Cada vez que uno analiza los esfuerzos de articulación de la disidencia en Guatemala, viene a la memoria, no sin cierta frustración, una misiva que León Trotsky dirigió en mayo de 1938, desde su exilio en Coyoacán, a «ciertos profesionales de ultraizquierda». En ella, Trotsky plantea dilemas hipotéticos a los cuales los movimientos obreros serían confrontados en el contexto de la época. Por ejemplo, interpela Trotsky, ¿qué actitud debería tomar el movimiento obrero italiano si el régimen fascista en Italia decide enviar armas para apoyar a revolucionarios independentistas argelinos, con el propósito de afectar los intereses de su enemigo Francia? Que algún ultraizquierdista se atreva a oponerse a eso, reta Trotsky.

Recuperando los objetivos programáticos y afecto fraternal de la carta de Trotsky, me gustaría abordar algunas de las ideas desarrolladas por el doctor Marco Fonseca en su columna del 24 de abril de 2026 en ePinvestiga, intitulada “Entre la calificación y el colapso: límites ideológicos y estructurales del modelo de acumulación guatemalteco”. Fonseca aquí critica algunas de las implicaciones de la supuesta «convergencia» entre el discurso de grupos de interés de Guatemala y las metodologías de las agencias internacionales de calificación de riesgo soberano, metodologías cuyo entendimiento, vale la pena adelantar, me parece conceptualmente impreciso. A partir de allí, atribuye a las calificadoras un régimen normativo y geopolítico, y plantea que los (en mi opinión, correctamente articulados) problemas económicos, políticos y sociales particulares de Guatemala son representativos de esta dinámica.

En primer lugar, y para apelar al desarrollo de una buena costumbre, conviene sacar el ruido conceptual fuera de la sala. Lo básico: ¿cuál es la función que cumplen las agencias de calificación en la arquitectura financiera global? Analizar las variables que tienen (o podrían tener) un impacto directo sobre la capacidad y voluntad de los países de honrar sus compromisos financieros, y emitir opiniones al respecto. Sin pecar de naïf y obviar las implicaciones geopolíticas del ejercicio de este rol, es importante delimitar el marco conceptual porque es precisamente allí donde Fonseca cae él mismo presa del campo discursivo delimitado por los grupos de interés que critica: asumir que para un buen riesgo soberano basta con «tener una macroeconomía estable», esa idea trillada que se escucha repetir con demasiada frecuencia a voceros de grupos de interés frente a escépticos analistas de las calificadoras, paradigma que Fonseca adopta implícitamente al buscar apartar de las metodologías consideraciones sobre la pobreza, la desigualdad y los riesgos climáticos.

Por eso vale la pena volver al fundamento conceptual del análisis soberano: la capacidad y voluntad de los países de honrar sus compromisos financieros. Las calificadoras explícitamente resaltan consideraciones (y hacen ajustes cualitativos al respecto) sobre desigualdad, pobreza y riesgos climáticos, y esto no es un capricho mercadológico: apela, una vez más, al fundamento conceptual sobre la voluntad y capacidad de pago. Países más pobres, más desiguales y más expuestos a riesgos ecológicos y climáticos tienen menor capacidad y voluntad de pago, debido a las inestabilidades políticas y económicas que estas limitaciones estructurales producen. Las calificadoras han mencionado en reiteradas ocasiones estos desafíos como factores limitantes en sus mediciones sobre Guatemala. La desigualdad, la pobreza y las catástrofes sí importan, especialmente a los acreedores financieros de un país.

