Cada cierto tiempo, se vuelve a poner de moda la tendencia de querer reformar la actual Constitución Política de la República, pensando que esto resolverá todos nuestros males. Lo primero que se debe entender, es que las cartas magnas se hacen o modifican, por iniciativa y/o acuerdos elitarios; los ciudadanos de a pie no tocamos allí ningún pito, aunque para la foto, nos requieran en las calles, para darle un aire de iniciativa popular. 

En la época moderna, la primera intención aconteció con el gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-1993) al que el capital corporativo (CMI, liderado por Juan Luis Bosch) lo encumbró, y luego lo hizo caer. Al margen que despreciemos al aprendiz de dictador, en su libro «La guayaba tiene dueño: el secuestro del Estado de Guatemala» el exgobernante describe la captura de la maquinaria estatal por medio de las élites empresariales.  Una vez logrado el leitmotiv del capital corporativo, o sea, modificar la Constitución para sus intereses económicos y políticos, se consigue impedir que el Estado pudiera ser financiado por el Banco de Guatemala, como era y, en su lugar, fueran los bancos privados quienes lo hicieran, con una “módica” tasa de interés, por supuesto.

En estos días de campaña anticipada, algunos precandidatos empiezan a levantar la bandera de la reforma constitucional para abonar a sus opiáceos sueños de llegar al Guacamolón, sin faltar siempre, los incautos que gritan “amén”. En otros artículos he escrito sobre la inutilidad de querer resolver todo con nuevas normativas o remiendos a las mismas. 

En países con otras condiciones y circunstancias, modificar la Constitución llega a ser una útil herramienta, pero no es una «solución mágica» que nos hará salir de los problemas estructurales.

Para el caso de Guatemala, se deben precisar algunos elementos clave:

1. La correlación de fuerzas está total y absolutamente del lado de las élites y sus operadores mafiosos. No se necesita mayor ejercicio intelectivo para entender como resultaría el despropósito de reformar la Constitución, con un Congreso como el que se tiene y que, seguramente, prepararía las condiciones para una Asamblea Constituyente con el mismo talante ético de ellos. O sea, un resultado nefasto.

2. La actual Constitución no es mala. En su momento, fue la primera del continente americano en consignar dentro de la misma, la figura del Ombudsman. En su parte sustantiva, contiene 29 de los 30 derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantismo que estaría en peligro a la hora que la Carta Magna sea trastocada, con esas manos sucias. Las mafias se relamen los bigotes, porque al fin se les concretice el sueño de manosear el acuerdo político que es la Constitución.

3. Los principales problemas del país son sistémicos, estructurales e históricos. Si el modelo económico depredador no cambia, cualquier reforma a la superestructura jurídico-ideológica solo modernizará el sistema de reproducción extractiva y los mecanismos de dominación, que seguirán inalterables.

4. ¿Quiénes proponen diputados constituyentes?  Las mismas plataformas electoreras disfrazadas de partidos políticos.

¿Quiénes tienen la capacidad política, económica y mediática para llevar a los peores representantes? Quienes financian a esas plataformas.

¿Qué objetivos tendría una reforma constitucional? El bien común está descartado y la historia nos ha dado lecciones contundentes para demostrar qué es lo que pasaría.

¿Qué intereses defenderían los patrocinados? Quien pone el dinero, escoge la música…

5. Si la Asamblea Constituyente se llena de neoliberales y/o neofascistas (nada descabellado) el sueño de los ultraconservadores guatemaltecos se cumpliría. El Estado solo se involucraría en Seguridad y Justicia, bajo un diseño perfeccionado para mantener privilegios, condenar la libertad de expresión, fortalecer las desigualdades y empobrecer las oportunidades, así como reducir           –drásticamente– las garantías sociales y los derechos humanos.

6. Cualquier instrumento jurídico-político carente de voluntad política y orientado a las clases privilegiadas, conducirá irremediablemente a otra “Patria del Criollo”. El corazón de la norma constitucional debería orientarse al bien común, más allá del papel.  No se debe olvidar que el único y más profundo esfuerzo por una agenda de país, estuvo contenido en los Acuerdos de Paz, que continúan vigentes, pero como letra muerta, al no cumplirse con el Decreto Legislativo 52-2005.

7. Finalmente, muchos ven en la Constitución, una fórmula mágica para regular todo, olvidando el carácter esencialmente político de la misma (acuerdo de élites). Así mismo, la manipulación cultural, mediática e ideológica que se hizo de la ratificación de los Acuerdos de Paz en 1999, nos recuerda el conservadurismo a ultranza de los dueños del país, que impide cualquier cambio, aún dentro del escenario de un capitalismo moderno.

La praxis efectiva y no las normativas técnicamente elegantes, es lo que saca a un país del atraso. El capitalismo ha mutado a un tecnofeudalismo, es decir: un estadio conservador en la que las grandes corporaciones tecnológicas han sustituido a los mercados libres. En Guatemala, por ejemplo, es risible que la Constitución prohíba los monopolios, pero todos sabemos que estos perviven, sea en su forma pura o como oligopolios.  Desde el siglo XIX, permanece esta distorsión del mercado: Alcohol, cerveza, azúcar, cemento y más recientemente el pollo y demás.

Otro elemento a tomar en cuenta, es que la iniciativa permanente de reformar la Constitución, deviene como distractor para postergar reformas más urgentes y factibles que pueden hacerse mediante leyes ordinarias: Servicio Civil, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Transparencia y Competencia REAL, modernización y profesionalización del sector justicia y de la Educación, entre muchos otros.

Modificar la Constitución no sustituye el cambio cultural e institucional profundo que necesitamos y que pasa por deconstruir las viejas estructuras del modelo económico. La experiencia de otros países demuestra que, las constituciones similares a la nuestra, logran mejores resultados cuando priorizan el Estado democrático de derecho, las libertades básicas, el combate frontal a la corrupción y la implementación de políticas sustantivas y sostenibles en el largo plazo.

Ojalá estas líneas sirvieran para llamarnos a la reflexión cuando escuchemos, una vez más, las aviesas intenciones que se esconden detrás de querer reformar la Carta Magna.

En estos días de campaña anticipada, algunos precandidatos empiezan a levantar la bandera de la reforma constitucional para abonar a sus opiáceos sueños de llegar al Guacamolón, no faltando los incautos que gritan “amén”. En otros artículos he escrito sobre la inutilidad de querer resolver todo con nuevas normativas o remiendos a las mismas.  En países con otras condiciones y circunstancias, modificar la Constitución llega a ser una útil herramienta, pero no es una «solución mágica» que nos hará salir de los problemas estructurales.