Después de varios años sin obtener una adjudicación de esta magnitud, la constructora Maya Pav, S.A. volvió a convertirse este año en una de las principales beneficiarias de la obra pública en el país.

El pasado 20 de abril, una Junta de Licitación integrada por empleados del Ministerio de Comunicaciones adjudicó a la empresa un contrato que supera los Q305 millones para ejecutar la primera fase del proyecto de mejoramiento de la carretera RD ESC 17, RD ESC 43 y RD SRO 35, que conecta la bifurcación de la CA 09 Sur con Iztapa, Escuintla, Hawai y Chapetón, hasta llegar a Chiquimulilla, Santa Rosa.

De acuerdo con el expediente identificado con el NOG 28874374 de Guatecompras, el proyecto comprende la rehabilitación de aproximadamente 52.5 kilómetros de carretera entre las estaciones 93+550 y 146+050.

Los trabajos incluyen el reacondicionamiento de la subrasante, la construcción de capas de subbase y base granular, la colocación de mezcla asfáltica en caliente, excavaciones y rellenos estructurales, instalación de alcantarillas metálicas de 36 y 48 pulgadas, construcción de cunetas revestidas de concreto, fundición de pilotes y estructuras para puentes, además de la reposición de la señalización horizontal y vertical.

En el proceso de licitación participaron inicialmente cuatro empresas. Sin embargo, únicamente dos llegaron a la fase final de evaluación técnica. La oferta presentada por Concretos y Dragados, S.A. (Condrasa) fue rechazada porque la Junta detectó errores aritméticos en el cuadro de cantidades estimadas de trabajo, inconsistencias que alteraban el monto total de la propuesta y representaban un incumplimiento de los requisitos fundamentales establecidos en las bases del concurso.

También fue descartada la propuesta presentada por A Construcciones, propiedad de Edin Francisco Arrué Chocooj, luego de que la Junta determinara que el oferente no acreditó la experiencia mínima requerida debido a que la mayoría de los proyectos utilizados para respaldar su capacidad técnica habían sido ejecutados como subcontratista y únicamente pudo comprobarse un proyecto similar realizado directamente para la Dirección General de Caminos.

Las únicas empresas que superaron la revisión documental fueron Construcciones Integrales Avanzadas, S.A. (Ciansa) y Maya Pav, S.A. Ciansa obtuvo una calificación de 97.9 puntos tras presentar una oferta económica de Q307.3 millones y un plazo de ejecución de 24 meses. Mientras que Maya Pav alcanzó los 98.4 puntos gracias a una oferta económica menor y al compromiso de ejecutar la obra en 20 meses, cuatro meses antes que su competidor. Esa diferencia permitió que la Junta resolviera por unanimidad adjudicar el proyecto a Maya Pav al considerar que representaba la propuesta más favorable para los intereses del Estado.

La adjudicación representa el regreso de Maya Pav a los contratos multimillonarios en el Ministerio de Comunicaciones. De acuerdo con Guatecompras, la constructora ha administrado Q703.2 millones en contratos con el Estado desde 2009.

El último gran proyecto que le adjudicó Comunicaciones había sido en 2022, cuando obtuvo una obra por Q168.5 millones. Durante 2023 la empresa no recibió ninguna adjudicación pública y en 2024 únicamente obtuvo tres contratos con la Municipalidad de Las Cruces, Petén, por un monto conjunto de Q2.6 millones.

El contrato adjudicado este año la devuelve nuevamente al grupo de constructoras que administran las obras de infraestructura más cuantiosas del país.

La investigación que documentó los nexos con Lainfiesta

El regreso de Maya Pav también revive los señalamientos que durante años han rodeado a la empresa por sus presuntos vínculos con el exdiputado de la desaparecida Unidad del Cambio Nacional, Julio Francisco Lainfiesta Rímola, quien actualmente ocupa el cargo de subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).

En febrero de 2021, el ya desaparecido diario elPeriódico publicó una investigación en la que documentó una serie de relaciones empresariales, laborales y administrativas que apuntaban a una estrecha conexión entre el entonces diputado y la constructora. El reportaje revelaba que, hasta ese momento, Maya Pav había obtenido Q226.9 millones en contratos públicos desde 2009. Cinco años después, los registros de Guatecompras muestran que esa cifra prácticamente se triplicó al alcanzar Q703.2 millones en adjudicaciones estatales.

Uno de los principales hallazgos de aquella investigación fue que Taylor Ibarra Reyes, representante legal de Maya Pav desde su constitución en 2009 hasta diciembre de 2018, era un empleado de confianza de la familia Lainfiesta. Además de representar legalmente a la constructora, desempeñaba funciones como piloto y encargado de seguridad en varias empresas familiares, entre ellas la Finca María Olga. Registros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) permitieron establecer que sus cuotas patronales eran pagadas por las empresas Super Gangas y Más y Comerciales G y G, S.A., ambas vinculadas a la familia del entonces diputado.

La nota periodística también identificó que Comerciales G y G compartía el mismo número telefónico registrado por Constructiva, empresa que a su vez reportaba la misma dirección utilizada por Constructora Big, S.A., cuyo representante legal era Juan Diego Lainfiesta Cajas, primo de Julio Lainfiesta. Además, Taylor Ibarra figuraba igualmente como representante legal de Comerciales G y G, reforzando las conexiones entre las distintas sociedades relacionadas con la familia.

Lo que cambió y lo que permanece

El reportaje también documentó que el 12 de diciembre de 2018 Maya Pav sustituyó a Taylor Ibarra Reyes como representante legal y nombró a Juan Carlos Arriaza López, además de cambiar su domicilio comercial en marzo de 2020. En la actualidad la representación legal volvió a modificarse y Mario René Marroquín Lemus figura como representante legal de la empresa.

Sin embargo, uno de los elementos señalados por la investigación permanece sin cambios. El contador de Maya Pav continúa siendo Óscar Orlando Méndez Duarte, el mismo profesional que elPeriódico identificó como contador tanto de la constructora como del entonces diputado Julio Lainfiesta ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Otro de los hallazgos de la investigación periodística fue que, hasta marzo de 2020, Maya Pav tenía registrada como sede la 8a. calle 5-59 de la zona 9 de la ciudad de Guatemala, inmueble donde también funcionaban otras empresas relacionadas con la familia Lainfiesta, entre ellas el hotel Cayman Suites, representado legalmente por Julio Lainfiesta, así como Viajes Futura, representada por su padre. En esa misma dirección también operó el Consulado Honorario de Lituania, cuya representante era Roxana Michelle Prieto Andrade, entonces asesora del Congreso y expareja sentimental del exdiputado.

Participación en varios gobiernos

El reportaje también reconstruyó el crecimiento de Maya Pav como contratista del Estado. La empresa comenzó a recibir contratos durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), obtuvo nuevas adjudicaciones durante la administración del Partido Patriota (PP) y alcanzó su mayor expansión durante el gobierno de Jimmy Morales, cuando el Ministerio de Comunicaciones le adjudicó Q158.4 millones, período en el que Julio Lainfiesta ocupaba una curul por la UCN, bancada que respaldó de forma constante al entonces oficialismo.

La publicación también recordó que la familia Lainfiesta había aparecido anteriormente en investigaciones relacionadas con el desfalco al Crédito Hipotecario Nacional, la reconstrucción fraudulenta de la cárcel Fraijanes II y otros casos de corrupción. Asimismo, señaló que durante el gobierno de Álvaro Colom un conglomerado de empresas vinculadas a la familia, entre ellas Constructora Big, S.A. y Maya Pav, S.A., recibió más de Q150 millones en contratos de obra pública.