La crítica mordaz de que “las carreteras no se comen”, atribuida a Alfonso Portillo, fue entendida  en su momento como un rechazo a priorizar obras de infraestructura en favor del gasto social inmediato: lo que realmente “alimenta” a la gente es la comida, no el asfalto. Hoy puede leerse al revés. En Guatemala se ha vuelto costumbre reducir la discusión sobre infraestructura vial a presupuestos aprobados, contratos firmados y porcentajes de ejecución financiera. Como si una carretera apareciera cuando se aprueba una asignación, como si un puente existiera tan solo con firmar el contrato, o como si el desarrollo pudiera medirse por el gasto reportado al cierre del año.

Una carretera se come cuando la inversión en infraestructura se convierte en menos tiempo perdido, menos accidentes, menores costos y mayor productividad. Sin embargo, cuando el debate deja de preguntarse qué resultados produce el gasto vial y se reduce a evaluar porcentajes de ejecución financiera, la frase deja de ser simple ocurrencia política y se convierte en diagnóstico incómodo: el gasto en carreteras no representa beneficio alguno para la población si no se transforma en inversión verdaderamente productiva.

No se niega que la baja ejecución sea un problema, pero tampoco conviene convertirla en el diagnóstico principal. La ejecución financiera dice algo sobre la capacidad administrativa de mover recursos, pero dice muy poco sobre la entrega efectiva de carreteras funcionales. Guatemala no necesita únicamente gastar más rápido. Necesita una institucionalidad capaz de convertir dinero público en infraestructura útil, terminada, mantenida y conectada. Ejecutar no es entregar. Pagar no es construir. Una red vial no se construye sumando montos pagados. De poco sirve ejecutar mucho si el resultado es una colección de obras dispersas, inconexas, de impacto limitado o sin orientación estratégica.

Durante años se han aprobado recursos, contratado proyectos, pagado estimaciones y ampliado los montos de los contratos. Sin embargo, el país sigue atrapado en una red saturada, vulnerable y mal mantenida. El problema no está solo en la velocidad del gasto. Está en la debilidad del proceso que transforma una necesidad pública en un proyecto bien estructurado, financiado, contratado y supervisado. No basta con que cualquier institución que tenga a su cargo esta función, sea nueva o existente, centralizada o descentralizada, autónoma o no, cuente con un bolsón presupuestario más grande. En un sistema históricamente expuesto a presiones locales, intereses sectoriales y riesgos de captura política, concentrar más recursos sin una arquitectura institucional, contractual, financiera y operativa suficientemente robusta no garantiza que el gasto en carreteras se transforme en más comida en el plato de los guatemaltecos.

La pregunta decisiva no debería ser cuánto dinero maneja una nueva dirección, autoridad o agencia, sino qué capacidades tendrá para seleccionar proyectos, estructurar contratos, integrar derechos de vía, coordinar con municipalidades, asegurar el mantenimiento y rendir cuentas por resultados. Sin esas capacidades, cualquier reforma corre el riesgo de repetir la vieja historia con nuevos nombres y nuevas promesas.

Guatemala necesita pasar, de una vez, de la obsesión por la ejecución financiera a la disciplina rigurosa de la entrega efectiva. Medir el éxito por porcentajes gastados, en lugar de por corredores viales terminados, cuellos de botella eliminados, tiempos de viaje reducidos y costos logísticos disminuidos, es seguir confundiendo el medio con el fin. La reforma institucional más promisoria no pasa por crear otra entidad con mayor presupuesto, sino por construir un sistema que concentre capacidades técnicas fuertes, procesos transparentes de priorización y selección de proyectos, contratos que incentiven resultados y mantenimiento, y una rendición de cuentas estricta basada en indicadores verificables de desempeño. Solo así el gasto en infraestructura dejará de ser una promesa repetida y se convertirá en verdadero motor de productividad y bienestar. Mientras eso no ocurra, cada nuevo fondo, cada nueva entidad y cada nueva promesa no harán más que confirmar la dolorosa vigencia de aquella frase atribuida a Portillo: las carreteras, efectivamente, no se comen.