La universidad pública ya no aparece entre las entidades que pueden seleccionarse directamente para consultar sus adquisiciones, aunque sus compras continúan apareciendo mediante búsquedas por texto. El cambio ocurre mientras sectores críticos de Walter Mazariegos cuestionan la actuación del Gobierno de Bernardo Arévalo frente a su segundo período como rector. Al mismo tiempo, Guatecompras ahora limita a un máximo de un año el período que puede abarcar una búsqueda, lo que obliga a fragmentar las consultas de varios años.
¿Qué debería recibir un vecino a cambio de pagarle hasta Q110 mil mensuales a su alcalde? La pregunta es obligatoria en municipios de 60 mil, 65 mil o 200 mil habitantes, donde algunos jefes ediles tienen ingresos anuales superiores a los de autoridades que gobiernan ciudades habitadas por millones de personas, mientras sus vecinos siguen demandando mejores servicios municipales.
Trabajadores sindicalizados del Organismo Legislativo llevaron ante la Junta Directiva del Congreso, MP y Contraloría General de Cuentas una denuncia que cuestiona el nombramiento de la encargada de despacho de la Subdirección de Comunicación Social del Congreso. El documento asegura que la funcionaria fue designada sin cumplir los requisitos legales, ascendió de puesto con un incremento salarial en cuatro meses y ocupó una plaza que, de acuerdo con la documentación oficial, ya había sido adjudicada mediante concurso de oposición.
Cuando Juan Rafael Del Val Guerrero quedó inhabilitado para contratar con el Estado por sus aportes al financiamiento político, la empresa de su hermana comenzó a vivir su mejor momento en las compras públicas. Multiservicios de Construcción y Proyectos Viales del Val obtuvo Q45.6 millones en contratos entre 2024 y los primeros meses de 2026, de los cuales Q17.5 millones provinieron de la Municipalidad de Amatitlán, administrada por el alcalde Minor Orellana quien en las últimas elecciones generales se reeligió bajo la bandera del partido Valor, organización política que recibió los aportes reportados por su hermano.
El exalcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Tupas, conocido como Kaka Rala y electo por el partido Vamos de Alejandro Giammattei, fue sentenciado el pasado 17 de julio a 72 meses de prisión por el juez Richard A. Schell, de la Corte del Distrito Este de Texas, División Sherman.
Martínez había pedido al tribunal declarar ilegal su permanencia en la lista SDN y ordenar a la OFAC que lo retirara de ella, alegando que la agencia había tardado de forma irrazonable en resolver su solicitud de reconsideración y que, cuando finalmente la resolvió, lo hizo sin fundamento.
La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) gastó de Q2.6 millones en la contratación de servicios de mantenimiento, reparación y jardinería para el edificio administrativo y sus áreas exteriores. Los contratos fueron adjudicados a empresas individuales de reciente creación para proveer servicios exclusivamente a la Portuaria.
El Ministerio de Comunicaciones adjudicó un contrato de Q305 millones a Maya Pav, S.A., una empresa que acumula Q703.2 millones recibidos del Estado y que durante años ha sido vinculada al exdiputado de la desaparecida Unidad del Cambio Nacional (UCN), Julio Lainfiesta Rímola, hoy subsecretario ejecutivo de Conamigua, por elección del Congreso de la República.
El Superintendente sostiene que puede dejar sin efecto la renuncia irrevocable presentada en marzo porque el Directorio nunca la conoció ni la votó. La controversia profundiza la crisis de la entidad encargada de regular los mercados y prevenir prácticas anticompetitivas, que a pocos meses de asumir plenamente sus funciones continúa sin oficinas propias, sin gerente administrativo y envuelta en disputas internas que ponen en duda su capacidad para entrar en operación en diciembre.
Las investigaciones por presuntas irregularidades y la suspensión temporal de operaciones no han impedido que la farmacéutica La Botica continúe como proveedora del Estado en 2026. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) le han adjudicado contratos por más de Q204 millones durante este año, incluidos eventos realizados mediante compra directa con oferta electrónica.
