Cuando se crearon los Consejos de Desarrollo, la idea era casi subversiva para un país acostumbrado a que las decisiones importantes se tomaran desde la capital: que fueran las propias comunidades las que dijeran qué necesitaban y que esas prioridades pudieran recorrer el camino hasta convertirse en políticas públicas y presupuesto. Conozco bien aquella intención porque mi padre, René de León Schlotter, fue ministro de Desarrollo Urbano y Rural y uno de los impulsores de ese modelo. Defendía que el desarrollo necesitaba mecanismos reales de participación. Por eso cuesta reconocer en los CODEDE actuales aquella apuesta original. Sin embargo, no creo que la solución sea eliminarlos; más bien urge rescatarlos, vaciarlos de las redes de corrupción y devolverles el sentido original.

El proyecto de presupuesto para 2027 contempla más de Q6 mil millones para proyectos ejecutados a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo, pero esa cifra no refleja todo lo que puede estar disponible. Los saldos no ejecutados se acumulan y ahora pueden trasladarse al ejercicio siguiente. Algunas estimaciones advierten que los CODEDE podrían llegar al año electoral con una bolsa muchísimo mayor. Con semejantes cantidades, la pregunta ya no puede limitarse a cuánto se ejecutó: hay que preguntarse quién decide qué se hace con ese dinero.

En su origen, la idea del Sistema de Consejos era proporcionar la posibilidad de trasladar las necesidades de las comunidades al diseño del presupuesto estatal. Una comunidad identifica una necesidad, la plantea en el COCODE, la propuesta pasa al COMUDE y eventualmente llega al CODEDE. En la práctica, entre la necesidad y el presupuesto se levanta una muralla de perfiles, estudios, avales y requisitos técnicos. La mayoría de las comunidades no dispone de los especialistas necesarios para atravesarla; pero las municipalidades sí. La comunidad conserva la voz, pero es el alcalde quien termina teniendo el poder de decisión sobre si aquella necesidad se convierte —o no— en un expediente capaz de recibir presupuesto.

Y el alcalde no se mueve solo. A su alrededor están diputados distritales, gobernadores, operadores políticos y dirigentes locales, unidos por relaciones construidas durante años. En un sistema electoral como el guatemalteco, donde un diputado necesita conservar una base territorial suficiente para mantener su curul, contar con alcaldes aliados y capacidad de gestionar recursos es políticamente invaluable. Una carretera, un drenaje, una escuela o un sistema de agua pueden responder a una necesidad legítima, pero también se convierten en la prueba visible de quién “consiguió” la obra y a quién se supone que la comunidad debe agradecerla. Sin contar con los recursos derivados a contratistas que terminan estando vinculados a quiénes toman la decisión.

Así se reproducen las redes clientelares. La obra pública deja de ser únicamente inversión estatal y se convierte también en intermediación política. Alguien solicita el proyecto, alguien lo impulsa, alguien logra que sea priorizado y alguien aparece inaugurándolo. No significa que cada proyecto compre votos, pero sí que el acceso privilegiado a recursos públicos ayuda a construir lealtades y estructuras territoriales que sobreviven incluso cuando los partidos cambian de nombre.

En algún momento de ese recorrido aparece inevitablemente el contratista. Harald Waxenecker y Christina Prell analizaron 33 mil 579 contratos de construcción adjudicados por gobiernos locales guatemaltecos entre 2012 y 2020. El mercado de contratación estudiado alcanzó alrededor de Q29.5 mil millones —casi US$4 mil millones—, y los autores encontraron patrones de concentración del gasto, influencia política y riesgos de componenda. La cifra da una idea de lo que está en juego y obliga a mirar más allá de cuánto recibe un departamento: también hay que preguntar quién obtiene los contratos, cuántas veces aparecen los mismos proveedores y qué relaciones existen entre quienes deciden la obra y quienes se benefician de ella.

Entre la comunidad que plantea una necesidad y los millones que finalmente se adjudican aparecen entonces alcaldes, gobernadores, diputados, contratistas y una burocracia difícil de atravesar, mientras la fiscalización continúa siendo insuficiente para la magnitud de los recursos. Allí debería intervenir con mucha mayor fuerza la Contraloría General de Cuentas, y hacerlo mientras las obras se adjudican y ejecutan, no solamente cuando quedaron abandonadas, el dinero ya fue pagado o el problema terminó convertido en hallazgo administrativo. La información disponible debería permitir detectar proveedores que concentran contratos, adjudicaciones reiteradas y otros patrones que ameritan revisión.

Pero volviendo al presupuesto del próximo año, preocupa la impresión que, mediante el mismo, el Gobierno está intentando construir gobernabilidad en un Congreso fragmentado. Todo Ejecutivo necesita negociar; pretender lo contrario sería ingenuo. El problema aparece cuando esa negociación descansa en ampliar o preservar mecanismos de distribución territorial de recursos sin modificar las estructuras mediante las cuales esos recursos son controlados. Para conseguir hoy los votos necesarios en el Congreso, el Gobierno termina fortaleciendo a los mismos actores territoriales que necesitan esos recursos para conservar mañana su poder electoral y mantener de esta forma la llegada al congreso de diputados distritales vinculados a la corrupción y a la intención de mantener el expolio de los recursos del Estado (que son los nuestros) para seguirse enriqueciendo.

Esa es la paradoja. El Ejecutivo puede obtener los votos que necesita para aprobar un presupuesto o sacar adelante una negociación y, al mismo tiempo, contribuir a consolidar la maquinaria territorial que hará mucho más difícil que en 2027 tengamos un Congreso diferente. Más recursos, sin más control y sin recuperar la participación real de las comunidades, pueden terminar financiando la reproducción de las redes que mantienen capturado el poder territorial.

Frente a esto, la respuesta no es acabar con los Consejos de Desarrollo, sino devolverles su sentido: fortalecer la participación social, renovar realmente sus representaciones, limitar interferencias políticas, transparentar el recorrido desde la propuesta comunitaria hasta el contratista, fiscalizar mientras los proyectos se ejecutan y dimensionar los recursos conforme a la capacidad real de administrarlos.

Mi padre defendía hace 40 años que el desarrollo debía construirse con la población y no simplemente decidir por ella. Quizás convenga recordarlo ahora, porque el problema nunca fue que las comunidades participaran demasiado, sino que otros aprendieron a decidir en su nombre. Y si en nombre de la gobernabilidad seguimos alimentando esas redes, estaremos financiando no solamente las obras de hoy, sino también buena parte del poder político que decidirá quién ocupará mañana el Congreso.