Durante el conflicto armado interno, la Doctrina de Seguridad Nacional convirtió al «enemigo interno» en la gran justificación para perseguir a quienes eran considerados una amenaza para el Estado. Los últimos tres períodos presidenciales, desde Otto Pérez sin olvidar a Morales y por supuesto Giammattei, nos han demostrado cómo la captura de las instituciones, y particularmente la del sistema de justicia, retomaron el concepto. El objetivo: eliminar a los ciudadanos y funcionarios incómodos y proteger a quienes son causantes de la captura institucional y garantizar el disfrute de sus ganancias y privilegios sin oposición.

Toda estructura de poder necesita identificar un enemigo. No necesariamente porque represente un peligro real, sino porque su persecución cumple una función política. Sirve para enviar un mensaje. Para recordar hasta dónde puede llegar el poder cuando alguien decide desafiarlo. El objetivo ya no es únicamente castigar a una persona. Es convertirla en un ejemplo para que los demás aprendan la lección. Por eso es importante analizar conjuntamente los casos de Stuardo Campo, Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Sus expedientes son distintos, pero cumplen una misma función dentro de la gobernanza criminal: demostrar que enfrentarse a determinadas redes de poder puede tener consecuencias personales devastadoras.

Stuardo Campo no era un fiscal cualquiera. Durante años integró la Fiscalía contra la Corrupción y dirigió investigaciones que afectaron algunos de los intereses políticos y económicos más sensibles del país: el Libramiento de Chimaltenango, casos de corrupción durante la pandemia, investigaciones relacionadas con el Ministerio de Comunicaciones, INSIVUMEH, el Instituto de la Víctima (pareja del diputado Alejos) y otras estructuras de alto nivel. Entre ellas figuraba el caso del Libramiento, la obra emblemática del gobierno de Jimmy Morales, que alcanzó al entonces ministro José Luis Benito y abrió la posibilidad de investigar responsabilidades políticas de mayor alcance. Campo nos puso frente a la desbocada e impúdica corrupción de los gobiernos de Morales y Giammattei, y el robo descarado que tuvieron como objetivo.

Paradójicamente, bajo la protección de Consuelo Porras y Curruchiche, José Luis Benito recuperó su libertad, mientras el fiscal que dirigió aquellas investigaciones continúa enfrentando tres procesos penales. Había sido absuelto en uno de ellos, pero la Sala Cuarta de Apelaciones anuló esa sentencia y ordenó repetir el juicio. Esta Sala está constituida por Fernando Rodas (funcionario durante el gobierno de Giammattei; Marcelo Sarti abogado de familiares del expresidente Morales; y Mónica Fortín hija de Ana María Villegas de Fortín, exdiputada vinculada al caso Comisiones Paralelas 2020). Quien no quiera ver el trasfondo de venganza contra quien se atrevió a investigar actos de corrupción vinculados al núcleo de la gobernanza mafiosa que persiste, está ciego o es cómplice de esta mafia.

Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron capturados por hechos relacionados con las movilizaciones ciudadanas de 2023 que contribuyeron a impedir el rompimiento del orden constitucional. La acusación no es sino un retorcimiento más del MP de Porras, quien pretende culparlos del delito de terrorismo. Más de un año después continúan sin llegar siquiera a la audiencia de etapa intermedia, la fase en la que un juez debe decidir si la acusación del Ministerio Público tiene fundamento suficiente para abrir un juicio. No porque el fondo del caso ya haya sido discutido, sino porque el proceso ha quedado atrapado entre cambios de jueces, suspensiones y dilaciones que prolongan indefinidamente la prisión preventiva. El tiempo y el retraso también pueden convertirse en una forma de castigo. Mientras tanto, Amnistía Internacional los ha declarado presos de conciencia.

Estos casos constituyen el perfil de quienes terminan convertidos en objetivos del sistema: un fiscal que investigó corrupción, autoridades indígenas que encabezaron una movilización pacífica, jueces independientes, periodistas, fiscales anticorrupción y decenas de personas hoy obligadas al exilio. Todos convertidos en el enemigo interno para el sistema corrupto. Todos condenados a una muerte civil. Antes al enemigo interno se le torturaba y mataba. Ahora se le tortura y se le anula en la capacidad de oponerse. Y además debe ser una acción visible para que otros no se atrevan. Antes el enemigo interno era definido por su ideología. Hoy basta con investigar la corrupción, aplicar la ley con independencia, informar, organizar comunidades o cuestionar decisiones del poder. El enemigo ya no amenaza la seguridad del Estado. Amenaza la seguridad del sistema de impunidad.

No estamos únicamente frente a procesos judiciales. Estamos frente a una forma de gobernar. Una gobernanza criminal necesita fabricar enemigos internos porque necesita administrar el miedo. No basta con castigar a quien investigó una estructura corrupta o encabezó una movilización ciudadana. Hay que conseguir que los demás observen las consecuencias y concluyan que es más prudente callar.

Ese es el verdadero sentido del escarmiento. No se castiga solamente por lo que una persona hizo. Se castiga para influir sobre lo que miles de personas dejarán de hacer. El mensaje alcanza al fiscal que mañana descubra una nueva red de corrupción, al juez que deba resolver un caso políticamente sensible, al periodista que reciba una filtración, al funcionario que se niegue a firmar una ilegalidad o a la autoridad indígena que convoque nuevamente a su comunidad. Todos entienden que cumplir con su deber puede convertirlos en el próximo enemigo interno.

Y esta situación adquiere un significado especial cuando Guatemala comienza a entrar en un nuevo ciclo preelectoral. Algunos de los actores que hoy empiezan a posicionarse para disputar el poder son los mismos que respaldaron, justificaron o guardaron silencio frente al intento de impedir la toma de posesión del gobierno democráticamente electo en 2023. Una ciudadanía organizada, capaz de defender el voto, fiscalizar el proceso electoral y movilizarse pacíficamente constituye un obstáculo para quienes pretenden recuperar el control absoluto del Estado. Por eso el escarmiento también mira hacia las próximas elecciones. Busca desmovilizar a quienes podrían volver a organizarse para defender la democracia.

Porque las elecciones no se condicionan únicamente alterando el conteo de los votos. También pueden condicionarse debilitando, durante años, a quienes tienen la capacidad de movilizar ciudadanos, fiscalizar al poder y defender la voluntad popular. Cuando el miedo sustituye a la participación, la democracia empieza a perderse mucho antes del día de la elección.