En Guatemala el sufragio es voluntario y por lo tanto ninguna persona puede ser sancionada por no acudir a las urnas.

En consecuencia, el empadronamiento automático no impone una obligación; simplemente elimina una barrera administrativa que hoy impide que miles de ciudadanos, especialmente los jóvenes, ejerzan un derecho, si así lo desean.

Es realmente inconcebible que un derecho humano y democrático no facilite el acceso al padrón, sino por el contrario lo dificulta.

En otras palabras, resulta más lesivo para la democracia que un ciudadano deba enfrentar obstáculos burocráticos para ejercer un derecho político, que brindarle la oportunidad de quedar habilitado desde el momento en que adquiere la ciudadanía plena mediante la obtención de su DPI.

El Estado de Guatemala, debería replantearse cómo facilitar la obtención de un derecho, que fortalezca la democracia y con ello dejar atrás un criterio tan absurdo como el que actualmente impera.

Obtener un derecho que puede o no ser utilizado no es sinónimo de imposición.

En esencia, debería preguntarse ¿cómo garantizar que cada ciudadano, cada joven tenga la posibilidad real y efectiva de participar en los procesos electorales?

La democracia moderna se construye eliminando barreras, no creando nuevas.

En conclusión, resulta razonable pensar en reformas que permitan que el trámite del DPI y el empadronamiento caminen de la mano, estableciendo mecanismos claros para que las personas elijan libremente, si desean o no ejercer el voto.

El derecho seguiría siendo voluntario; la diferencia es que ya no estaría condicionado por trámites adicionales.

Es fundamental dejar muy claro, que el empadronamiento automático a los jóvenes y la ciudadanía en general no es un acto de imposición. Es un acto de inclusión democrática que refuerza el Estado de derecho.

La pregunta detrás de todo esto, es ¿será que existen razones poco éticas y con intereses ocultos detrás de esta lógica de “imponer” un derecho al momento de obtener el documento personal de identificación?

¿Será que los partidos políticos que practican esa política sucia y tradicional desean lograr exactamente el efecto contrario?

¿Será posible que el interés verdadero sea que dicha juventud quede fuera y no vote y así lograr que siga vigente esa fuerza oscura que toma decisiones nefastas para el país?

Son preguntas que habría que plantearse con mucho más énfasis, pues resulta contraproducente y fatal aceptar que una democracia pueda darse el lujo de seguir perdiendo la voz de toda una generación.

Es de suma importancia abrir con más fuerza este diálogo, plasmarlo con seriedad dentro de las instancias que toman las decisiones y con urgencia, lograr que las brechas institucionales sean cerradas; o al menos aminorarlas, para lograr que este derecho sea realmente ejercido y respetado.