El 16 de enero de 1957 se funda el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) mismo año en el que suceden dos hechos importantes: el asesinato del golpista Carlos Alberto Castillo Armas (alias CACA) el 26 de julio y las primeras elecciones presidenciales postgolpe de Estado e invasión, las cuales se desarrollaron el 20 de octubre de ese mismo año. Tan solo tres días después fueron anuladas por un abierto fraude electoral, mecanismo espurio que pronto se convirtió en una práctica común durante muchos años.

El contexto sirve de base para explicar el papel del empresariado en la política, el cual fue decisivo en la vida electoral del país, pues si bien los protagonistas eran los militares, todos sabíamos quiénes estaban detrás de ellos, tanto en el proceso revolucionario (1944-1954) como después de la contrarrevolución a la que apoyaron abiertamente, demostrando que la “soberanía” del país siempre fue relegada en función al beneficio de sus negocios y privilegios.

Con lo que no contaba el núcleo duro del empresariado (el oligárquico) es con cuatro factores que modificaron la escena del dominio de clase y que trataré de explicar brevemente, pues su abordaje da para mucho:

1. El capital oligárquico no supo medir el excesivo poder que le otorgaron a la cúpula militar, sobre todo, cuando la guerra interna arreció y los milicos ya no acataban órdenes tan fácilmente, o cuando menos, de la forma sumisa acostumbrada, exigiendo cada vez más privilegios que recompensaran la defensa que hicieron de los ricos.
2. El capital tradicional, el más antiguo, primitivo y depredador, estaba representado por el poder que venían ejerciendo algunas familias desde la Colonia y que se consolidó con la incorporación de otras que fundaron los monopolios decimonónicos: Los Aycinena, Castillo, Herrera, Novella, Maegli, son solo algunos ejemplos. Estos tuvieron que ceder algunas cuotas de privilegio con la aparición de otro tipo de capital: el corporativo o propiamente burgués, representado en familias que, paradójicamente, se fortalecieron durante la Revolución de Octubre e irrumpen en la escena política en los años sesenta y setenta (Gutiérrez Bosch, Abascal, Botrán y otros).
3. En los ochentas surge otro tipo de capital: el emergente, una mezcla de empresarios con actividades lícitas, unos, e ilícitas otros, básicamente el narco, ya sea por separado o en alianza con otros capitales.  El emblema de este grupo era Mario López Estrada, el único billonario de Centroamérica (como persona individual) hasta su muerte el 20 de marzo de 2023.
4. Los tres factores anteriores, desdibujaron el dominio unitario y granítico de las élites económicas concentradas en CACIF, surgiendo el llamado G-8, que no es más que el núcleo más poderoso del empresariado, formado por las ocho corporaciones más grandes y fuertes del país, lo cual podría resumirse en los siete megaingenios, los monopolios decimonónicos y sus respectivos bancos (capital oligárquico) más la Corporación Multi Inversiones (CMI).  La adición por aparte de CMI tiene que ver con que no eran considerados de “sangre azul” por estos últimos, a decir de quienes se consideran herederos legítimos y únicos de la estirpe criolla.

Hoy en día, el CACIF ha quedado como la entidad político-administrativa de los empresarios, que tienen en la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) su brazo político-social. El G-8 permanece en las sombras, sin representación legal, pero concentrando el poder de las decisiones más importantes. Se dice que ningún comunicado del CACIF puede salir sin el visto bueno de este núcleo y que, incluso, la renta del edificio de la Cámara de Industria, en donde cohabitan, es pagada por ellos.

Lo anterior, explica cómo el escenario político empresarial ha cambiado mucho, al extremo que ahora se habla más bien de narcoélites, ya que no pudieron competir con la plata que genera y brinda (electoralmente) la narcoactividad. La fuerza del CACIF ha quedado relegada hasta cierto punto, pues las grandes decisiones no les pertenecen.

Esta larga introducción era necesaria para entender la pugna surgida en el Congreso por la representación del CACIF y sus cámaras en el Consejo de la Ley de Alianzas Público-Privadas, así como en 67 espacios institucionales.  La exclusión de las élites empresariales en esos espacios no evitaría su influencia política, pero si la complicaría.  Para tranquilidad de los “boys”, la escaramuza del hemiciclo parlamentario no fue más que el enfrentamiento entre las dos facciones de la bancada oficial: Semilla y Raíces. Los nueve diputados cercanos a la socialdemocracia conservadora del presidente, raudos y veloces se desmarcaron del atrevimiento de la socialdemocracia liberal que lidera Samuel Pérez y su grupo, manifestando con claridad que sus excolegas tuvieron un exabrupto intolerable, pero que ellos siguen fieles al pacto con el empresariado.

Al final, todo tranquilo y sereno en la comarca, los dueños del país seguirán durmiendo plácidamente, como hasta ahora. La riña interpartidaria no pasó de ser una acción táctica para incomodar y marcar distancia con el gobierno, de cara a los próximos comicios.

Pugnas partidarias aparte, la inclusión de CACIF, además de la Cámara de Construcción, en el Consejo de la Ley de Alianzas Público-privadas es un despropósito por la colusión de intereses tan OBVIA. Los 67 espacios institucionales que ya tienen los empresarios, parecen no satisfacer su voracidad.