En Guatemala hay algo que funciona con precisión: el instinto de supervivencia de los que han tenido algún poder. Cuando se acercan los finales de los mandatos, el sistema se revuelve y agita para saltar de institución a institución, cual sillas musicales. Lo actores que saben que deberán pagar lo hecho al servicio de sus financistas y protectores.

En mayo termina el período de la fiscal general, Consuelo Porras. Pero si alguien pensó que eso significaba una salida tranquila, lo que ocurre en las últimas semanas demuestra el aferramiento a quedarse adentro del sistema. Lograr inmunidad -mejor dicho, impunidad-. Este no sólo es un deseo de protección de los actores que han ensuciado la justicia y destrozado las instituciones. Es también el deseo de quiénes hasta hoy disfrutan de poder cumplir venganzas y recuperar lo robado, amparados por las acciones u omisiones del Ministerio Público con la protección permanente de la Corte de Constitucionalidad. Más que despedida, lo que estamos presenciando es una operación de acomodo.

El apretacanuto que empieza a notarse en la entrega de expedientes para irse a sentar o quedarse en la próxima CC, empieza a enfrentar a los operadores del mal.

El primer frente es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Allí se decide mucho más que una elección gremial: se definen votos para comisiones de postulación, influencias en cortes y equilibrios dentro del sistema de justicia. Por eso la resolución de la Corte de Constitucionalidad que deja fuera a profesionales de carreras afines no es un detalle técnico. Es una forma burda de reducir el padrón y apoyar abiertamente la unidad de los operadores tradicionales ahora unidos en alianzas impensables, donde van mano a mano, durmiendo con su antiguo enemigo. La urgencia de protegerse y seguir ofreciendo los servicios a sus financistas (esos que no quiere la Embajada de EEUU con injerencia en las instituciones de justicia) elimina los pruritos de venganzas pendientes.

Pero el reacomodo no termina ahí.

Mientras la CC cuestiona la legalidad en unos espacios, la ignora en otros. La magistrada Leyla Lemus busca continuidad desde la representación de la USAC, a pesar de que el Consejo Superior Universitario arrastra cuestionamientos por el vencimiento de varios de sus integrantes y la negativa de aceptar a nuevos que no son de la corriente de Mazariegos. La Corte ha ordenado renovar autoridades universitarias, pero la respuesta ha sido la desobediencia en forma reincidente. Y el Ministerio Público, tan activo en otros casos, no ha mostrado mayor interés en perseguir esa violación a la Constitución. Irónicamente se presentan las dos magistradas para optar al respaldo de la USAC, sin vergüenza ni pena. Una sabiendo que es un proceso de ya viciado por el propio señalamiento que se ha hecho; y la otra, cobrando la factura de la omisión y la protección que ha otorgado con la intención de mudarse de silla a cambio de permitir el deterioro de la Universidad nacional.

Se comprueba que la búsqueda de la legalidad y la justicia no es la regla. Las sillas de las altas cortes son una herramienta para consolidar la impunidad y la protección de un sistema que ha intentado deteriorar el sistema de justicia y el orden republicano en beneficio propio y de sus financistas, en lugar de cimentar la institucionalidad y ofrecer garantías a los ciudadanos.

Durante años, la gestión de Consuelo Porras ha combinado dos estrategias: persecución intensiva contra adversarios y pasividad frente a aliados o figuras clave dentro del sistema. Ese uso selectivo del poder penal no solo ha tenido efectos políticos en el presente. También ha construido una red de intereses compartidos y al desprestigio internacional. Sigue procurando venganza contra los pueblos indígenas que repudiaron su actuación e impidieron el golpe de estado que ella lideraba. Ahora a los lideres perseguidos y encarcelados injustamente: Luis Pacheco y Héctor Chaclán, les receta al juez Fredy Orellana, operador recurrente en expedientes de alto impacto político.

Cuando el poder siente que el tiempo se le acaba, se reubica.

El problema es que este jueguito de cambiar de silla para protegerse no afecta solo a quienes están dentro del sistema. Afecta al sistema mismo. Porque cada vez que la ley se aplica selectivamente, cada vez que se reduce quién decide, cada vez que las sanciones dependen de la conveniencia política, la justicia deja de ser una institución y se convierte en un mecanismo de gobernanza mafiosa.

Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿cómo se reconstruye un sistema de justicia si quienes lo han usado para protegerse y proteger a otros, logran permanecer dentro de él?

Tal vez por eso la escena actual no parece una transición. Parece una mudanza.
No se están yendo.
Se están reubicando. Urge decirle Adiós a Consuelo.