Durante los últimos años, si alguien preguntaba dónde estaba el corazón del sistema de impunidad en Guatemala, la respuesta parecía sencilla. Bastaba mencionar a Consuelo Porras. Desde el Ministerio Público se persiguió con una intensidad extraordinaria a fiscales independientes, jueces, periodistas, opositores políticos e incluso a las autoridades electorales que organizaron las elecciones de 2023, mientras otros expedientes relacionados con los dos gobernantes anteriores parecían condenados a una parálisis inexplicable. La capacidad ilimitada de la anterior fiscal Porras de dañar el sistema democrático, violentando una y otra vez la Constitución, la convirtió en la responsable visible y, de hecho, bastaba con señalarla para explicar el deterioro institucional del país.

Sin embargo, hoy vemos emerger nuevos actores que toman alegremente la estafeta que dejó Porras. Esto nos demuestra, una vez más, que las mafias que han sobrevivido durante décadas se han convertido en un sistema paralelo de impunidad. Redistribuyen funciones, desplazan sus centros de gravedad y se enganchan rápidamente a quién puede garantizarles protección. El ecosistema de la impunidad no desaparece con la salida de uno de sus rostros conocidos; simplemente encuentra nuevas formas de articularse.

La reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad de confirmar, por una mayoría de tres votos contra dos, la continuidad de Walter Mazariegos al frente de la Universidad de San Carlos debería preocuparnos como ciudadanos, mucho más allá de la comunidad universitaria. A través de la figura del Rector se incide en los mecanismos decisivos para la selección de autoridades encargadas de arbitrar, fiscalizar e investigar el ejercicio del poder político. Mazariegos fue el gran articulador del nuevo Tribunal Supremo Electoral y será, aparentemente, el encargado de coordinar la elección del próximo Contralor General. Desde esta perspectiva, es un puesto clave para decidir la legitimidad y transparencia de los gobernantes actuales y futuros.

Por eso, el hecho deleznable de tres magistrados de la CC encabezados por Molina Barreto de legitimar, lo que a todas luces fue un fraude, no es casualidad: responde a los intereses de los valedores y protectores de Porras y Molina Barreto para seguir administrando el velo de impunidad que hasta ahora los ha borrado de los casos de corrupción ilimitada o que han logrado anular su participación pasada.  

La Contraloría suele ser percibida como una institución gris, dedicada a revisar expedientes y formular reparos administrativos. Pero su papel es mucho más estratégico. Es allí donde se realizan auditorías, se documentan irregularidades, se elaboran informes circunstanciados y se generan hallazgos que posteriormente pueden convertirse en investigaciones penales. Sin información técnica y sin capacidad para detectar tempranamente anomalías en el uso de los recursos públicos, el Ministerio Público pierde una de sus principales herramientas para perseguir eficazmente la corrupción. Dicho de manera sencilla, para que el MP pueda perseguir el mal manejo de los recursos del Estado, depende de una activa Contraloría General de Cuentas que le proporcione los datos y pruebas para ejercer su labor acusatoria.

Desde esa perspectiva, la permanencia de Walter Mazariegos adquiere una dimensión distinta: deja de ser simplemente quién administra la universidad pública y pasa a ser quién influye sobre la designación de quien tendrá en sus manos buena parte de la capacidad del Estado para detectar la corrupción antes de que esta llegue a los tribunales.

Es precisamente allí donde el papel desempeñado por Roberto Molina Barreto adquiere otra relevancia. Durante años, Consuelo Porras representó la fase más visible de la impunidad. Su herramienta era el Ministerio Público. Desde allí podía decidir qué expedientes avanzaban, cuáles permanecían inmóviles y quiénes debían enfrentar el peso de una persecución penal selectiva. Hoy se consolida una etapa distinta. Molina Barreto se convierte en el nuevo adalid de la gobernanza mafiosa, acuerpado por las magistradas representantes de la Corte Suprema de Justicia y de la misma USAC, pasando por encima del evidente conflicto de interés que definitivamente le resta aún más legitimidad a esa decisión.

Tal vez el problema sea más simple de lo que parece. El Ministerio Público no investigó a fondo una elección universitaria cuestionada. Ahora la CC respalda la permanencia del rector surgido de ese proceso, y ese mismo rector ayudará a escoger a futuras autoridades encargadas de fiscalizar el uso del dinero público. Es difícil no encontrar el fuerte hilo conductor entre quienes deberían servir de contrapeso, pero en realidad terminan uniéndose para preservar lo más posible ese ecosistema de la impunidad.

A estas alturas resulta difícil seguir hablando de hechos aislados. La impunidad necesita fiscales que no investiguen lo incómodo, contralores que no encuentren lo que salta a la vista, magistrados dispuestos a convertir controversias políticas en decisiones aparentemente técnicas y autoridades que ayuden a escoger a quienes deberán vigilarlas en el futuro. Cada uno cumple su papel y, al final, todos pueden alegar que simplemente hicieron su trabajo.

Por eso provoca una inevitable ironía escuchar que Roberto Molina Barreto ya no conocerá asuntos relacionados con la Universidad de San Carlos. La prudencia llega tarde cuando el daño ya está hecho. Después de contribuir a consolidar la posición de un rector cuya legitimidad sigue siendo cuestionada y cuya influencia alcanzará la elección de futuras autoridades de control, anunciar un oportuno retiro del caso, y victimizarse, no despeja las dudas, más bien las agrava. Es como el pirómano que, una vez acabado el incendio, anuncia solemnemente que ya no volverá a jugar con fósforos.

Porque quizá la mayor fortaleza de la impunidad en Guatemala nunca haya sido la existencia de un gran conspirador moviendo los hilos desde la oscuridad. Su verdadera fortaleza ha sido otra: la capacidad de repartir responsabilidades de tal manera que nadie parezca culpable de nada y, sin embargo, el resultado termine siendo siempre el mismo.

Y cuando se evidencia que entre todos ponen cada uno su ladrillo para sostener el muro, ya no estamos frente a simples coincidencias o casualidades. Estamos frente a una complicidad colectiva que juega todas sus cartas para garantizar que el ecosistema de la impunidad siga funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar.