Pedro de Alvarado (1485-1541)

A principios de febrero de 1524, Pedro de Alvarado llega al territorio que hoy es la República de Guatemala. Traía consigo un sangriento historial de matanzas en México y una obsesión por el oro. Hace dos años, el Ministerio de Cultura se negó a conmemorar esa invasión, en un acto más de anomia e inacción. Fue una decepción para quienes creímos que la cultura sería una prioridad del actual gobierno, como lo fue durante el régimen de Juan José Arévalo Bermejo.

En lugar de una reflexión histórica rigurosa, la ministra celebró los 500 años de la fundación de Antigua, incurriendo en un error elemental: Santiago de los Caballeros fue fundada en 1541. Estos desaciertos no son aislados. El Ministerio se limita a un activismo cultural superficial, muy lejos de impulsar el desarrollo cultural que Guatemala necesita.

La conquista —o invasión— española fue un proceso profundamente violento. La población indígena fue diezmada por la desproporción militar y por epidemias desconocidas. Pero no se trató solo de dominación armada: fue también un proyecto de destrucción cultural. La Evangelización desempeñó un papel central. Las órdenes religiosas reconcentraron a poblaciones desplazadas en encomiendas, produciendo la primera gran ola de desplazamiento interno del país.

El historiador Mauricio José Chaulón recuerda que, desde 1609, la Capitanía General de Guatemala fue llamada “Reino”, una denominación simbólica que ocultaba su condición subordinada como extensión del Reino español. Las élites criollas explotaron ese término para simular opulencia política, cuando en realidad se trataba de una estructura colonial profundamente desigual.

La República de Guatemala nació de un pacto excluyente entre élites —el llamado Plan Pacífico— que dejó fuera a las mayorías indígenas y expresó desde el inicio una vocación entreguista. Conservadores y liberales, pese a sus diferencias, nunca impulsaron una democracia real. El Estado se construyó para servir a las élites, no para consolidar una nación incluyente.

Ese ciclo se interrumpió brevemente en 1944 con la Revolución de Octubre. El proyecto democrático fue destruido en 1954 por la intervención de Estados Unidos, en alianza con las élites más conservadoras y la jerarquía católica. Con el derrocamiento de Jacobo Árbenz se liquidó la naciente democracia y se instauró un régimen autoritario sostenido por la represión militar.

Tras 36 años de conflicto armado, en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz, que prometían una Guatemala democrática, incluyente y plural. Los gobiernos posteriores se encargaron de incumplirlos, vaciarlos de contenido y, finalmente, borrarlos de la agenda nacional.

Veinte años después, cuando la lucha contra la corrupción estructural empezó a dar resultados con la CICIG —la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala—, esta fue expulsada del país. En su lugar se consolidó un aparato judicial cooptado, dedicado a garantizar la impunidad y a perseguir a operadores honestos de justicia: fiscales, jueces y exfuncionarios hoy encarcelados o forzados al exilio. La esencia de toda dictadura es la concentración del poder y la eliminación de los contrapesos. Eso es lo que hoy encarna el llamado Pacto de Corruptos.

La persecución alcanzó también al periodismo independiente que denunció la corrupción, como en el caso de José Rubén Zamora. Tanto a nivel nacional como internacional esta violación grave contra la integridad y los derechos humanos de José Rubén Zamora ha sido repudiada y constituye una verdadera vergüenza.

A ello se suma el preocupante alejamiento del gobierno de Bernardo Arévalo de los pueblos originarios. Resulta especialmente grave que líderes indígenas estén hoy presos y acusados de terrorismo, cuando fueron precisamente las organizaciones indígenas las que apoyaron decisivamente su llegada a la presidencia.

Se lamenta que el fracaso del Ministerio de Cultura contribuya a la degradación del país. La conciencia histórica, el conocimiento del pasado y el goce de la cultura son pilares del desarrollo integral de cualquier sociedad. Sin ellos no hay ciudadanía crítica ni democracia posible. La ministra parece incapaz de procesar esta evidencia elemental. La cultura sigue desfinanciada y relegada, mientras la judicialización de la justicia avanza sin freno.

El Ministerio Público ha ido aún más lejos. Su acción ilegal contra el Museo de Arte Colonial de Antigua, basada en una denuncia absurda y opaca sobre supuesto mal mantenimiento de obras, constituye un atentado contra el patrimonio nacional. El MP no es autoridad técnica en conservación. ¿Cómo explica la ministra de Cultura que, ante una acción arbitraria del Ministerio Público contra el Museo de Arte Colonial de Antigua —basada en una denuncia técnica que no le competía—, su cartera se haya limitado a interponer un amparo y no haya presentado una denuncia formal por el atentado cometido contra el patrimonio cultural de la nación y delitos conexos a la acción espuria del MP?

El mismo patrón en el caso USAC Botín Político, fabricado por el Ministerio Público para perseguir, acusar y encarcelar a dirigentes y estudiantes universitarios, entre otros cargos, por supuestos daños al patrimonio cultural. La cultura se usa como pretexto represivo, no como bien público a proteger.

Guatemala es un país en riesgo permanente. La pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades empujan a la migración forzada. Las remesas sostienen la economía, pero a un costo humano devastador. Mientras tanto, el turismo vende una “Guatemala maya” folclorizada, de la que el campesinado indígena apenas se beneficia.

El poeta k’iche’ Humberto Ak’abal lo dijo con claridad:

Cuando nací
me pusieron dos lágrimas en los ojos
para que pudiera ver
el tamaño del dolor de mi gente.

La cultura no se administra con gestos simbólicos ni con activismo de superficie. Requiere política pública, planificación, presupuesto, defensa del patrimonio y articulación con los sectores culturales y los pueblos originarios. Cuando el Ministerio se reduce a una agenda de eventos, comunicados y silencios cómplices, no estamos ante una política cultural fallida, sino ante una incapacidad estructural de administración y gestión cultural.

El asalto al Museo de Arte Colonial frente a la acción ilegal del Ministerio Público, la instrumentalización del discurso patrimonial para perseguir a estudiantes y dirigentes universitarios, la desfinanciación persistente de la cultura y el distanciamiento del gobierno de Bernardo Arévalo de los pueblos originarios constituyen hechos alarmantes.

¿Qué le ocurre a la ministra de Cultura cuando confunde activismo con gestión, silencio con prudencia y omisión con política pública, mientras la cultura se degrada y la justicia es utilizada como instrumento de persecución?