Hace algunos días me enteré de que puedo publicar —o republicar— «Pedro Páramo» y no pasa absolutamente nada; total, Rulfo ya ni está con nosotros. Ese, más o menos, fue el nivel del argumento con el que Consuelo Porras respondió al señalamiento de plagio en su tesis doctoral: que solo Benigno Ramírez Choc, autor de la obra presuntamente copiada y fallecido desde hace años, o sus sucesores, podrían reclamar. Como si la ética tuviera ventanilla, como si el plagio fuera un asunto privado entre fantasmas y no una señal pública de deshonestidad.

Doña Doctoral no negó de frente lo importante. No dijo: «eso no está copiado». No dijo: «aquí están mis borradores, mis notas, mi proceso de investigación». Lo que hizo fue algo más elegante, más criollo, más nuestro: envolver el problema en leguleyadas. Alegó que revisar su tesis sería una «intromisión» de la Comisión de Postulación en competencias ajenas; advirtió incluso posibles responsabilidades administrativas y legales para los comisionados que se atrevieran a mirar demasiado; y recicló prácticamente la misma defensa que ya había usado en 2022. Ni siquiera se tomó la molestia de innovar: según este medio, eP Investiga, la carta enviada este marzo era casi idéntica a la de hace cuatro años, con el mismo error gramatical incluido. Copia y pega para defenderse de un caso de copia y pega: una obra coherente, hay que reconocerlo.

El asunto no nació ayer. En julio de 2021, el académico Marco Fonseca hizo público que la tesis doctoral de Porras copiados de la tesis de licenciatura de Benigno Ramírez Choc. La Hora publicó entonces ejemplos de párrafos prácticamente idénticos y recogió la afirmación de Fonseca de que había una copia «total y literal». Desde entonces, la respuesta institucional no ha sido aclarar, sino administrar el escándalo.

Y, sin embargo, en Guatemala hasta el bochorno encuentra padrinos. El 24 de marzo de 2026, la Comisión de Postulación desvaneció la tacha por plagio con 14 votos, mientras el decano de la Universidad Mariano Gálvez, Luis Ruano, se abstuvo por la implicación directa de esa casa de estudios. La escena es casi costumbrista: una acusación grave, una defensa floja, una comisión complaciente y una maleta de documentos como utilería de respetabilidad. A veces uno no sabe si está viendo un proceso de evaluación o una reposición mal montada del teatro nacional.

Lo más revelador del episodio no es solo la sospecha de plagio, sino la naturalidad con la que se pretende volverla irrelevante. Como si robar ideas fuera una travesura universitaria y no un síntoma moral. Como si la apropiación del trabajo ajeno dijera nada sobre la idoneidad de quien aspira, por tercera vez, a dirigir la persecución penal de un país. Porque ese es el centro del asunto: no se trata de un pie de página mal puesto, ni de una cita olvidada en una madrugada de estudiante. Se trata de la honorabilidad de una funcionaria que quiere seguir al frente del Ministerio Público, como si ocho años de descomposición no bastaran y como si el país todavía debiera agradecerle la obstinación.

Hay algo incluso literario en todo esto. Consuelo Porras invoca a los muertos para blindarse: como el autor original ya no vive, pareciera sugerir, el reclamo también debería enterrarse con él. Qué solución tan conveniente, tan tropical, tan administrativamente necrofílica. Bajo esa lógica, bastaría con esperar lo suficiente para que cualquier falta se vuelva respetable. No habría plagio, sino paciencia. No habría deshonestidad, sino prescripción sentimental. Y así podríamos fundar, de una vez por todas, la República del Archivo Muerto, donde los expedientes descansan, las tesis se heredan y la vergüenza no comparece nunca.

Pero el problema de los muertos es que, a veces, hablan. Habla el texto original. Hablan las similitudes. Habla el silencio de quien no desmiente de fondo. Habla también la prisa con que se quiere cerrar el tema cada vez que reaparece en un proceso de elección. Y habla, sobre todo, una vieja costumbre nacional: la de convertir cualquier escándalo ético en una discusión procesal, cualquier evidencia en formalismo, cualquier desvergüenza en tecnicismo. En Guatemala no siempre se absuelve a la inocencia; muchas veces, simplemente, se fatiga a la verdad.

A estas alturas, el problema ya no es solo Consuelo Porras. El problema es el ecosistema entero que escucha una defensa así y asiente con gravedad, como si estuviera ante Ulpiano y no ante un mal resumen de derecho de autor. El problema es una élite que confunde credenciales con méritos, cartones con conocimiento, solemnidad con decencia. Y el problema, también, es el mensaje: que se puede copiar, intimidar, perseverar y aun así pedir otro turno en el poder. Todo con toga, firma y sello.

Al final, quizá sí tenía razón Doña Doctoral en una cosa: los muertos importan. Importa el autor muerto al que no pueden preguntarle nada. Importan las instituciones muertas que ya no se ruborizan. Importa la ética muerta que ya no distingue entre un error y una apropiación. E importa, muchísimo, esa república nuestra donde hasta el plagio puede presentarse como mérito curricular, siempre que llegue bien empacado en una maleta y acompañado por suficientes votos. La pregunta, entonces, no es si una tesis plagiada descalifica a una candidata. La pregunta es más incómoda: ¿qué clase de sistema sigue considerando elegible a alguien que, ante una acusación así, responde como si la culpa hubiera muerto junto con el autor?