Tras la comparecencia en una corte de Nueva York del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, se sigue escribiendo y conversando mucho sobre el Cartel de los Soles de Venezuela, pero nadie se ocupa sobre su documentada presencia en Guatemala, que es lo que, de verdad, nos debería interesar más. El silencio sobre el crimen nunca es bueno.

Empecemos por una breve historia del Cartel de los Soles para luego descender al Xibalbá guatemalteco, tanto en los aspectos de la droga que de Venezuela llegó aquí, como de la inversión millonaria de ese Cartel y de Maduro en un banco del sistema, que son aspectos bien conocidos y documentados, tanto por las agencias de los Estados Unidos como por la inteligencia de los gobiernos de Guatemala y de periodistas de investigación. Los lectores deben conocer estas verdades.

El Cartel de los Soles empezó a operar en Venezuela a finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, dentro de la presidencia del teniente coronel Hugo Chávez (1999-2013), fundador del Socialismo del Siglo XXI. Más que como un grupo organizado, como lo son los otros carteles de la droga de Colombia o México, surgió de manera informal entre mandos bajos y medios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (el ejército de Venezuela), quienes recibían sobornos de los narcotraficantes colombianos para ingresar y mover la droga por Venezuela, lo cual luego recibió el beneplácito, no escrito, tanto de los presidentes Hugo Chávez, quien en 2005 expulsó a la DEA, como, tras su muerte de cáncer, de su sucesor Nicolás Maduro Moros, quien se mantuvo en la presidencia por medio de fraudes electorales. Permitir esos sobornos fue una forma de comprar lealtades dentro de las filas castrenses (altas, medias y bajas) y dentro de mandos civiles y asegurarles una remuneración bastante más atractiva que el sueldo oficial. Tener contentos a los hombres de uniforme militar para evitar golpes de estado ha sido una estrategia presidencial de larga data en el mundo. No es algo nuevo bajo el sol.

En la medida que los gobiernos colombianos de época, especialmente bajo la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010), presionaron a los narcotraficantes, en forma creciente estos buscaron y encontraron refugio en Venezuela.

Pasado el tiempo, los militares venezolanos empezaron a comprar, almacenar, transportar y exportar la cocaína, porque se trataba de un negocio ilícito más lucrativo que solo recibir sobornos por dar protección a los narcotraficantes colombianos. El Cartel de los Soles ha sido permitido y apoyado, pero su estructura es irregular y descentralizada. Diosdado Cabello, ministro de lo que aquí sería el ministerio de gobernación y con poderes amplios en Venezuela, ha sido señalado como el supuesto jefe de jefes.

Dentro del imaginario antiyanqui de los más altos funcionarios del chavismo, la guerrilla colombiana era aliada para agenciarse de fondos cuantiosos y para llevar droga a Estados Unidos para causarle daño a la población estadounidense, especialmente a los jóvenes. Este sería un imperativo antiimperialista. Mataban dos pájaros de un tiro.

Tras diversas capturas fuera de Venezuela y la entrega de mandos venezolanos que revelaron el modus operandi del Cartel de los Soles, Estados Unidos fue construyendo el mapa de la droga manejada y transportada en Venezuela. Entre otros altos mandos del chavismo que terminaron en Estados Unidos podemos mencionar a Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Hugo Chávez y de Diosdado Cabello, y de Hugo (el Pollo) Carvajal, general del ejército bolivariano y director de general de contrainsurgencia militar.

En 2015, un hijo adoptivo y un sobrino de la vicepresidenta Cilia Flores fueron capturados en Estados Unidos cuando intentaban contrabandear 800 kilogramos de cocaína proveniente de Venezuela.

Un informe de la ONU de 2020 ya se ocupaba de esta red informal de narcotráfico, la cual mantenía nexos no oficiales con otros grupos delincuenciales como el Tren de Aragua.

Previo a la captura, según Estados Unidos, y secuestro, de acuerdo con los chavistas de Nicolás Maduro y su esposa, el pasado mes de noviembre el gobierno de Trump había ya designado al Cartel de los Soles como organización terrorista, al igual que también lo realizaron Argentina, Ecuador, Paraguay y República Dominicana. También el gobierno estadounidense había ofrecido 50 millones de dólares de recompensa por información que condujera a la captura de Maduro y la mitad por Diosdado Cabello. Recompensa que no se sabe si ahora será necesario entregar. Entretanto, Maduro y su esposa y ex primera dama, ya comparecieron ante una corte en Nueva York, donde se declararon inocentes.

