Hace tres años, mi querida amiga, abogada y mandataria Claudia González fue detenida. Al mismo tiempo se giraron nuevas órdenes de captura contra mi amiga y excompañera Siomara Sosa y contra mí. Recuerdo aquellos días con indignación, pero también con la certeza de que el paso del tiempo ha hecho todavía más evidente lo absurdo de aquella persecución.

Todo se originó por una investigación que realizamos en cumplimiento de nuestras funciones. El juez Carlos Ruano tuvo entonces la valentía de denunciar que Blanca Stalling, en ese momento magistrada de la Corte Suprema de Justicia, había intentado influir en él en relación con un proceso penal que involucraba a uno de sus familiares. Era un señalamiento grave y nuestra obligación era investigarlo. Eso fue exactamente lo que hicimos. No inventamos la denuncia, no fabricamos los hechos y, por supuesto, tampoco podíamos ignorar lo que un juez estaba poniendo en conocimiento de las autoridades.

El tiempo ha dado giros que seguramente ninguno de nosotros imaginaba. También contra Carlos Ruano fue emitida posteriormente una orden de captura, una muestra más de hasta dónde llegó la persecución contra quienes, desde distintos espacios, nos atrevimos a enfrentar determinadas prácticas dentro del sistema de justicia. El paso de los años puede cambiar relaciones, generar distancias y llevar a cada quien por caminos distintos, pero nada de eso modifica los hechos ni me impide reconocer lo que corresponde: en aquel momento tuvo el valor de denunciar una presión indebida y nosotros tuvimos la obligación legal de investigarla.

Quizá precisamente por eso resulta todavía más difícil aceptar que, años después, la historia haya sido puesta de cabeza. Quienes investigamos un posible tráfico de influencias terminamos perseguidos y quien originalmente se atrevió a denunciarlo también acabó con una orden de captura en su contra. Mientras tanto, alrededor de nosotros se construyó una narrativa destinada a presentarnos como delincuentes. Claudia fue detenida y contra Siomara y contra mí se libraron órdenes de captura. Una investigación realizada en ejercicio de nuestras funciones terminó convertida en la excusa para criminalizarnos.

En mi caso hubo, además, un episodio que difícilmente puedo olvidar. Cuando se realizaron las diligencias, las autoridades sabían perfectamente que yo me encontraba en Estados Unidos y que ya había recibido asilo. A pesar de ello, ingresaron a la residencia donde viven mis padres, los sometieron a la intimidación propia de un operativo de esa naturaleza y sustrajeron dinero en efectivo que se encontraba allí. No podían estar buscándome porque sabían que yo no estaba en Guatemala. Sin embargo, irrumpieron en la tranquilidad de mis padres y contribuyeron a alimentar públicamente la imagen de que estaban persiguiendo a peligrosos delincuentes.

Ese es quizá uno de los aspectos más perversos de la criminalización: no se limita al expediente judicial ni a la persona contra quien se dirige. Alcanza a las familias, afecta reputaciones y pretende borrar, mediante acusaciones y órdenes de captura, toda una trayectoria profesional. De repente, quienes habíamos dedicado años a investigar corrupción aparecíamos retratados como criminales precisamente por haber investigado.

Han pasado tres años y el tiempo no devuelve lo perdido. No borra la detención que sufrió Claudia, ni el miedo y la angustia de nuestras familias, ni las consecuencias personales y profesionales que este proceso ha provocado. Pero tres años deberían ser suficientes para que las instituciones tengan la capacidad de revisar lo ocurrido y reconocer cuándo un expediente no puede continuar sosteniéndose únicamente porque alguien, en determinado momento, decidió utilizar el sistema penal como instrumento de represalia.

Hoy existe una oportunidad para hacerlo. El Ministerio Público actual no está obligado a defender los abusos ni las decisiones de quienes anteriormente dirigieron la institución. La continuidad institucional no significa perpetuar ilegalidades. Por el contrario, una institución que pretende recuperar el respeto por la legalidad debe ser capaz de revisar objetivamente aquellos expedientes en los que existen serios indicios de que el derecho penal fue utilizado para criminalizar a quienes investigaron hechos de corrupción.

No pedimos favores, impunidad ni tratamientos especiales. Pedimos algo mucho más sencillo: que se aplique la ley.

El Código Procesal Penal establece mecanismos para revisar las medidas de coerción y permite su revocatoria o reforma cuando han cambiado las circunstancias que las justificaron. Pero más allá de una disposición concreta, existe una obligación elemental del Ministerio Público de actuar con objetividad y sometimiento al principio de legalidad. Mantener una persecución por inercia, aun cuando sus fundamentos no resisten una revisión seria, no es defender la institucionalidad.

Por eso esperamos que este expediente sea revisado. Que, con fundamento en el artículo 276 del Código Procesal Penal y las demás disposiciones aplicables, se promueva la revocatoria de las órdenes de captura que continúen vigentes y se desista de sostener una persecución que nunca debió iniciarse. Investigar una denuncia de tráfico de influencias formulada por un juez no podía convertir en delincuentes a quienes tuvimos la responsabilidad de investigarla.

No pretendo que tres años después una resolución pueda reparar todo el daño causado. Claudia no recuperará el tiempo durante el cual estuvo privada de libertad; nuestras familias tampoco olvidarán fácilmente lo vivido y ninguno de nosotros puede recuperar estos años. Pero sí se puede evitar que el abuso continúe. Y también se puede enviar un mensaje importante: corregir una arbitrariedad no debilita a una institución, la fortalece.

Tres años después, Claudia, Siomara y yo seguimos esperando algo que nunca debió ser extraordinario: que prevalezca la legalidad y que este absurdo llegue, finalmente, a su fin.