Trotsky también en esa carta emplea unas palabras que me parecen, sin exagerar, hermosamente oportunas: «fórmulas herméticamente selladas». Hermetismo, justamente, es la palabra que mejor describe la actitud -sin perjuicio de hacerlo con legitimidad, claro- de criticar la ilegitimidad de las restricciones reales y materiales de las reglas del orden financiero internacional en el cual Guatemala está inscrita y que no puede alterar unilateralmente. La falta de legitimidad o no de estas limitaciones no las hace menos reales o menos materiales. Ignorarlas, con hermetismo, es lo que históricamente ha alimentado movimientos reaccionarios y autoritarios, especialmente sabiendo lo fácilmente politizables y atribuibles que resultan las crisis producidas por desbalances macroeconómicos. Por otro lado, sería tristemente cínico negar el enorme progreso humano que ha sido posible bailando con estas camisas de fuerza en países incrustados en la arquitectura financiera internacional como China, Brasil o Vietnam. Un proyecto de transformación que no llega siquiera a identificar estas limitaciones es, como escribieron desde Coyoacán, una «abstracción vacía».

Por otra parte, el hermetismo tampoco permite realizar una disección acertada de los componentes del neoliberaloidismo guatemalteco. Si no fuera por la extraordinaria solidaridad de los obreros guatemaltecos en el exterior, el país estaría prácticamente aislado de los flujos internacionales de capital, tanto relativo a su producto interno bruto como en comparación con otros países de la región. Su régimen cambiario y el diseño institucional del Banco Central siguen basados en lógicas de siglos pasados, hecho irónicamente resaltado por Sebastian Edwards[1] (uno de los nombres más representativos del neoliberalismo latinoamericano) en un reporte reciente para el propio Banco de Guatemala. No existe una tecnocracia autónoma de los grupos de interés, ni canales institucionales claros para hacer carrera técnica dentro del Estado. Entonces, si, por ejemplo, Guatemala no tiene participación en los flujos de capitales internacionales, no tiene régimen cambiario moderno, no tiene un banco central independiente y tampoco tiene tecnócratas apolíticos, ¿qué es lo que la hace exactamente neoliberal según el marco que las calificadoras supuestamente le imponen? Tanto el rentismo y el extractivismo, como la ausencia de Estado que los habilita, preceden al giro neoliberal. Son, de hecho, las circunstancias fundacionales del país.

El hermetismo más costoso es el que impide a quienes buscan transformar el país convertirse en persuasores permanentes. La fuerza asignada a la descripción y diagnóstico de la hegemonía tiene que tener un empuje equivalente en la construcción de contrahegemonía, y eso exige, ante todo, buscar ser escuchado. Para ser escuchado hace falta construir algo igualmente inhóspito para los representantes de grupos de interés en Guatemala: credibilidad. Es en el campo de la credibilidad donde se cavan las trincheras contrahegemónicas. No se trata de someterse a lógicas impuestas por reaccionarios, se trata de articular un lenguaje técnico propio y construir frentes unificados desde los cuales eventualmente desplazar el sistema cultural que sostiene a uno de los países más desiguales y pobres del continente. Sin persuasión permanente no hay construcción de hegemonías alternativas. Nos quedamos en lo performativo.

No obstante, es de reconocer el consistente y sólido trabajo que el doctor Fonseca ha realizado en la construcción de utopía. La articulación del horizonte, esa imaginación rigurosa de un orden económico más justo, más sostenible, y más reparador de las heridas que el modelo rentista ha dejado sobre el cuerpo del país, es trabajo necesario, urgente y profundamente legítimo. Se debe pensar la clase de país, de mundo que queremos, y se debe hacer con cierta disciplina y rigor. Sin embargo, el horizonte y el terreno son tareas distintas y la praxis política debe concretarlo. Horizonte sin terreno produce cuadros para galerías, y terreno sin horizonte produce frías burocracias kafkianas.

En esa carta cierra Trotsky diciendo que “los ultraizquierdistas que no quieren pensar como marxistas, es decir, concretamente, serán tomados por sorpresa por la guerra. Y los primeros tiros de artillería los empujarán a la inexistencia política, o bien al campo del social-patriotismo.”

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[1] Edwards, Sebastián. «Evaluación del diseño e implementación de la política monetaria y cambiaria del Banco de Guatemala: 2012-2022», informe preparado a petición del Banco de Guatemala, 30 de junio de 2022, pp. 8-11. Edwards señala que la gobernanza del Banguat «es antigua » y recomienda una reforma que le otorgue mayor independencia conforme a «las mejores prácticas internacionales» en banca central moderna.