Las élites guatemaltecas han encontrado finalmente el espacio cómodo para moverse en Washington: la política -por llamarle de alguna manera- basada en la transacción y el dinero. Ese si es un lenguaje conocido para los que se sienten aún, dueños de la finca.

Bufetes de lobby, operadores políticos y redes de influencia han invertido muchos recursos para asegurar que los magistrados que decidirán el futuro del país respondan a intereses muy concretos. Millones de dólares han cruzado las fronteras en manos de testaferros de mayor o menor calidad, para abrir puertas en el Congreso estadounidense, influir en diplomáticos y moldear narrativas que luego terminan pesando en decisiones políticas dentro de Guatemala. En el sistema actual hay algo que todos entienden bien: controlar las cortes es una inversión para garantizar protección en el corto plazo, esperando nuevos horizontes electorales, donde piensan que retomarán el régimen de impunidad de los años pasados.

Lo ocurrido en los últimos días alrededor de la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad lo demuestra con claridad. Ha sido confirmado por diputados que el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos habría contactado directamente a congresistas para pedir apoyo a un candidato específico. Al mismo tiempo, congresistas estadounidenses publicaban mensajes ambiguos exhortando a votar “correctamente”.

La influencia de Washington en Guatemala no es nueva. Durante décadas la embajada estadounidense ha tenido un peso indiscutible en la política nacional. Pero lo que estamos viendo ahora tiene un tono distinto: más directo, menos diplomático y mucho más cercano al estilo transaccional que domina hoy la política en Estados Unidos.

El poder en Washington funciona cada vez más como un mercado de influencia. Firmas de lobby, consultores políticos y exfuncionarios venden acceso a congresistas y centros de decisión. Quien paga obtiene cercanía. Quien tiene cercanía gana capacidad de influir. La política no es más que una transacción, donde intermediarios y tomadores de decisiones ganan. No hay principios, solo billetes.

En ese mercado participan activamente actores guatemaltecos. Durante años distintos grupos económicos han contratado firmas de lobby en Estados Unidos para proteger intereses políticos y empresariales. Millones de dólares se invierten para moldear percepciones, abrir puertas en el Capitolio y construir relaciones que luego terminan influyendo en decisiones dentro del país. Detrás de muchas de esas gestiones aparecen operadores que han hecho precisamente de esa intermediación su negocio: vender conexiones en Washington. Ese tipo de operadores prospera cuando la política se vuelve transaccional.

Para las élites económicas (lícitas e ilícitas) que financian estas redes, las cortes son una inversión estratégica. De ellas dependen licencias, conflictos territoriales, concesiones, disputas contractuales y decisiones que pueden afectar intereses económicos. Por eso no se buscan necesariamente juristas independientes. El concepto de idóneo significa tener operadores confiables y que cuiden mis intereses. Y por supuesto, hay lamentablemente, magistrados que comprenden la lógica de ese sistema de relaciones transaccionales y responden y se lucran con ella. Personas sin ética, dispuestas a proteger el modelo económico que ha permitido a ciertas élites acumular poder durante décadas.

Las consecuencias se reflejan en decisiones judiciales que siguen favoreciendo consistentemente a los sectores más poderosos. Unos ejemplos recientes lo ilustran bien: la CC declaró válida la asamblea de la ANAM, donde sólo se permitió competir a una única lista, la de su presidente, que fue “reelecto”. Por otra parte, la CC decidió eximir a las empresas constructoras responsables del paso a desnivel de Chimaltenango, de restituir al Estado los recursos pagados por una obra ampliamente cuestionada. Qué raro, una vez más se cruzan el cemento y la compra de impunidad, directamente o a través de “lobby”.

Frente a este escenario no hay que olvidar algo fundamental. Hace apenas dos años Guatemala vivió uno de los movimientos ciudadanos más importantes desde la firma de los Acuerdos de Paz. Durante semanas, pueblos indígenas, autoridades comunitarias y amplios sectores sociales defendieron en las calles el respeto a la voluntad popular y exigieron algo elemental: instituciones legítimas que respondan al país y no a redes de corrupción. Ese clamor sigue vigente. Las comunidades que defendieron la democracia en 2023 no lo hicieron para que las cortes vuelvan a quedar en manos de los grupos económicos que viven del extractivismo y la violencia.

Por eso la decisión presidencial adquiere hoy un significado histórico. El magistrado que el presidente nombre para la Corte de Constitucionalidad no solo ocupará un asiento en el tribunal. Representará una posición frente a este sistema de presiones, lobby y dinero que busca perpetuar la captura de las instituciones.

No es un momento para gestos diplomáticos ni para equilibrios de consenso con quienes han arrebatado pagando, la imparcialidad de las Cortes. El presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar la última batalla por una Corte de Constitucionalidad que responda a la sociedad guatemalteca y no a las redes que durante años han convertido la justicia en una inversión para quienes tienen el dinero necesario. Debe elegir personas dispuestas a jugarse por una justicia independiente y bloquear y denunciar las componendas que se dan en el seno de la CC.

El lobby puede comprar acceso. El dinero puede comprar influencia. Pero la sociedad está esperando una respuesta frente al futuro hoy incierto. Queremos héroes que luchen por defender el derecho de quiénes solo esperan una justicia igual para todos. Reflexione presidente. La lectura ha cambiado. No nos deje en manos de esos impunes sentados con presiones y dinero, para seguir criminalizando a unos y dar respaldo a quienes han despojado al país de los recursos para el desarrollo. Usted puede y debe salvarnos.