Un arma decomisada debería terminar su recorrido por el mundo criminal siendo destruida después de haber sido peritada adecuadamente. Después de una captura, un allanamiento o una sentencia, el arma queda bajo custodia del Estado precisamente para impedir que vuelva a ser utilizada para realizar una extorsión, un asesinato o una agresión en el seno familiar o sentimental. Por eso resulta particularmente grave que el Organismo Judicial haya reconocido un faltante de armamento en su propia armería. Una auditoría encontró inconsistencias en el inventario y en la documentación, pero todavía no sabemos cuántas armas faltan, cuáles son ni desde cuándo desaparecieron. El OJ presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Prensa Comunitaria sostiene, a partir de documentación interna, que se trata de armas bajo resguardo de la institución; la versión oficial aún no ha precisado si eran decomisadas o armamento institucional.

Lo preocupante es que el sistema de control existe. El Organismo Judicial cuenta con el Centro de Control de Armas y Municiones -CECAM- así como con procedimientos para registrar el ingreso, traslado, devolución y concordancia de armas y municiones vinculadas a procesos judiciales. IEPADES participó incluso en la elaboración de ese manual. Si un arma desaparece, por tanto, el problema no es solamente de regulación. Es de inventario físico, cadena de custodia, supervisión y responsabilidades.

Hay además una etapa de la cadena de custodia de la que casi nunca hablamos: la destrucción. Un arma que ya no es necesaria para un proceso judicial no debería permanecer indefinidamente en una bodega, aumentando el tiempo durante el cual puede ser sustituida, robada o desviada. La propia Ley de Armas y Municiones dispone la destrucción inmediata de las armas declaradas inservibles. Sin embargo, el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Armada reconoce que 24,708 armas permanecían en depósitos de DIGECAM sin movimiento desde hacía veinte años y propone precisamente agilizar su destino final. No sabemos cuántas armas se destruyen cada año ni con qué periodicidad se realizan estas operaciones. Lo que sí sabemos es que acumular decenas de miles durante décadas convierte los depósitos en otro punto vulnerable de la ruta hacia el mercado negro.

Tampoco estamos ante un hecho excepcional. En 2025, del Comando Aéreo del Norte, en Petén, desaparecieron decenas de fusiles, tres lanzagranadas y más de 14 mil municiones. El MP llegó a reportar 74 fusiles como robados. Parte del arsenal apareció después escondido en drenajes de la misma instalación militar y cuatro militares fueron ligados a proceso. Las cámaras del almacén (qué casualidad) no estaban funcionando y el propio Ministerio de la Defensa habló de la posibilidad de un “robo hormiga”.

No ha sido ese el único caso. En las últimas dos décadas se han documentado cinco robos en instalaciones militares y al menos 654 fusiles sustraídos. Algunos reaparecieron posteriormente en operativos contra narcotraficantes. En 2013 desaparecieron, también del Comando Aéreo del Norte, 1.499 granadas. Las granadas y los lanzagranadas tienen una particularidad que hace todavía más grave el desvío: no son armas que un ciudadano común pueda comprar y registrar como una pistola. La legislación guatemalteca reserva este tipo de material bélico al Ejército y a las excepciones expresamente autorizadas.

Entonces conviene cambiar la manera en que imaginamos el tráfico ilícito. Solemos buscar al traficante que cruza una frontera con armas escondidas. Ese circuito existe: solo hasta junio de este año la PNC había detectado en Santo Tomás de Castilla 130 armas y unas 20 mil municiones enviadas desde Estados Unidos en cajas de encomiendas. Pero el mercado negro también puede abastecerse desde adentro.

Los números son realmente impresionantes. Hasta diciembre de 2021, DIGECAM registraba 674.920 armas legales y 57.839 aparecían como robadas, hurtadas o extraviadas: alrededor del 8,6 % del total acumulado. El análisis de IEPADES advertía que esas armas habían quedado potencialmente disponibles para ingresar al mercado ilegal. Y la evidencia que ese tránsito ocurre es que, de las 65.496 armas que habían llegado a los almacenes de DIGECAM desde procesos judiciales, 36.342 -el 55 %-estaban legalmente registradas. Eso quiere decir que armas legales en un inicio, a través del robo (o simulación de robo) han pasado al mercado negro, para después terminar involucradas en hechos delictivos.

Las empresas de seguridad privada merecen todavía más atención. Para 2023, DIGECAM registraba 86.158 armas a nombre de empresas de seguridad, de las cuales 23.114, el 26,8 %, figuraban como robadas, hurtadas o extraviadas. DIGESSP manejaba, además, cifras diferentes: 107.582 armas y 17.768 robadas o perdidas. Dos instituciones del Estado ni siquiera coincidían sobre cuántas armas tenía el sector que debían controlar.

El robo es uno de los puentes más eficaces entre el mercado legal y el ilegal. Una pistola tiene propietario, número de serie y registro. Después del robo queda una denuncia y un arma cuyo paradero se desconoce. Puede reaparecer años más tarde en manos de una pandilla o en una escena criminal. Es cierto que una denuncia de robo o extravío puede registrar una pérdida real, pero también puede utilizarse para encubrir un desvío deliberado. Precisamente por eso el MP debería investigar patrones: propietarios o empresas que reportan repetidamente armas perdidas, circunstancias de las denuncias y lugar donde esas armas reaparecen.

Guatemala decomisó 2.671 armas durante el período reportado de 2026, 39 % más que un año antes. Esto es sin duda, un esfuerzo importante. Pero decomisar es solamente la mitad del trabajo. Después hay que registrar, almacenar, auditar y finalmente destruir o disponer legalmente de cada arma. Porque de poco sirve quitarle un arma al crimen si después desaparece dentro del Estado. Antes de preguntarnos únicamente por dónde entran las armas al mercado negro, habrá que empezar a mirar con mucha más atención por dónde salen del mercado legal.