Decenas de denuncias presentadas al Ministerio Público relacionadas con casos de corrupción no han avanzado a pesar de que en muchos casos han sido hechas públicas evidencias de estos actos de corrupción, mientras tanto, procesos en contra de operadores de justicia o de actores contrarios a la actual administración del MP avanzan a toda marcha, aunque las denuncias sean anónimas.
Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales S. A. de C. V. (Capisa) ganó dos contratos el mismo día, el pasado 23 de mayo, en la Dirección General de Caminos. El representante legal de esta empresa también trabaja para dos sociedades ubicadas en el inmueble de la colonia Bamvi II de la zona 7 donde la SAT identifica cientos de empresas fantasma en el caso B410.
El 27 de noviembre, la Junta de Licitación integrada por empleados de la Empornac adjudicó un proyecto de Q139 millones a la entidad Tecuntrac, S.A., vinculada a la familia de Raúl Osoy, otrora financista de Roxana Baldetti y del Partido Patriota (PP).
Las autoridades estadounidenses extraditaron, juzgaron y condenaron a Byron Orellana Véliz, alias Nito, y a Max Henry Mérida Mazariegos, alias Henche, responsables de trasegar más de dos toneladas de cocaína al país del norte.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) otorgó un contrato de Q241 millones a la empresa Distribuidora Gálvez López, representada legalmente por Henry Augusto Gálvez Martínez, presidente del Deportivo Sacachispas y quien tiene una amistad con el diputado Boris España.
El pasado 13 de agosto, el expresidente del INDE, Melvin Quijivix, comenzó un proceso judicial para solicitar que se le paguen las prestaciones laborales de un cargo en SEGEPLAN al que nunca asistió entre 2021 y 2024.
La empresa fundada por el hijo del exlegislador Carlos Fión provee ahora alimentos a los comedores que atiende el Ministerio de Desarrollo Social. El hermano del excongresista es ahora diputado por la UNE en el Congreso de la República, partido que ha hecho alianza con el partido oficial.
La primera elección fue invalidada luego de que se comprobara que la persona que había sido electa, trabaja como asistente de Alberto Eduardo de León Benítez, diputado al Congreso de la República.
Las autoridades de gobierno dieron la razón a las autoridades ancestrales de San Cristóbal Totonicapán y ordenaron repetir la elección del representante del Pueblo Maya K’iche’ luego de que se diera a conocer que la persona que había sido electa trabaja para el diputado Alberto Eduardo de León Benítez.
El monto de la multa ascendía a más de Q1.5 millones, de los cuales fueron exonerados más de Q1.2 millones. Pese a que habían otras empresas multadas por no cumplir con lo que establece la ley, solo una empresa resultó favorecida.
