandono de cargo por parte de Gabriela González Cornejo como directora de Asuntos Jurídicos de la institución.
Con este nuevo episodio, la Superintendencia de Competencia suma otro conflicto interno cuando faltan pocos meses para que entre en funcionamiento pleno el régimen sancionador previsto en la Ley de Competencia. La ausencia de la única directora jurídica, la disputa por la renuncia del superintendente, los retrasos administrativos y las diferencias entre las autoridades continúan poniendo en duda la capacidad de la institución para iniciar operaciones con normalidad.
