Estas últimas semanas se han convertido en una agonía para los que deseamos que Guatemala tenga las Cortes que reúnan a los mejores juristas del país y que garanticen la legitimidad de las decisiones judiciales. Sobre todo, porque vemos cómo los grandes partícipes de la gobernanza mafiosa han movido todos los recursos para intentar mantener a sus peones en la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral.

En algún momento circuló con insistencia la versión de que Estados Unidos estaba empujando la elección de Roberto Molina Barreto para la Corte de Constitucionalidad. Esta maniobra llegó con presiones para unos diputados y recompensas para otros. En esta guerra se fundieron ardientemente los representantes de las familias que dirigen la economía monopólica guatemalteca y los representantes de los grandes corruptos que han sido indignos presidentes del país. Detrás de estas batallas judiciales hay dinero. Mucho dinero.

Durante estos días se ha conocido una intensa actividad de lobby en Washington. No es algo nuevo. Grandes firmas especializadas en influencia política trabajan para clientes privados que buscan proteger intereses específicos en Guatemala. Ese trabajo no es barato. Se paga con recursos de sectores empresariales y familias que consideran que controlar las cortes es una inversión necesaria para proteger a sus operadores dentro del sistema. Lástima que ese dinero no se usa para fortalecer las instituciones ni para mejorar el sistema de justicia. Se usa para mantener influencia sobre los espacios donde se decide quién se investiga, quién se procesa y quién queda protegido. Para que la justicia opere para sus intereses privados y no para el pueblo en general.

El circo se les cayó cuando el presidente salió a desmentir públicamente esa versión. Poco después la propia embajada de Estados Unidos aclaró su posición: no respalda candidatos, respalda procesos transparentes. Ese pronunciamiento cambió el ambiente político. La elección en el Congreso se detuvo y, al menos por ahora, el tono del debate parece haberse movido hacia un terreno menos dominado por rumores y presiones.

Pero mientras el país discutía esa supuesta presión internacional, otra decisión avanzaba con mucha menos luz pública. La Corte Suprema de Justicia eligió a sus representantes para la Corte de Constitucionalidad a puerta cerrada.

Y lo hizo con dos nombres que dicen mucho sobre el estado actual del sistema judicial y lo que se considera idóneo y honorable por parte de los magistrados: Dina Ochoa y Claudia Paniagua. Ochoa ha sido durante años una figura cercana a los circuitos de poder que operan alrededor de las cortes. Paniagua, por su parte, fue incluida por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Lista Engel por su participación en actos de corrupción significativa.

Hasta ahora, estos han sido los únicos nombramientos que ratifican abiertamente perfiles asociados a redes de corrupción, desafiando los diferentes mensajes. Por eso el debate no debería limitarse a quién llega a la Corte de Constitucionalidad o al Ministerio Público -aunque ahora si es de vida o muerte para el estado de derecho-.

La pregunta más importante para el futuro es otra: ¿quién controla a quienes toman esas decisiones? ¿Cómo podemos evitar que las elecciones de Cortes se conviertan en el mercado transaccional que compra voluntades, no independencia y justicia?

Hace casi una década, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) propuso una reforma profunda del sistema de justicia. No era una reforma menor. Buscaba introducir contrapesos dentro del propio sistema judicial, fortalecer la carrera judicial y crear mecanismos de vigilancia que limitaran el enorme poder concentrado en las cortes superiores. Esa propuesta generó una resistencia feroz dentro de sectores políticos y judiciales del país. Hoy es fácil entender por qué.

El sistema judicial guatemalteco es probablemente la única gran institución del Estado que no ha sido reformada estructuralmente desde el final del conflicto armado. Y en lugar de abrirse a mecanismos de transparencia y control, ha seguido concentrando poder en la Corte Suprema de Justicia.

La CSJ decide traslados de jueces, influye en la carrera judicial y mantiene un control determinante sobre buena parte del sistema disciplinario. Ese poder concentrado explica fenómenos que en cualquier sistema judicial sano resultarían impensables. Jueces como Fredy Orellana, Abelina Cruz, Jimmy Bremer o Víctor Cruz han emitido resoluciones reiteradamente cuestionadas sin enfrentar consecuencias institucionales claras.

Al mismo tiempo, jueces considerados independientes o incómodos han sido removidos o trasladados. El caso del juez Villeda ilustra cómo el manejo de la carrera judicial puede reconfigurar tribunales completos y facilitar decisiones específicas, incluyendo la devolución de bienes extinguidos a figuras vinculadas a grandes casos de corrupción como Manuel Baldizón o Alejandro Sinibaldi. La Corte Suprema también ha jugado un papel clave en la protección de actores centrales del actual sistema de justicia, como la fiscal general Consuelo Porras o la magistrada Blanca Stalling.

Esto sucede porque el sistema judicial guatemalteco tiene muy pocos mecanismos reales de control interno. La reforma que propuso la CICIG buscaba precisamente corregir ese problema: equilibrar el poder dentro del sistema, fortalecer la independencia de la carrera judicial y evitar que un pequeño grupo de magistrados pudiera decidir el destino de jueces, fiscales y procesos. También propuso acabar con el mecanismo de Comisiones de Postulación para evitar la politización de la elección.

La consecuencia de haber bloqueado esa reforma es clara. Cada elección de magistrados se convierte en una batalla política; en un mercado de influencias y manipulación. Cada nombramiento responde a intereses espurios y no a la selección de los mejores perfiles.

Mientras el sistema judicial siga concentrando poder sin controles reales, cualquier cambio de nombres será apenas eso: un cambio de nombres, un reacomodo de alfiles.

La pregunta de fondo sigue siendo la misma que Guatemala lleva años evitando responder: ¿quién controla a los que controlan la justicia? Urge retomar la Reforma Constitucional del Sistema de Justicia y convocar al referéndum que permita a los guatemaltecos y guatemaltecas recuperar un derecho básico: tener un sistema de justicia digno, independiente y al servicio del bien común.