La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) expresó su preocupación por las recientes restricciones implementadas en los portales digitales del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), particularmente en Guatecompras, y advirtió que las medidas pueden dificultar la fiscalización ciudadana y el trabajo de investigación de la prensa independiente.
El 16 de agosto de 2024, eP Investiga reveló que un solo abogado representaba legalmente a más de 200 empresas implicadas en una estructura que había defraudado al fisco por más de Q300 millones, diez veces más de lo evadido por la red La Línea, convirtiéndolo en el caso más grande en la triste historia…
Instituciones públicas de Guatemala usan tecnología de videovigilancia de las marcas chinas Hikvision y Dahua. Ambas están señaladas y sancionadas por violaciones a derechos humanos del pueblo indígena Uigur. Estados Unidos, la India y países de Europa han presentado acciones para intentar frenar su uso. Mientras, las dos empresas se han vuelto populares en varios países de América Latina.
Guatemala compra reconocimiento facial y videovigilancia con IA sin control ni ley de datos, lo que expone una serie de riesgos para la ciudadanía y el cumplimiento de derechos humanos. Pero además, el Estado gasta millones de quetzales en compras troceadas, mediante procedimientos que no son todo lo transparentes que la normativa internacional demanda. Varias de estas contrataciones se han hecho a empresas señaladas y con vínculos cuestionables.
¿Qué debería recibir un vecino a cambio de pagarle hasta Q110 mil mensuales a su alcalde? La pregunta es obligatoria en municipios de 60 mil, 65 mil o 200 mil habitantes, donde algunos jefes ediles tienen ingresos anuales superiores a los de autoridades que gobiernan ciudades habitadas por millones de personas, mientras sus vecinos siguen demandando mejores servicios municipales.
Falta de transparencia y discrecionalidad, son algunos de los hallazgos documentados por Acción Ciudadana (AC) en un informe sobre las remuneraciones obtenidas por alcaldes de municipales hasta junio de 2026, en el cual también se detalla como algunos jefes ediles obtienen ingresos por arriba de los Q100 mil. Esto contrasta con otras municipalidades que no cumplen con publicar dicha información.
El Ministerio de Gobernación (Mingob), a través de la Policía Nacional Civil (PNC), otorgó en marzo de 2026 un total de siete adjudicaciones fraccionadas a la empresa Distribuidora AMG, Sociedad Anónima, la cual pertenece a Luis Amílcar García González, excandidato a diputado del partido Vamos. Estos nuevos contratos se suman a los adjudicados en 2024 a este proveedor por más de Q19 millones.
El Congreso de la República como órgano del Estado y el poder legislativo como función se han corrompido en forma escandalosa. Ese proceso de deterioro se ha incrementado en las últimas tres legislaciones, por lo menos. En el primer caso, en lugar de establecer o al menos intentar un cierto balance con los otros dos…
En medio de señalamientos en contra del Ministerio de Comunicaciones (CIV) por la situación de la red vial del país, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que los diputados hostigan al Ejecutivo en lugar de fiscalizar.
Las autoridades militares descartaron ofertas más económicas para adjudicar el contrato a Chipcom, una empresa que no cuenta con la autorización del Inguat para operar como agencia de viajes de turismo emisor, lo que podría violar la legislación nacional al vender boletos al Estado y genera dudas sobre la transparencia del proceso de licitación.
