La primera sesión de la comisión postuladora responsable de elaborar la lista corta de candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia, no puede marcar las tendencias que predominarán durante el proceso, pero si ponen en evidencia ciertas pautas. Destaca que comienzan a verse la división entre dos grupos; uno, el de los comisionados que impulsan un proceso donde se privilegie la transparencia, la independencia y la mejora de la justicia, y el otro, que busca todo lo contrario. Este último parece más orientado a ralentizar el proceso (darle largas) para salirse con la suya. Quizás apelan a que en realidad no haya elección, o a la continuidad de los actuales magistrados.
Lo anterior se expresa, por ejemplo, en uno de los dos primeros pulsos observados: el lugar donde se llevarán a cabo las sesiones de la postuladora. Un grupo impulsa quedarse en la sede de la URL y otro prefiere la sala de vista de la CSJ. Este último, aunque se escuda en una serie de “justificaciones”, quiere hacerse valer y notar. Desde un inicio plantean un pulso para medir al grupo contrario. Además, expresan el interés de no querer salir de su espacio de comodidad, donde los contubernios y negociaciones de pasillo son comunes; por lo que desprecian cualquier otro sitio donde se pongan en riesgo las lógicas que le son comunes (secretismos, vigilancia y control de los opositores, control del escenario, manejo de los expedientes).
Aunque la ley de comisiones de postulación pondera el criterio de la transparencia en los procesos de elección de segundo nivel, en realidad persiste el menosprecio a ese principio. Poner luz en lo que ocurra en las postuladoras implica ir en contra de la lógica que ha dominado casi toda la implementación de la norma.
El juego de posiciones se comienza a expresar, también, en la designación del secretario de la comisión. Ambos grupos tienen claro que esa posición es clave. El grupo orientado a defender las prácticas de impunidad y a mantener el control de las cortes, apela a dominar ese espacio, porque saben que el manejo de las actas y en especial, de los expedientes, es esencial para privilegiar a unos y descartar a quienes no sean convenientes a sus intereses.
Ahora bien, los pulsos iniciales no serán fáciles de remontar. En los intentos de la primera sesión ninguno de los grupos alcanzó el mínimo de votos. No sabemos si ese factor será una constante o no. Tal parece que las facciones del grupo pro-continuidad podrían actuar bajo una misma sombrilla y dirección. Aunque para la asamblea del Colegio de Abogados aparecieron como expresiones fragmentadas, al final de cuentas son más los patrones unificadores que las sutiles diferencias.
La esencia de las posiciones de los dos grupos comienza a aclararse. Para un grupo, el papel de las postuladoras es esencial, especialmente ante el desmantelamiento del sistema de justicia que este país aspira y necesita. Para los otros, las comisiones son los espacios formales donde los acuerdos establecidos previamente solo deben ser formalizados. Ante ello, no hay cabida a ningún resquicio que ponga en riesgo sus oscuras pretensiones.
Es claro que este proceso afrontará un largo camino, donde los juegos del poder estarán presentes siempre. El futuro de la justicia transcurre entre dos vías: o la posibilidad de comenzar a transitar por los caminos de la paulatina recuperación, o bien, terminar de acentuar el cercenamiento completo del sistema, pieza esencial para otra serie de objetivos en curso.
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