Al menos otros dos proyectos ejecutados por la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá, habrían sido realizados físicamente antes de que el proceso administrativo fuera publicado en Guatecompras, según la verificación realizada por vecinos que dan seguimiento a la ejecución de fondos públicos con el apoyo de eP Investiga y Acción Ciudadana.

El pasado 27 de febrero, este medio reveló el caso de una calle que fue inaugurada por el alcalde Francisco Coché antes de que existiera el proceso de cotización en el portal oficial. Los nuevos hallazgos sugieren que no se trataría de un hecho aislado.

Los dos proyectos fueron adjudicados a la empresa Proyectos Atitlán, propiedad de Florinda Estela Cortéz Ajanel. Registros públicos en Guatecompras evidencian que durante 2024 la entidad obtuvo Q985 mil 702 en contratos con municipalidades del departamento de Sololá, entre ellas Santiago Atitlán, San Andrés Semetabaj, Santa Catarina Palopó, San Pedro La Laguna, San José Chacayá y San Antonio Palopó.

El caso de la Playa Chinimya

El primer proyecto corresponde a los trabajos de conservación del centro turístico Playa Pública Chinimya, adjudicados por Q89 mil 955 (NOG 22969802). De acuerdo con la información recopilada por vecinos, desde marzo de 2024 existían evidencias públicas de que el proyecto ya estaba en ejecución. Aunque en Guatecompras figura el 14 de marzo de 2024 como fecha inicial registrada, en redes sociales institucionales comenzaron a difundirse avances antes de que el procedimiento administrativo estuviera formalmente desarrollado.

El 23 de marzo de 2024, la Municipalidad publicó en Facebook un video en el que describía el “mejoramiento de la playa” como un trabajo que ya se encontraba en marcha. El 26 de marzo, medios digitales locales divulgaron imágenes del área “resplandeciente” y lista para recibir turistas durante la Semana Santa. Esa misma noche se difundieron fotografías del alcalde entregando 200 plantas destinadas a la decoración del espacio intervenido.

El 28 de marzo, la comuna informó que el embarcadero de la playa ya estaba listo para la temporada alta. Para los vecinos que documentaron el caso, estas publicaciones evidencian que la obra se encontraba concluida y en funcionamiento antes de que el expediente administrativo se completara.

Sin embargo, el proceso formal avanzó semanas después. El 26 de abril de 2024, el director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Santiago Atitlán solicitó la priorización del proyecto, paso que conforme a la Ley de Contrataciones del Estado debería anteceder a su ejecución física. El 2 de mayo, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la priorización y ejecución, según consta en el Acta 21-2024.

La publicación oficial del evento en Guatecompras se registró hasta el 5 de junio de 2024. El 7 de junio se realizó la recepción de ofertas, proceso en el que únicamente participó Proyectos Atitlán. El 12 de junio el Concejo aprobó la adjudicación, y el 14 de junio se emitió el Acta Administrativa de Adquisiciones 05-2024 por Q89 mil 955. Posteriormente, el 16 de julio se suscribieron las actas de recepción y liquidación de obra y, el 17 de julio, el Concejo aprobó el informe físico y financiero al 100 por ciento, según el Acta 32-2024.

El muelle de Santiago Atitlán

El segundo caso corresponde a trabajos de conservación del muelle turístico, adjudicados por Q89 mil 400 (NOG 22780386). Registros recopilados por vecinos muestran que entre el 29 de enero y el 15 de marzo de 2024 la Municipalidad publicó fotografías del inicio de los trabajos en su página oficial de Facebook. Las imágenes mostraban labores preliminares y estructuras en construcción.

El 18 de marzo, el alcalde fue fotografiado supervisando personalmente la obra. El 22 de marzo se publicaron nuevos avances relacionados con trabajos de carpintería. Finalmente, el 24 de marzo de 2024, en plena Semana Santa, el alcalde encabezó la inauguración oficial del muelle para visitantes nacionales y extranjeros, acto documentado en redes institucionales.

No obstante, el evento de Compra Directa fue publicado en Guatecompras hasta el 16 de abril de 2024, casi un mes después de la inauguración. El 18 de abril se fijó la recepción de ofertas y, nuevamente, únicamente participó la empresa Proyectos Atitlán. Durante mayo y junio se formalizaron las actas de adjudicación y recepción de una obra que, según la denuncia presentada por vecinos, ya había sido concluida antes del inicio formal del proceso de compra.

Denuncias ante la Contraloría y el MP

La ejecución de obras antes de su publicación oficial, así como la participación de un único oferente en cada evento, generó cuestionamientos entre sectores comunitarios que consideran que el procedimiento podría contradecir los principios de transparencia, competencia y publicidad que rigen las adquisiciones públicas.

Por ello, pobladores presentaron denuncias ante la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público por posibles ilícitos de acción pública. De manera preliminar, los señalamientos incluyen figuras penales que, de comprobarse, podrían encuadrarse en delitos contra la administración pública, tales como falsedad ideológica, fraude, estafa mediante informaciones contables, pacto colusorio en adquisiciones públicas, manipulación de información, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita.

Las denuncias fueron interpuestas en contra del alcalde Francisco Coché, el Concejo Municipal de Santiago Atitlán y de cualquier otra persona que pudiera resultar involucrada.

Una crisis profunda

Las denuncias relacionadas con el manejo de obra municipal surgen en medio de un clima de confrontación política en torno al alcalde de Santiago Atitlán, Francisco Coché. En los últimos meses, su administración ha estado marcada por protestas, cuestionamientos públicos y disputas legales que han provocado una profunda inestabilidad en la localidad.

Diversos sectores comunitarios y autoridades ancestrales mayas manifestaron su descontento con la gestión edil, lo que derivó en movilizaciones y acciones de presión para exigir su salida del cargo. La tensión escaló hasta que, tras 39 días de resistencia comunitaria, el Tribunal Supremo Electoral declaró vacante la alcaldía en octubre de 2025 y acreditó como jefe edil al concejal primero, Andrés Ajuchán.

La entrega de credenciales a las nuevas autoridades fue celebrada por un sector de la población que había solicitado la destitución de Coché, bajo señalamientos de actos de corrupción. Sin embargo, el alcalde contaba con amparos judiciales orientados a resguardar su continuidad en el cargo.

De esa cuenta, en febrero de este año, la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor de Coché y ordenó su reinstalación como alcalde, dejando sin efecto la decisión del TSE que lo había reemplazado. La resolución obligó al órgano electoral a restituirlo formalmente, aunque su retorno físico al edificio municipal fue impedido por comunitarios que mantienen la resistencia a su regreso.

El fallo judicial desató nuevas protestas, bloqueos y manifestaciones en el centro de Santiago Atitlán. Pobladores que rechazan la reinstalación sostienen que, pese a la resolución de la Corte, el alcalde carece de respaldo comunitario. Por su parte, Coché ha denunciado públicamente amenazas y conflictos derivados de la crisis política local.