El Congreso de la República como órgano del Estado y el poder legislativo como función se han corrompido en forma escandalosa. Ese proceso de deterioro se ha incrementado en las últimas tres legislaciones, por lo menos. En el primer caso, en lugar de establecer o al menos intentar un cierto balance con los otros dos poderes, persigue subordinarlos y hacer de ellos, especialmente del Ejecutivo, su títere mayor. Busca, por todos los fines y mal utilizando diversos mecanismos establecidos por las normas, sabotearlo para que, venido a menos, se convierta en objetivo de una diversidad de sectores interesados en mirar en el ojo ajeno y convertirlo en presa fácil.

En el caso de las funciones legislativas, el legislativo distorsiona, a propósito, tareas diseñadas como esenciales, como el control político y la fiscalización. En el primer caso, utiliza, hasta la saciedad, las citaciones e interpelaciones como medio extorsivos y paralizantes de la función pública. Más que control, persiguen estancar, minar el camino. En ocasiones, es cierto, presentan hallazgos de interés, pero que, en lugar de encaminar por la senda de la denuncia, son utilizados como instrumentos para sacar raja. En el segundo, aunque en algunos casos, las fiscalizaciones ponen al desnudo desmanes con los recursos públicos, también es cierto que el objetivo primario tiende a ser el espectáculo político, la teatralización del poder, la generación artificial de supuestos escándalos para llamar la atención de los incautos y desinformados.

Tanto de la dimensión del organismo, como de las funciones que le son propias, el Congreso de la República es una clara muestra de obstáculo sistémico a la democracia. Se ha desnaturalizado por completo, donde la representación política se ha transformado en una camiseta que se pone y se quita, y se intercambia con otras que son, en general, las que determinan los intereses primarios de la mayoría de “legisladores”. ¿Quiénes se sienten representados en el Congreso? A quiénes, en realidad, ¿representan los diputados? Dos preguntas aparentemente básicas, pero con respuestas complejas y no fáciles de responder.

Las aprobaciones de los decretos 7-2025 y 9-2025 son una clara muestra de las arbitrariedades que reinan en el Legislativo. Ambas persiguen generar mayor discrecionalidad y poder a los diputados; pero en esencia, dejar claro que constituyen el eje de poder real, que pueden hacer y deshacer a su gusto y gana. Si bien las dos leyes persiguen erosionar y colocar en segundo plano al Ejecutivo (ente a su servicio), lo más preocupante radica en que son evidentes muestras del desprecio que le tienen a la sociedad en su conjunto.  Está por verse si el presidente veta ambas, lo cual es deseable; factor que inauguraría un nuevo ciclo de tensiones.

Pero, ojo, no se conforman con ese tipo de resultados. Van por más. La agenda de corto plazo puede ser beneficiosa para los actores que mueven las manijas de las lógicas dominantes en el Legislativo (discusión del proyecto de presupuesto 2026, elección de Junta Directiva, elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, entre otras decisiones relevantes).

Los vientos son favorables para el quiebre total de la representación política diseñada desde la visión democrática y el ascenso del autoritarismo legislativo. Usurpan y manosean un espacio creado para otras finalidades.