El libre acceso a la información pública está garantizado por el decreto 57-2008. Este es un derecho fundamental que facilita a cualquier ciudadano la obtención de información sobre las instituciones del Estado o bien sobre cualquier entidad que maneje fondos del erario.

De alguna forma, este derecho está respaldado en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala que textualmente dice: “Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones o certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.

Así las cosas, el Estado está obligado a facilitar cualquier información que exista sobre sus manejos, de toda índole, excepto aquella que pueda atentar contra la seguridad nacional. De allí que se especifiquen los asuntos militares o los diplomáticos con esa característica.

Pero a qué viene el tema, se preguntará usted. Y yo le digo que se debe a que, en el portal de Guatecompras, del Ministerio de Finanzas -Minfin-, se han hecho recientes publicaciones que desdicen la buena voluntad del Estado por facilitar el acceso a la información que antes era notoria en ese portal.

Resulta que ahora es imposible, al menos para los menos duchos en el manejo de espacios digitales, ingresar a la base de datos de proveedores del Estado. El Minfin, por supuesto, da sus explicaciones sobre el acontecimiento que ha sido objeto de múltiples críticas y asegura que procedió para hacer más eficiente la utilización de dicho espacio. Además, que actuaron como respuesta a quejas de personas que se molestaban por la publicidad de sus datos.

La explicación oficial no parece convencer a la mayoría y yo me cuento entre ese grupo. La Asociación de Periodistas de Guatemala -APG-, por ejemplo, emitió un comunicado en el que expresa su inconformidad con los cambios que considera atentatorios contra el libre acceso a la información pública. De acuerdo con la máxima entidad de prensa del país, “Toda medida administrativa que restrinja o limite la búsqueda y verificación de datos referentes a contrataciones, proveedores e inversión estatal constituye una censura indirecta a la labor periodística y a la auditoría social indispensable en una democracia”.

Y yo agregaría que no sólo se censura la actividad periodística sino también el derecho de todo ciudadano a tener información sobre el manejo transparente de los recursos del estado que se alimentan con los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos.

Es necesario y urgente que el Minfin retome la ruta por la que venía transitando, porque este tipo de acciones conducen a pensar que lejos de fomentar la transparencia, este gobierno, en el que muchos pusimos nuestra esperanza de cambio hacia una real democracia, no hace sino actuar como los que tanto ha criticado.

La ley de Acceso a la Información Pública es clara en cuanto a los datos personales y sensibles, por lo que no hay por qué perderse en ese tema como para usar la excusa de las quejas personales si el portal de Guatecompras venía funcionando sin problemas desde hace años.

Siempre vi a Jonathan Menkos como un profesional capaz y digno de conducir el Minfin bajo las estrictas normas de la transparencia, pero parece que me equivoqué en mis valoraciones, pues resulta que ni ex ministros de gobiernos sumamente criticados llegaron a esos extremos.

Es de suma importancia que el gobierno piense detenidamente en lo que hace, pues lejos de pasar a la historia como muchos esperábamos, como una administración diferente, honesta y transparente, terminará siendo más de lo mismo y eso sí sería lamentables.

Es más, alguna vez pensé que este gobierno tenía la oportunidad de ser el primero con un partido político que, habida cuenta sus expectativas, podía llegar a ser el primero en la historia electoral en repetir una victoria. Pero sus acciones, colmadas de errores y tibiezas, lo llevaron a la desaparición del partido original (Semilla) y un agrietamiento interno que ha dado como resultado el surgimiento de Raíces que, por los tiempos, parece casi imposible de contar con la aprobación legal que le permita participar en las elecciones del próximo año.

Ojalá, pues, reaccionen a tiempo y, al menos, terminen la gestión y se retiren con honor y no con un lastre de desprestigio que ha sido la marca de casi todo el que ha ganado y gobernado a este país que ya merece encontrar conductores de altura, honestos y que lo lleven por el camino del desarrollo, el crecimiento y el BIEN COMÚN.