Una obra municipal en Santiago Atitlán, Sololá fue inaugurada oficialmente cuando, según los registros estatales, aún no existía en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras. La anomalía fue documentada en una denuncia presentada ante la Contraloría General de Cuentas, como resultado de un ejercicio de auditoría social realizado por ciudadanos del municipio, en conjunto con Acción Ciudadana y eP Investiga.
El caso gira en torno al proyecto “Mejoramiento Calle Sector Iglesia Alfa y Omega, Cantón Tzanjuyú”, identificado en Guatecompras con el NOG 22430350, por un monto de Q238 mil 800 el cual fue adjudicado a la Constructora Palacios, propiedad de Eliud Isaac Palacios Castañón.
De acuerdo con la reconstrucción cronológica de los hechos, los trabajos físicos comenzaron el 29 de enero de 2024, cuando el alcalde Francisco Coché Pablo dio inicio público a la obra. En los días siguientes se documentó, mediante fotografías y videos, la remoción de adoquines, el movimiento de maquinaria y el avance sostenido de la construcción.
Para el 14 de marzo de 2024 la calle ya se encontraba físicamente terminada. Sin embargo, ese mismo día fue cuando el evento apareció publicado en el portal Guatecompras. Es decir, la obra existía en la realidad antes de que se colocara en el sistema oficial de compras del Estado.
La situación se volvió más evidente al día siguiente. El 15 de marzo, autoridades municipales realizaron el acto de inauguración y corte de cinta, pese a que, conforme al registro administrativo, el proceso de cotización apenas había sido convocado 24 horas antes.
Posteriormente, el 27 de marzo, se levantó el acta de recepción de ofertas. Según consta en el expediente administrativo, el evento de cotización únicamente contó con la oferta presentada por Constructora Palacios y finalmente, el 8 de abril se firmó el contrato administrativo con dicha empresa.
De acuerdo con los registros públicos de Guatecompras, Constructora Palacios ha manejado Q32 millones 320 mil 728.65 en contratos con el Estado desde 2011 a la fecha, lo que evidencia una participación recurrente como proveedor de diversas municipalidades.
Posible simulación administrativa
El informe técnico que respalda la denuncia concluye que la secuencia de hechos evidencia una posible simulación administrativa posterior a la ejecución física de la obra. En otras palabras, los documentos del proceso de cotización habrían sido elaborados después de que la calle ya estaba construida e inaugurada, con el objetivo de regularizar el pago.
La denuncia señala como posibles responsables al alcalde municipal, al Concejo Municipal y a la Junta de Cotización del evento, y plantea que los hechos podrían encuadrarse en delitos como falsedad ideológica, fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, entre otros contemplados en la legislación guatemalteca.
Los denunciantes solicitaron a la Contraloría la apertura de un expediente y la realización de una auditoría especial para verificar si la ejecución física precedió al proceso legal. De confirmarse las irregularidades, piden que se certifique lo conducente al Ministerio Público para la investigación penal correspondiente.
Un alcalde en medio de la controversia
La denuncia por la obra se produce en un contexto de alta tensión política alrededor del alcalde Francisco Coché Pablo. En los últimos meses, su gestión ha estado marcada por protestas comunitarias, cuestionamientos públicos y disputas legales que han generado inestabilidad institucional en la Municipalidad de Santiago Atitlán.
Sectores comunitarios y autoridades ancestrales mayas han manifestado inconformidad con su administración, lo que derivó en movilizaciones y acciones de presión para que dejara el cargo. El 16 de septiembre de ese año se informó que Coché no había retomado sus funciones, y en octubre de 2025 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acreditó como alcalde al concejal primero, Andrés Ajuchán, luego de declarar vacante la alcaldía tras una resistencia comunitaria de 39 días.
La entrega de credenciales a nuevas autoridades fue celebrada por un sector de pobladores que había pedido la destitución de Coché, bajo acusaciones de presuntos actos de corrupción. Sin embargo, la decisión se produjo en un ambiente de conflicto institucional, ya que Coché contaba con amparos judiciales que buscaban proteger su continuidad.
La disputa escaló a instancias judiciales superiores. En febrero de este año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió a favor de Francisco Coché y ordenó su reinstalación como alcalde, dejando sin efecto el acuerdo del TSE que lo había reemplazado. Esta restitución judicial obligó al TSE a permitir que Coché retomara funciones, aunque el ingreso físico al edificio municipal fue impedido por sectores de la población que continúan en resistencia al retorno de la autoridad electa originalmente.
La decisión de la CSJ generó protestas en las calles, bloqueos y manifestaciones en el centro de Santiago Atitlán, con pobladores que expresan su rechazo a la reinstalación y consideran que su mandato carece de respaldo comunitario pese a la resolución judicial. El propio alcalde ha denunciado públicamente amenazas y conflictos derivados de la crisis política local, mientras que distintos sectores mantienen posturas enfrentadas sobre su legitimidad y desempeño.
