El Ministerio de Economía (Mineco) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) cedieron parte de su presupuesto para fortalecer financieramente a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), mediante una transferencia por Q2 mil 470 millones, según el Acuerdo Gubernativo de Presupuesto Número 2-2026, aprobado el pasado 5 de marzo.
La medida forma parte de una readecuación de las asignaciones del Estado debido a que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2026 se encuentra suspendido por orden de la Corte de Constitucionalidad, por lo que actualmente rige el presupuesto aprobado por el Congreso para 2025. En ese marco, el artículo 129 del Decreto 36-2024 (vigente para este ejercicio) autoriza al Ejecutivo a realizar modificaciones presupuestarias y establece, entre otras disposiciones, un aporte extraordinario para los Codede de hasta Q5 mil 012 millones en transferencias de capital, orientado al fortalecimiento de la inversión en el territorio nacional.
Según la exposición de motivos del acuerdo gubernativo, los recursos trasladados buscan generar espacio presupuestario para ampliar las transferencias de capital destinadas a proyectos de inversión en los departamentos, con el objetivo de garantizar la continuidad de obras de infraestructura y programas que impacten directamente en el bienestar de la población.
De dónde salen los recursos
El documento legal revela que la mayor parte de los recursos provienen del CIV, que trasladó Q2 mil 070 millones mediante varios ajustes presupuestarios. Estos fondos estaban originalmente destinados a inversión en infraestructura vial, construcción de obra pública y programas de vivienda. Por su parte, el Mineco aportó Q400 millones, que incluyen tanto recursos provenientes de bonos del Tesoro como una combinación de ingresos corrientes y fondos institucionales.
En el caso del Mineco, la reducción impacta principalmente el Programa 14, enfocado en el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), así como algunas actividades centrales. Entre los recortes se identifican disminuciones en gastos de funcionamiento como energía eléctrica, servicios jurídicos, viáticos en el exterior e indemnizaciones al personal. Además, se redujeron Q297 millones en inversión financiera, destinados a préstamos al sector privado y aportes a instituciones públicas.
Mientras tanto, en el CIV los ajustes afectan directamente programas clave vinculados con la infraestructura del país. Se reporta una reducción de Q1 mil 970 millones en inversión física, lo que incluye proyectos de construcción de bienes de uso común, así como la adquisición de maquinaria y equipo de transporte. A esto se suma un recorte adicional de Q100 millones en transferencias de capital dirigidas al Fondo para la Vivienda (Fopavi).
Todos los recursos trasladados fueron concentrados en la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y asignados a la unidad ejecutora de los Codede, bajo el renglón presupuestario de transferencias de capital. Este mecanismo permite canalizar los fondos hacia proyectos de desarrollo local en los distintos departamentos del país, financiados principalmente con Bonos del Tesoro de la República de Guatemala 2026.
Cuestionado mecanismo de negociación
A pesar del incremento sostenido de recursos, diversos tanques de pensamiento y centros de investigación han cuestionado la magnitud de las asignaciones a los Codede. Análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advierten que estas entidades podrían llegar a manejar más de Q16 mil millones en 2026, una cifra que según los analistas carece de sustento técnico y responde a decisiones políticas dentro del Congreso. En la misma línea, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) ha señalado que se trata de una asignación “sin lógica”, con debilidades en su diseño, transparencia y justificación técnica.
Estas críticas coinciden en advertir que el aumento de fondos para los Codede ha sido utilizado tanto por el oficialismo como por la oposición como un mecanismo de negociación política en el Congreso de la República, lo que plantea dudas sobre la calidad del gasto público y la planificación de la inversión.
A este escenario se suma que el oficialismo también ha impulsado iniciativas de ley para agilizar la ejecución de obras a través de los Codede, lo que ha generado críticas por debilitar mecanismos de transparencia. En julio del año pasado, los diputados José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala fueron ponentes de una propuesta que pretendía declarar de “urgencia nacional” los proyectos de inversión, establecer plazos exprés para la aprobación de permisos e incluso permitir contrataciones sin procesos de licitación en determinados casos, además de mecanismos de aprobación automática si las instituciones no responden en tiempos reducidos.
Finalmente, la ejecución de los recursos por parte de los Codede aún es limitada. Según un reporte de Prensa Libre publicado el pasado 14 de marzo, los Consejos Departamentales de Desarrollo cuentan con un presupuesto vigente de Q13 mil 767 millones para 2026; sin embargo, hasta el 13 de marzo solo habían ejecutado Q14 millones 967 mil, lo que representa apenas el 0.11 por ciento del total, de acuerdo con datos del Ministerio de Finanzas Públicas.
