El árbitro del partido se quedó sin silbato. ¿Quién nos hará reír ahora con sus videos? ¿Quién nos defenderá del maligno? En Guatemala hay funcionarios que no se retiran: se remueven. Como una silla vieja del edificio del Ministerio Público, uno no sabe si finalmente salió a la calle o si solo la dejaron en el pasillo mientras deciden en qué oficina vuelve a estorbar. Esta vez, sin embargo, el oficio parece bastante claro: Rafael Curruchiche ya no dirige la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. Ni dirige mucho más, al parecer. El miércoles 20 de mayo, el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna ordenó su remoción inmediata.

Lo más bello del documento —y utilizo «bello» en el sentido institucionalmente absurdo que solemos utilizar en este país— es la explicación: Curruchiche ocupaba un cargo de confianza y, por tanto, era de libre nombramiento y remoción. Me fascina. Después de casi cinco años de conferencias, comunicados, investigaciones ruidosas y gestos solemnes frente a cámaras, resulta que todo terminó porque alguien descubrió que la confianza no era eterna. La justicia guatemalteca no necesitó una epopeya jurídica. Bastó con que Recursos Humanos dijera: «gracias por participar».

Quizá deberíamos agradecer la delicadeza. No lo sacaron con un allanamiento a las seis de la mañana, ni lo obligaron a esperar años por una audiencia, ni lo citaron para después no presentarse. Tampoco tendrá que averiguar si su expediente se extravió misteriosamente en alguna gaveta. A Curruchiche se le notificó con prontitud, se le ordenó entregar el cargo y hasta se dispuso el pago de sus prestaciones laborales. Qué bonito es el debido proceso cuando le toca al que durante años fue señalado por convertirlo en un lujo para otros.

La salida ocurrió apenas tres días después de que García Luna anunciara la liquidación de la FECI. Según el nuevo fiscal general, la fiscalía había perdido credibilidad ciudadana y sus expedientes serían revisados. La frase es prudente, incluso elegante. Yo habría sido menos diplomático: la FECI terminó pareciéndose demasiado a esas marcas que conservan el nombre original pero cambian por completo el producto. Nació para perseguir estructuras de impunidad y acabó siendo señalada, dentro y fuera del país, por perseguir a quienes alguna vez las investigaron.

Curruchiche llegó a la jefatura de la FECI en un lejano agosto de 2021, luego de que Porras removiera a Juan Francisco Sandoval. Antes había dirigido la Fiscalía contra Delitos Electorales y, dato que parece escrito por un guionista con demasiado tiempo libre, también fue árbitro de fútbol nacional. Esto último explica algunas cosas. Tal vez pasó años confundiendo una fiscalía con una cancha: pitando faltas selectivas, dejando correr algunas jugadas, mostrando tarjetas a quienes no pertenecían al equipo correcto y esperando que nadie cuestionara al silbante.

Solo que el partido no era un partido. Eran carreras, libertades y reputaciones.

Bajo su dirección, la FECI se convirtió en el rostro visible de procesos contra periodistas, exfiscales, operadores de justicia y el partido Movimiento Semilla. José Rubén Zamora pasó más de mil días privado de libertad mientras el caso en su contra se volvía un símbolo internacional del deterioro de la libertad de prensa. Juan Francisco Sandoval permanece en el exilio. Claudia González continúa cargando con las consecuencias de una persecución penal cuyo juicio, como ya escribí hace pocos días, fue postergado hasta 2027 porque el Ministerio Público no se presentó. La Fiscalía faltó; el desgaste, no.

Mientras tanto, varios expedientes vinculados con corrupción tuvieron desenlaces bastante más cómodos para personajes conocidos. Medios nacionales han documentado el cierre o debilitamiento de casos relacionados con Odebrecht y con figuras como Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón durante la gestión de Curruchiche. Naturalmente, uno podría pensar que todo se debió a coincidencias jurídicas, a los astros o a una racha extraordinaria de mala suerte procesal. Guatemala es un país donde las casualidades tienen bufete de abogados, horario de oficina y estacionamiento reservado.

También están las sanciones internacionales. Estados Unidos lo incluyó en la Lista Engel en 2022 por señalamientos de obstrucción a investigaciones de corrupción. La Unión Europea le impuso restricciones en 2024 por acciones que, según el Consejo europeo, socavaron la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder. El Reino Unido lo sancionó en 2025 bajo su régimen global anticorrupción. Curruchiche respondió entonces que no conocía Europa y que no tenía activos allí. ¿Quién quiere conocer Europa en pleno siglo XXI?

Pero, no hagamos fiesta aún. Remover a Curruchiche no equivale, por sí mismo, a hacer justicia. Su salida es administrativa. No es una sentencia. No resuelve automáticamente los expedientes cuestionados, no devuelve los años perdidos a quienes fueron perseguidos, no repara carreras destruidas ni garantiza que el Ministerio Público haya dejado de utilizarse como instrumento político. Sacar al actor principal del escenario no desmonta la obra si el libreto permanece intacto en las oficinas.

Y esa es la tarea que ahora enfrenta García Luna. No basta con cambiar al jefe, cerrar la FECI y colocar una placa nueva en la entrada. Tampoco alcanza con pronunciar palabras bonitas sobre dignidad institucional, imparcialidad y confianza ciudadana. El nuevo eMePé deberá revisar casos, establecer responsabilidades cuando existan pruebas, abandonar la persecución selectiva y demostrar que la institución puede investigar sin convertirse en maquinaria de intimidación.

Guatemala ha aprendido a celebrar lo mínimo. Celebramos que una audiencia ocurra. Celebramos que un funcionario entregue el cargo. Celebramos que una institución haga, de vez en cuando, aquello para lo que fue creada. Nos han reducido tanto las expectativas que la normalidad comienza a parecernos una revolución.

Rafael se fue. El fiscal que se presentaba como defensor de la legalidad terminó removido por haber ocupado un cargo de confianza en una fiscalía que, según su propio sucesor institucional, perdió la confianza ciudadana. La ironía es tan precisa que casi no necesita columna.

Casi.

Ahora falta lo importante: revisar qué hizo la FECI mientras él tuvo el silbato, quiénes fueron beneficiados, quiénes fueron perseguidos y cuántos años de justicia perdió Guatemala mientras algunos confundían el Ministerio Público con una cancha privada.

Porque sacar al árbitro del campo puede ser un comienzo.

Pero todavía falta revisar todos los partidos que pitó.

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