Hay un dato que me preocupa: el escaso número de fianzas que dan las aseguradoras a las empresas que van a ejecutar proyectos de inversión pública para garantizar su ejecución. Pero resulta que si hace un año habían muchas, este año son bajísimas, de dos a tres. La Superintendencia de Bancos lo tiene claro: el nivel de ejecución de proyectos de inversión pública de parte del Estado es bajísimo. Por supuesto que lo anterior influye mucho en un bajo crecimiento económico pues la inversión pública es escasa y muestra que no se están realizando las inversiones planificadas por los ministerios de Comunicaciones, de Educación, de Salud,   Agricultura y Desarrollo, lo cual ofrece un panorama devastador para la población urgida de sus servicios.  Además, no estimula  la creación de empleos.

El efecto en el PIB será significativo, pues el gasto público estimula la economía. De continuar con un nivel tan bajo de obra pública, será claro el aumento del desempleo, pues los proyectos de infraestructura lo generan. También se deterioran aún más los servicios públicos, educación y salud, que profundizará las desigualdades sociales. El retraso en la inversión en infraestructura básica (carreteras, puentes, hospitales, ferrocarriles) crea serios obstáculos al desarrollo de Guatemala en el corto y mediano plazo. Pero también afecta la confianza de los inversionistas:  la baja ejecución presupuestaria se percibe como un signo de ineficiencia administrativa o falta de planificación del gobierno. Y puede desincentivar la inversión privada local y extranjera.

La subutilización de recursos financieros si el presupuesto no se ejecuta, los recursos destinados a financiar el gasto público (impuestos, préstamos, donaciones) quedan subutilizados. Esto puede llevar a una acumulación innecesaria de reservas o al pago de intereses sobre deuda no utilizada.

Además, queda la presión donde los proyectos y programas no ejecutados se trasladen a años posteriores con las implicaciones políticas y sociales que derivarían en desencadenar protestas sociales e inestabilidad si los sectores más vulnerables no reciben los beneficios prometidos.

Además, la baja ejecución puede afectar la credibilidad del país ante organismos internacionales o acreedores, dificultando futuras negociaciones. Para mitigar estos impactos, nuestro gobierno debe fortalecer su capacidad de planificación, gestión y ejecución eficiente de los recursos públicos y que el Ministerio de Finanzas  no incurra de nuevo en el error que cometió cuando hizo el presupuesto de este año, el más grande de todos los tiempos, sabiendo de las limitaciones para el gasto de seis mil millones de quetzales para las municipalidades y Cocodes, sabiendo que era imposible para SEGEPLAN darle curso a la ejecución presupuestaria sin el debido control porque el Minfin se apresuró. No vale una ley agilizar pasándose sobre el debido control. Minfin tiene que coordinarse con SEGEPLAN en el próximo ejercicio fiscal sin tratar de imponerse en una área de planificación que no le corresponde…