Pero volvamos un poco atrás. Aunque la mayor parte de la droga sudamericana no pasa por Venezuela, las autoridades estadounidenses han estado preocupadas por los nexos creados con Irán, especialmente durante los gobiernos de Maduro, y supuestamente también con grupos terroristas del Medio Oriente. En este tema, realidades y fantasías caminan de la mano. También fue importante la consideración del apoyo petrolero venezolano a Cuba, que ha evitado la quiebra total de la economía de la isla, y las ventas de petróleo a Irán y otros países, violando las sanciones internacionales impuestas por el gobierno de Trump. Reiteradas veces, el gobernante estadounidense se ha referido al necesario control de su país del petróleo venezolano, que tiene una de las mayores reservas del mundo, el cual no podía estar en mano de narcotraficantes, sino en las suyas.

Una de las formas ideadas por el chavismo para el envío de la droga a Estados Unidos fue por medio de naves aéreas que partían de Venezuela y que ilícitamente aterrizaban, entre otros países. En Guatemala, llegaron a partir de los dos últimos años del mandato presidencial de Jimmy Morales, que fueron de 2018 a 2020, y durante los de Alejandro Giammttei (2020-2024). Guatemala era solo un país de paso.

Solo en el 2019 (siendo Jimmy presidente) el ejército de Guatemala reportó 54 aeronaves que aterrizaron irregularmente en el país, las cuales cuando la fuerza pública llegó al lugar del aterrizaje, solo encontró las naves quemadas. Un dato interesante fue que no solo se trasportó cocaína, sino también precursores químicos, como se evidenció con una nave accidentada en mayo de 2018, durante el segundo año de mandado de Jimmy Morales.

Durante el gobierno de Giammattei, en 2020 se reportaron 38, en el 2021, 17, en el 2022, solo nueve, que aterrizaron en Guatemala. Luego, se cambió la ruta de trasiego. Así, en 2023, último año de Giammattei, se redujo a tres.

Ya en ese año, Venezuela había creado otras rutas menos evidentes. En 2025, el gobierno de Trump hizo público que siendo presidente Giammattei suspendió el plan antidroga que Guatemala tenía suscrito con Estados Unidos, para el trabajo conjunto en este campo.

Con respecto a las naves que aterrizaron y que los narcotraficantes luego quemaron, nadie duda que habría acuerdos entre narcotraficantes y autoridades guatemaltecas para apagar radares, alterar reportes de vuelo, asegurar construcción en propiedad privada de pistas de aterrizaje llamadas “clandestinas”, facilitar el escape de los narcotraficantes o demorar la llegada de la fuerza pública a los lugares de aterrizaje, donde luego solo se encontraban las naves quemadas. Los gobiernos aseguraban que nada podían hacer para prevenir esos aterrizajes, decían no tener capacidad de prevención ni de reacción, en parte porque ocurrían de noche y, con frecuencia, en lugares selváticos del Petén. La fiscalía nunca realizó investigaciones profundas y conclusivas de los colaborares y beneficiarios locales. La impunidad lo cubría todo. Las naves podían seguir aterrizando.

Con resultados mixtos, las agencias de Estados Unidos conocieron bien los hechos y sus beneficiarios, así como también comprobaron la negligencia de la fiscalía guatemalteca, fuera por incapacidad o por algún aparentemente sospechoso interés en no llevar adelante alguna investigación, como públicamente lo lamentó la actual fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi.

Otro hecho perverso y bien documentado por las agencias de Estados Unidos fue la nunca investigada por la fiscalía guatemalteca de la supuesta inversión del Cartel de los Soles y Nicolás Maduro de 22 millones de dólares en compra de acciones preferentes de un banco del sistema, el cual es conocido por otros hechos delictivos y públicos. En el juicio a Maduro y su esposa, ¿saldrán a flote y serán públicos estos hechos ocurridos en Guatemala o quedarán reservados para otros casos? No me apresuro a conjeturar. Yo solo he referido hechos, no opiniones. De momento, nadie puede adelantar nada. Al tiempo le corresponde dar todas las respuestas que hoy ansiosos quisiéramos ya conocer.

Pero, entre tanto, concluyo señalando que así se bate el chocolate en Guatemala, chocolate que, por cierto, es muy sabroso tomar en esta época de frío.