La Comisión Ciudadana por la Transparencia de Santiago Atitlán, con acompañamiento de Acción Ciudadana, presentó una serie de denuncias ante el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) en las que señala la existencia de una red de nepotismo dentro de la municipalidad de esa localidad.

Según las acciones legales, la estructura involucra directamente al alcalde, al síndico primero y al director financiero, y se habría materializado a través de un patrón sistemático de adjudicación de compras públicas a familiares cercanos de estas autoridades.

Los señalamientos se dirigen contra Francisco Coché Pablo, alcalde municipal; José Quiejú Quic, síndico primero; y Henry Gaspar Mendoza Reanda, director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM), además del Concejo Municipal y otros posibles implicados.

De acuerdo con las denuncias, los hechos podrían constituir delitos como enriquecimiento ilícito, pacto colusorio en las adquisiciones públicas, abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, concusión y fraude.

Según la documentación presentada, uno de los elementos centrales del caso es la repetición de compras de baja cuantía adjudicadas a familiares directos de los funcionarios. En un primer caso, la municipalidad de Santiago Atitlán realizó cinco adquisiciones por Q8 mil 358 a la proveedora Bárbara Coché Pablo, hermana del alcalde, por servicios de alimentación destinados a distintas actividades municipales. Estas compras habrían sido autorizadas por el propio jefe edil, lo que, según los denunciantes, evidencia un conflicto de interés.

Un segundo caso involucra a María Reanda Mendoza, madre del director financiero, quien recibió 13 adjudicaciones desde febrero de 2024 por un total de Q80 mil 015, relacionadas con servicios de hospedaje. Los denunciantes destacan que estas contrataciones aumentaron de manera significativa tras la llegada de su hijo al cargo en la DAFIM.

Asimismo, se documenta que Pedro Mendoza Ramírez, padre del director financiero, fue beneficiado con 32 compras de baja cuantía que suman Q358 mil 497.50, correspondientes a materiales de construcción y suministros de ferretería. Varias de estas adquisiciones fueron autorizadas mediante actas firmadas por el alcalde, lo que refuerza la hipótesis de una estructura coordinada de decisiones administrativas.

El cuarto caso señalado corresponde a Gerson José Mizraim Quiejú Mendoza, hijo de José Quiejú Quic, síndico primero, quien recibió 10 compras por un total de Q197 mil 242 en productos como útiles de oficina, artículos de limpieza y materiales didácticos. Según la denuncia, las adjudicaciones a este proveedor se incrementaron tras la toma de posesión de su padre en el cargo, en 2024.

Pobladores señalan delitos

Desde el punto de vista legal, los denunciantes sostienen que estas prácticas vulneran el artículo 80, literal k), de la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe a familiares de funcionarios públicos contratar con las entidades donde estos ejercen funciones. Además, subrayan la existencia de conflictos de interés, ya que el alcalde, encargado de firmar autorizaciones de pago, también preside la Comisión de Probidad, mientras que el síndico primero dirige la Comisión de Finanzas.

También se señala una posible omisión de deberes por parte del Concejo Municipal, al no haber ejercido su función de fiscalización ni haber declarado la vacancia de los cargos, como lo establece el artículo 45 del Código Municipal en casos de incompatibilidad. Para los denunciantes, los hechos evidencian un posible pacto colusorio orientado a restringir la competencia y canalizar recursos públicos hacia un círculo familiar cercano a las autoridades.

Ante esta situación, los pobladores de Santiago Atitlán solicitan al Ministerio Público (MP) y a la Contraloría General de Cuentas (CGC) que admitan las denuncias e inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Otras anomalías en Santiago Atitlán

El caso se enmarca en un historial reciente de irregularidades detectadas en la ejecución de obra pública en el municipio. Investigaciones previas documentaron que una calle fue inaugurada oficialmente antes de que el proyecto existiera en el sistema estatal de compras públicas, lo que sugiere que la obra fue ejecutada sin cumplir previamente con los procedimientos legales. Este hallazgo apuntó a una posible “simulación administrativa”, en la que los registros de contratación habrían sido generados posteriormente para respaldar una obra ya construida.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, otras verificaciones realizadas por vecinos y organizaciones de transparencia identificaron al menos otros dos proyectos municipales que habrían seguido un patrón similar en donde las obras fueron ejecutadas e incluso inauguradas antes de ser publicadas en Guatecompras. En ambos casos, también, se documentó la participación de un único oferente, lo que refuerza las sospechas sobre irregularidades en la competencia y la transparencia de las adjudicaciones.

Las nuevas denuncias por nepotismo apuntan a un mecanismo distinto, pero complementario, sobre el posible uso indebido de fondos públicos en la asignación de compras de baja cuantía a familiares directos de funcionarios municipales, lo que amplía los cuestionamientos sobre la gestión en la Municipalidad de Santiago Atitlán.

La crisis en la Municipalidad de Santiago Atitlán

La administración del alcalde Francisco Coché Pablo ha enfrentado meses de inestabilidad, marcados por protestas de autoridades ancestrales y sectores comunitarios que exigen su salida por actos de corrupción durante su gestión. Esta presión culminó en octubre de 2025, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró vacante el cargo tras una resistencia civil de 39 días, acreditando al concejal primero, Andrés Ajuchán, como nuevo jefe edil.

A pesar de la celebración de quienes lograron su salida, Coché recurrió a la justicia y, en febrero de este año, la CSJ falló a su favor, ordenando su reinstalación inmediata. Aunque el TSE acató la orden, el retorno físico de Coché a la municipalidad ha sido bloqueado por pobladores en resistencia.

Actualmente, Santiago Atitlán permanece sumido en una crisis de gobernabilidad, con bloqueos y manifestaciones de ciudadanos que rechazan el mandato de un alcalde que, pese al respaldo judicial, carece de legitimidad social ante sus ojos.