Nuevamente el presidente Arévalo no la tiene fácil. Las reformas a la ley del IUSI le colocan una fuerte presión. Una acción impulsada por bancadas de oposición, con varias intenciones. Desde poner el jaque el Ejecutivo y congraciarse con amplios segmentos de la población con interés clientelar y oportunista, hasta provocar el desfinanciamiento de municipalidades donde los bloques impulsores de la reforma no tienen sus bastiones electorales, y donde, por el contrario, buscan así asestar fuertes golpes a tres figuras políticas en ascenso (zafar la alfombra), Quiñónez (Guatemala), Siero (Santa Catarina Pinula) y Bran (Mixco). En el último caso, destaca que hasta el bloque CREO le dio la espalda a su supuesto candidato presidencial.

Ahora, ¿qué podrá hacer el mandatario? Si sanciona la ley, se percibirá la decisión como respaldo a las bancadas de oposición permanente (UNE, CABAL, Todos, VAMOS, entre otros. Hasta el oficialismo votó a favor de las reformas. Además, y representa el punto medular, la ciudadanía (los beneficiados con la eliminación del IUSI) y los propietarios de inmuebles para actividades comerciales, respaldan la medida porque impacta directamente en sus finanzas.

Pero el escenario cambia diametralmente si la deroga. La población tendría una razón más para aumentar su descontento, por impopular. El asedio de los promotores (oposición) se incrementaría. Quedaría bien con los alcaldes, pero ese apoyo, en términos políticos del momento no son esenciales; la única agenda por afectarse sería la suerte de pacto establecido con el alcalde capitalino para impulsar proyectos controversiales (metro y aerómetro). Además, en este caso, el proyecto de ley retornaría al Congreso, donde se volverían a contar con los votos necesarios para su promulgación, quedando el presidente como actor secundario.

Un factor adicional, los sectores afectados podrían presentar recursos ante la Corte de Constitucionalidad, que probablemente no modificarían la ruta final, pero crean volatilidades difíciles de administrar, más cuando las motivaciones y reconfiguraciones electorales han hecho su entrada en escena.

Pero la cosa no queda allí. En la misma jornada, se aprobados dos decretos más. De urgencia nacional, el Decreto 19-2026 (ampliación del plazo para el pago del Impuesto de Circulación hasta el 31 de diciembre) y el Decreto 17-2026 (reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral) que garantiza mantener el aporte económico a exmilitares. Ambos presionan las finanzas públicas, uno al aplazar un importante flujo de recursos al erario, y otro, para afectar en materia de gasto. Una ecuación de este tipo dificulta contar con los recursos para hacer frente a la joya de la corona, el subsidio al precio de los combustibles, iniciativa presentada recientemente por el oficialismo. Ambos decretos son difíciles de derogar, por el costo político que implica en un escenario precario.

Este cocktail de elementos conforman el preámbulo para el capítulo anualmente esperado, el presupuesto del 2027. Este es más que la guinda al pastel; da sentido y orientación al plato en general y configura las rutas y posibilidades, tanto para la etapa final de la administración, como para las fuerzas que se disputarán los enormes montos de recursos en juego.

El conjunto de factores expuestos me recuerda el concepto de captura del estado, el cual sigue vigente, fuerte, amplificado y con músculo suficiente para su reproducción constante.