El Ejecutivo dio un paso importante al presentar al Congreso de la República la iniciativa de Ley Integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo. La propuesta puede convertirse en factor de especial importancia, ya que las temáticas que aborda la propuesta son parte integral de la criminalidad sistémica que se reproduce día a día en el país. Mejorar los controles y colocar contra las cuerdas a todos los sujetos implicados en las actividades criminales es un imperativo de primer orden.

Pero para que la iniciativa lleve a buen puerto, la presentación de la iniciativa es solamente un paso, que podría quedar solo en ello. Para que se apruebe, deben suceder varios pasos; más, en un organismo donde el núcleo duro de los actores protagónicos, los diputados, está integrado, precisamente, por representantes de las actividades ilícitas que la iniciativa pretende enfrentar. La iniciativa va contra corriente.

El lavado de dinero u otros activos se ha profundizado; sus manifestaciones son más que obvias. Aunque la iniciativa no es lo suficientemente abarcadora como se deseara, da varios pasos adelante con relación a la normativa actual. 

El Ejecutivo plantea un objetivo ambicioso: lograr la aprobación de la Ley en el segundo período de sesiones de 2025, cuando agenda del legislativo se complica por discusión de asuntos prioritarios para la mayoría de los legisladores: a) Proyecto de presupuesto 2026; b) Junta Directiva 2026-2027; c) Discusión de otras iniciativas (como la planteada por dos diputados “oficialistas” para la agilización de la inversión pública. Además, el Congreso está sumido en un escenario de ingobernabilidad. Las prioridades indicadas, más los intereses tras los procesos determinantes de 2026 y los vientos preelectorales 2027, son factores de especial interés para gran número de diputados. La iniciativa de ley antilavado contribuye a agitar las aguas, por lo que la tendencia es ubicarla al final de la lista de la agenda; siempre que no sucedan acciones de presión que permita que el proyecto de ley se ubique en un lugar predominante.

Cabe destacar que el Ejecutivo no cuenta con una bancada u operadores en el Congreso que promuevan la iniciativa. Sin impulsores, su aprobación se presenta cuesta arriba. Además, la mayoría de los diputados opera con base en incentivos políticos y materiales. El proyecto no se aprobará, a menos que haya incentivos. ¿El presupuesto 2026 o la iniciativa para flexibilizar la ejecución de recursos, pueden ser parte del intercambio? Eso está por verse, pero sería lamentable recurrir a transacciones de ese tipo para aprobar una ley que va en sentido contrario.

Es importante destacar que la implementación de la ley requiere una institucionalidad fuerte, alineada e independiente; todo lo contrario al momento actual. La ley depende de las correlaciones que resulten de los procesos 2026, especialmente de los vientos que soplen en MP y CC.

Tarde o temprano el proyecto dará de sí. Una de las principales macrotendencias globales es el fortalecimiento de los mecanismos contra el lavado de activos. Guatemala se puede retrasar, pero no negarse a esa realidad.

Se debe ser consciente que el margen de tiempo es corto. O la ley se aprueba en el corto plazo (margen hasta mayo 2026), o se “trasladaría” a la siguiente legislatura. Los procesos 2026 y las elecciones generales 2027 llenarán gran parte de la agenda política.

La iniciativa es interés prioritario para el gobierno EE. UU. La presión política no se hará esperar. No olvidemos que el lavado es parte de una agenda mayor, de seguridad nacional. Además, la iniciativa contempla un apartado relacionado con financiamiento del terrorismo, componente vital en la geopolítica global.