Llegaron de madrugada. A través del bajareque las luces de autopatrullas y vehículos militares. Un despliegue de 25 efectivos policiales armados y dos vehículos blindados del ejército. Los “delincuentes”, tres personas de la tercera edad y la hija de uno de ellos: Clemencio Barrera de 65 años de edad, Teresa Barrera 57 años, y Teófilo Castro de 70 años, fueron arrestados sin conocer los motivos. El expediente, por supuesto, está en reserva. ¿Les suena? La acusación la hacen los propietarios de la finca Hacienda de La Asunción -la familia Quintanal Campollo-. El supuesto “delito”: habían decidido reclamar el seguro social que durante 30 años les descontaron de su salario y que nunca fue entregado al IGSS. Ellos son tres de 300 ancianos que fueron trabajadores de esta finca por décadas y que al querer reclamar los servicios del IGSS se enteraron de que nunca habían sido depositados por los patronos. Cuando decidieron reclamarlo, la respuesta no fue una explicación. En el 2017 ya un trabajador que reclamó fue asesinado por la seguridad privada de los dueños. Este dos de marzo, la respuesta fue la policía.

Trescientos jornaleros que trabajaron toda su vida creyendo que estaban asegurados. Hoy son adultos mayores sin pensión ni atención médica. Al menos sesenta ya han muerto sin haber recibido nunca ese derecho.

Después del asesinato del 2017, el mismo IGSS confirmó que desde 1998 la finca adeudaba Q3.5 millones en cuotas que había descontado a los trabajadores, con la mora en esa fecha se acumularon Q6 millones 441 mil. La respuesta de los finqueros y de la justicia fue la cárcel. 

Pero lo ocurrido en Coatepeque no es una anomalía. Es el reflejo de la historia del país. Durante más de un siglo el sistema de fincas ha sido uno de los pilares del poder económico en Guatemala. En muchas regiones del país las fincas no han sido solo unidades productivas; han funcionado como estructuras de control territorial, laboral y político. En ese mundo, el trabajador rural ha vivido históricamente en una posición de enorme vulnerabilidad frente a patrones que concentran tierra, recursos y relaciones de poder. Un modelo extractivista, que, al contrario de desaparecer, se ha fortalecido y transformado.

Hoy se expresa en agroindustrias y monocultivos que siguen dependiendo de mano de obra barata y territorios donde las comunidades tienen muy poca capacidad de negociación frente al poder económico. Cuando surgen conflictos —por salarios, por tierra o por derechos laborales— el escenario inevitablemente termina en los tribunales.

Y ahí aparece otro problema estructural del país: el sistema de justicia existente, nada ciego y muy injusto.

En Guatemala el sistema judicial ha demostrado demasiadas veces que no funciona igual para todos. Las élites económicas cuentan con recursos, abogados y redes de poder que les permiten enfrentar los conflictos desde una posición de enorme ventaja. Los trabajadores rurales, en cambio, enfrentan procesos largos y costosos que muchas veces terminan criminalizados por sus reclamos.

Ese patrón se ha vuelto aún más evidente en los últimos años. Bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, el Ministerio Público ha sido señalado repetidamente por utilizar el sistema penal para perseguir a críticos del poder político y a actores que incomodaban al gobierno de Giammattei y Morales, mientras numerosos casos de corrupción vinculados a élites económicas o políticas permanecían sin avances sustanciales.

El resultado es un sistema penal que parece activarse con rapidez cuando se trata de opositores, periodistas, jueces independientes, dirigentes indígenas o líderes sociales, pero que muestra una lentitud notable cuando las denuncias involucran a actores poderosos. En ese contexto, no resulta sorprendente que conflictos laborales o territoriales terminen transformándose en procesos penales contra quienes reclaman derechos.

Cuando la justicia está capturada, reclamar derechos se convierte en delito.

El contraste con lo que ocurre en otros espacios del poder es difícil de ignorar. Los campesinos reclaman alrededor de seis millones de quetzales en cuotas del IGSS que se les descontaron durante años y que nunca se tradujeron en pensiones. Al mismo tiempo, actores políticos y económicos gastan cientos de miles o millones de dólares en lobby en Washington para influir en decisiones relacionadas con la elección de magistrados y el rumbo del sistema judicial.

Para pagar derechos laborales no hay dinero. Pero para influir en las cortes, sí.

Por eso la disputa actual por las cortes no es un simple debate jurídico. Es una lucha por el control del sistema que decide cómo se resuelven estos conflictos.

Las élites económicas lo saben muy bien. Por eso invierten recursos en lobby, operadores políticos y campañas de influencia para colocar magistrados confiables en las cortes. Porque controlar la justicia significa asegurar que, cuando los conflictos lleguen a tribunales, el sistema siga funcionando de manera predecible.

Las comunidades indígenas y campesinas que en 2023 salieron a defender la democracia entendían precisamente eso. No solo estaban defendiendo el resultado de una elección. Estaban defendiendo la posibilidad de que las instituciones del país respondieran al interés público y no a redes de corrupción.

Ese reclamo sigue vigente. Porque cuando los trabajadores terminan presos por exigir sus derechos, el problema ya no es un conflicto laboral. El problema es la justicia.

Y eso es exactamente lo que hoy está en juego en la elección de Cortes y de Fiscal General: si el sistema seguirá respondiendo al poder económico y a las mafias depredadoras o si, por fin, empezará a responder al país.